La ONU define la “Marca España”
Redacción. LQSomos. Julio 2015
“Preocupa al Comité el efecto disuasorio que pueda tener para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”…
“el uso excesivo de las sanciones administrativas”…
“la exclusión de ciertas garantías judiciales”.
Comité de DD.HH.
Todas las “definiciones” están relacionados con Justicia y Legislación, dejando clara la INjusticia estandarizada en el estado español y la utilización de la ley con fines propios de los estados dictatoriales, como se pone de manifiesto en los “toques” del informe en temas de represión policial y torturas. Toques de atención, vergonzosos motivos “made in Spain”
España se sometió el pasado 6 de julio al escrutinio del Comité, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha emitido un documento de diez páginas donde expone sus grandes “preocupaciones”…
Memoria histórica
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha solicitado este pasado jueves 23 a España que derogue o enmiende la Ley de Amnistía de 1977 para que se puedan investigar todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.
El Comité muestra su “preocupación por la posición del Estado parte de mantener en vigor la Ley de Amnistía de 1977, que impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias”.
Es por ello que el organismo dice textualmente que “reitera su recomendación en el sentido de que se derogue la Ley de Amnistía o se la 
enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del pacto”.
Asimismo, los expertos del Comité se dicen “preocupados por las lagunas y deficiencias en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas”.
En particular, por el hecho de que la localización e identificación de personas desaparecidas “se dejan a cargo de la iniciativa de los familiares, y por las desigualdades que de ello resulta para las víctimas dependiendo de la región de que se trate”.
Además, los expertos critican que haya dificultades para el acceso a los archivos, especialmente los militares.
Ante esta situación, el Comité pide a España que impulse activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado.
“El Estado parte debe velar por que en estas investigaciones se identifique a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas”.
Ley de Seguridad Ciudadana
Otro de los temas que más preocupa al Comité es el de las llamadas “devoluciones en caliente de inmigrantes” en las fronteras de Ceuta y Melilla.
“Al Comité le preocupa que dichas expulsiones sumarias se realizan sin las garantías suficientes para que se respete el principio de no devolución, cuando corresponda. El Comité también está preocupado por informes que dan cuenta de casos de solicitantes de asilo no sirios en que se les niega el acceso a las oficinas de asilo en Ceuta y Melilla”.
Ante esta situación, los expertos instan a España a que “revise” la Ley de Seguridad Ciudadana para “que garantice que todas las personas que solicitan protección internacional tengan acceso a procedimientos de evaluación justos e individualizados”.
CIE’s, Sin papeles, malos tratos
En el mismo contexto, los expertos mostraron su preocupación respecto a “frecuentes informes que dan cuenta de denuncias de malos tratos durante las operaciones de expulsión de inmigrantes, incluyendo solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla, tanto por las autoridades españolas como por las autoridades marroquíes que actúan en territorio español”.
El informe también se refiere a la privación de libertad de inmigrantes en situación irregular y pide “evitar la detención de los solicitantes de asilo, y garantizar que la detención de los extranjeros sea siempre razonable, necesaria y proporcionada en vista de sus circunstancias individuales”.
Con respecto al régimen de incomunicación de los detenidos, el Comité “recomienda nuevamente que se tomen las medidas legislativas necesarias para eliminarlo”.
El Comité de Derechos Humanos también a manifestado sus recelos ante los métodos utilizados en España para calcular la edad de los menores que llegan solos al país. Y recomienda al Gobierno que elabore un nuevo “protocolo uniforme” que vele para que los procedimientos para determinar la edad “se lleven a cabo con métodos seguros y científicos”
Represión y torturas, violencia policial
Por otra parte, el Comité “observa con preocupación las denuncias de uso excesivo de la fuerza, incluyendo tortura y malos tratos, por parte de agentes del Estado, en particular en el marco de protestas ciudadanas“.
Especialmente, los expertos critican “las debilidades en las investigaciones de denuncias y sanciones”, y expresa preocupación por la concesión de indultos a policías condenados por el delito de tortura, “lo cual contribuye a una sensación de impunidad por parte de los agentes del Estado”.
Es por ello que el Comité insta a España a “prohibir en su ordenamiento jurídico la concesión de indultos a las personas declaradas culpables por el delito de tortura“.
Derecho al aborto
Sobre la reforma de la ley del aborto:
“En particular, a la propuesta de exigir el consentimiento expreso de los representantes legales en los embarazos de menores de edad. Esa modificación puede aumentar los abortos ilegales”
“El Estado debe asegurar que las barreras legales no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino, que pone su vida y salud en riesgo”
En el informe también se insta a corregir las diferencias salariales hombre/mujer, y reprocha a España las “notables diferencias” salariales entre hombres y mujeres
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