Colombia: la lucha militar por el control territorial
Por Pedro Santana Rodríguez*
Cauca marca un nuevo intento del Estado colombiano por recuperar y establecer dominio en territorios históricamente ocupados por grupos armados. La operación destaca los retos de consolidar una presencia estatal que no se limite al control militar, sino que también responda a las necesidades económicas, sociales y de infraestructura de la población.
El gobierno enfrenta el reto de construir una paz duradera en el suroccidente colombiano con presencia integral del Estado y alternativas productivas.
La llegada de 1400 unidades de las Fuerzas Militares y de Policía a la zona del Plateado, en el cañón del Micay, en el municipio de Argelia, en donde desde hace ya varios lustros, mantiene una presencia y dominio territorial la guerrilla y ahora la Disidencia de las FARC al mando de Iván Mordisco, puso de presente el tema del control territorial. De manera clara y eso se vivió en las elecciones regionales en octubre del año 2023 el Estado tuvo que reconocer que no ejerce dominio en esta región del país. En el marco de las conversaciones de Paz se llego a un Acuerdo con el frente Carlos Patiño de las Disidencias para que se pudieran realizar las elecciones. Con el rompimiento de las conversaciones con el sector de Iván Mordisco y con el recrudecimiento de los enfrentamientos militares con esta insurgencia el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro, decidió una operación militar para ocupar este territorio en manos del frente mencionado.
No es la primera vez en la historia reciente del país que las fuerzas del Estado deciden un gran operativo militar para controlar un territorio. Lo que pasa es que es la primera vez que el gobierno progresista de Petro decidió responder a las violaciones del cese al fuego con las Disidencias y el subsecuente rompimiento de las negociaciones con este sector de las Disidencias de las FARC, que mantiene el control sobre los frentes de guerra que hacen presencia activa en el departamento del Cauca y en el suroccidente colombiano, es la primera vez que este gobierno decidió ocupar militarmente dicho territorio. Eso es lo nuevo.
Se ha dicho también de forma reiterada que la ocupación militar temporal es insuficiente si se quiere recuperar o más bien construir Estado en territorios abandonados por ese mismo Estado. La sola presencia militar sin una presencia del Estado con infraestructura de carreteras, energía eléctrica, escuelas, servicios de salud, comunicaciones, sedes comunales y en una región en dónde la población vive de los cultivos de coca se requiere no solo esa presencia del Estado sino de una alternativa productiva que saque a la población de dicha economía, pero al mismo tiempo el Estado debe proveer durante el tiempo que dure esa transición de las economías ilícitas a las economías licitas medios dignos de subsistencia. Pero de lo que se trata en el fondo y de más largo plazo es la construcción en dichas regiones de un orden y una institucionalidad democrática. Y esa construcción requiere la participación ciudadana, aún en medio de las restricciones y limitaciones que la ocupación militar del territorio, imponen a esa participación.
Bueno pues en esa empresa se ha embarcado el gobierno del cambio. Ha habido anuncios y gestos simbólicos que caminan en esa dirección. Días después de la ocupación militar hizo presencia en el Plateado una misión oficial con varios ministros y con posterioridad se anunció que han sido instalados equipos de telecomunicaciones para ofrecer comunicación a través de la telefonía celular y el compromiso de dotar a las instituciones educativas de mecanismos para su comunicación a través de Internet. Al mismo tiempo el ministerio de Educación Nacional hizo presencia y adquirió el compromiso de abrir oferta educativa para la formación técnica y tecnológica, así como profesional, a los jóvenes que viven en dicha región. La Unidad de Víctimas traslado hasta allí 80 toneladas en Kits de alimentación, aseo y kits escolares para 1700 habitantes que se vieron desplazados a raíz de la confrontación militar. A ello se suma el anuncio del presidente de comprar la cosecha de coca a las familias para avanzar en el proceso de transición hacia las economías lícitas.
Todas esas medidas caminan en la dirección acertada. Pero el reto es mayúsculo. Hay cuatro problemas que deben ser enfrentados para garantizar la sostenibilidad del plan de dominio territorial de las fuerzas gubernamentales. El primero y el de más largo plazo es el de garantizar una base económica productiva lícita a las comunidades. Y aquí la nueva directora del Plan de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, que hasta el momento ha sido muy limitado y en buena medida ha fracasado durante este gobierno, debe asumir la responsabilidad de dicha sustitución. Ese plan de sustitución debe ser concertado con las comunidades allí arraigadas. De esto es de lo que hablamos cuando hablamos de la participación ciudadana. Este plan debe ser concertado con las comunidades. Así como también debe ser concertada la fase de transición y la sostenibilidad económica de las familias que se adscriban al programa.
Un segundo reto es el de garantizar las cadenas de mercadeo y venta de los productos lícitos y esto en buena medida dependerá también del éxito del programa lanzado desde hace unos cuantos meses denominado Misión Cauca. Hay que tener en cuenta que en el departamento crecieron los cultivos de coca en un 10% en el año 2023. De acuerdo con el recién publicado informe de UNDOC, la Agencia de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año 2022 había en el cauca 26.233 hectáreas sembradas con coca que pasaron a 31.844 hectáreas en 2023. Esto en medio del crecimiento de los sembradíos de coca en todo el país que llegaron a 253.000 hectáreas. De modo que las acciones en el Plateado dependerán también del avance del Plan Misión Cauca que pueda ofrecer un mercado regional seguro y rentable para su traslado y venta en el departamento.
Un tercer reto es lograr la difícil y cuasi imposible coordinación interinstitucional entre las diversas agencias del gobierno nacional y las autoridades y dependencias del orden departamental y municipal en el departamento del Cauca y es obvio, pero hay que decirlo para tenerlo presente, que los recursos lleguen y se inviertan. Este punto es dramático en esta región del país. Para la muestra un botón y es el fracaso o seria crisis en la que se encuentra el proyecto de interconexión eléctrica de las localidades costeras pertenecientes a tres municipios del Cauca y a siete municipios de Nariño. El proyecto fue aprobado el 21 de junio del año 2021 por el Ocad Paz. A este proyecto se asignaron 334.307 millones de pesos que ahora se propone reajustar hasta los 450 mil millones de pesos. En los 42 meses que lleva de haber sido aprobado en la práctica no se ha ejecutado y se encuentra paralizado presentando un avance físico del 0.90% y un avance en la ejecución financiera del 1.17%. La empresa constructora Distribuidora del Pacífico S.A de propiedad del Ministerio de Hacienda ha hecho pagos por 4.000 millones de pesos destinados principalmente al pago de operadores, técnicos e ingenieros sin que se vea el avance real de las obras. Si esta situación no se supera aumenta el alto riego del fracaso de la construcción del Estado democrático en los territorios dominados por las guerrillas y los grupos paramilitares y esto no solo vale para el Cauca sino para todas aquellas regiones del país que se encuentran en similares condiciones.
Un cuarto reto es que la presencia de la Fuerza Pública debe garantizar el pleno derecho de los ciudadanos a su vida, honra y bienes. En sus acciones el Ejército Nacional y la Policía deben garantizar plenamente la vigencia de los derechos humanos. Un enorme reto en uno de los departamentos en que se han asesinado más líderes, lideresas y firmantes de los acuerdos de paz. En el año 2023 fueron asesinados 25 defensores de derechos humanos. En lo que va corrido de este año hasta el mes de agosto habían sido asesinados 21 lideres sociales y 8 firmantes de los Acuerdos de Paz.
La apuesta es arriesgada, pero es la respuesta adecuada a mi modo de ver. La mano tendida del gobierno no puede ser leída por los actores armados ilegales como de debilidad. La llamada política de Paz total en la cual hay que persistir no exime al Estado de ejercer soberanía en aquellos territorios dominados por actores armados. A quienes negocien con lealtad hay que honrar y desarrollar los acuerdos a que se lleguen y a aquellos actores armados que persistan en la guerra el Estado deberá confrontarlos dentro de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. En el Cauca se juega a mi modo de ver el futuro de la paz del país.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
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