Por Alejandro Giménez Sánchez

El caso Scala, los jóvenes de Altsasu, la persecución de los movimientos independentistas Vasco y Catalán, las seis de La Suiza…

La respuesta parece evidente si echamos un vistazo a la historia reciente. Pero, antes de nada, permíteme decir que, aunque lícita sea la estrategia de victimización por parte de Podemos, no es una estrategia nueva ni exclusiva de este partido. ¿De verdad creen que pueden sorprendernos con esta narrativa? No lo creo. Y más aún, siendo un partido que ha estado en el gobierno, deberían haberse blindado mejor o buscado mejores estrategias para enfrentar estas situaciones.

Recordemos, por ejemplo, el caso de los Seis de Zaragoza , o l’Adri de Badalona que junto a otros activistas antifascistas fueron perseguidos judicialmente bajo cargos desproporcionados simplemente por ejercer su derecho a la protesta. Estos casos nos muestran cómo el lawfare no solo afecta a los grandes partidos, sino también a movimientos sociales y pequeñas organizaciones que luchan por causas legítimas. Sin embargo, mientras estos nombres apenas tienen eco en los medios, Podemos sigue capitalizando su supuesta “persecución política” como si fueran los únicos blancos de esta práctica.

Pero no la historia no termina ahí. Si retrocedemos unos años, encontramos otro ejemplo paradigmático: el caso de Mónica Oltra. Una figura clave de Compromís, cuya gestión fue puesta en entredicho mediante denuncias judiciales que parecían más orientadas a deslegitimarla políticamente que a resolver verdaderos problemas administrativos. Y sin embargo, ¿dónde está el ruido mediático comparable al de Podemos?

Y qué decir de las infiltraciones policiales en espacios libertarios. Aquí vemos cómo se utiliza el aparato judicial para criminalizar también a movimientos autoorganizados, mostrando que el lawfare no siempre va directamente contra partidos políticos, sino contra cualquier forma de resistencia que escape del control establecido. Estas prácticas han sido documentadas repetidamente, pero siguen pasando desapercibidas frente al foco mediático.

Entonces, surge la pregunta: ¿por qué Podemos ha sabido capitalizar tan bien su victimización mientras otros casos importantes quedan opacados? La respuesta está clara: porque han convertido cada causa judicial en un recurso electoral. Han aprendido a utilizar el discurso de la persecución como herramienta para ganar simpatías, incluso cuando esos mismos recursos podrían estar siendo utilizados para apoyar otras luchas igualmente válidas.

Por otro lado, debemos preguntarnos si esta victimización no esconde cierta ingenuidad estratégica. Un partido que ha estado en el gobierno debería saber cómo funciona este sistema y haber implementado mecanismos para protegerse mejor. En lugar de eso, hemos visto cómo utilizan sus tribulaciones como excusa para justificar sus propios fracasos, mientras permiten que otros sectores de izquierdas sean abandonados a su suerte.

El lawfare no es algo exclusivo de Podemos. Es una práctica extendida que afecta a toda la izquierda, desde sindicatos hasta instituciones educativas comprometidas con la transformación social. Pero nadie habla de ello con la misma vehemencia. Esto nos lleva a reflexionar sobre algo fundamental: si realmente queremos construir una alternativa sólida para detener a la extrema derecha, no podemos seguir permitiendo que algunos monopolicen el relato de la persecución mientras otros luchan solos y en silencio. La izquierda necesita unidad frente a esta amenaza común. Necesitamos dejar de caer en el juego de quienes buscan dividirnos mediante estas tácticas judiciales.

Finalmente, vale la pena señalar que mientras algunos hacen política de su victimización, otros, como los antifascistas perseguidos, enfrentan multas, detenciones y sentencias por defender la justicia y los derechos humanos. El mensaje es claro: si te atreves a levantar la voz contra el establishment, pagarás las consecuencias. Pero si callas y aceptas el statu quo, quizás te dejen en paz… temporalmente.

En conclusión, el lawfare existe y afecta a toda la izquierda, no solo a Podemos. Es hora de reconocerlo y actuar en consecuencia. No podemos seguir permitiendo que unos hagan negocio con su victimización mientras otros luchan solos y en silencio. La verdadera resistencia pasa por fortalecer nuestras instituciones, proteger a todos los sectores progresistas y dejar de caer en las trampas del sistema. Porque al final, mientras unos juegan a ser mártires y otros callan ante sus propios problemas judiciales, quienes realmente pagan las consecuencias somos todos aquellos que creemos en un cambio real. Y eso, amigos, es algo que no podemos permitirnos seguir ignorando.

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