La política de París hacia los inmigrantes «ilegales», una apisonadora de derechos básicos
Un centenar de personas acudieron, el jueves por la noche, a la proyección en Biarritz del documental «Cimetières des vivants», realizado por Audrey Hoc en colaboración con la asociación Cimade, donde se denuncia la política de expulsiones de los «extranjeros en situación irregular».
El film, desde luego, cumple el objetivo fijado: dar a conocer lo que está sucediendo en el Estado francés (y también aquí mismo, en Euskal Herria) a miles de personas originarias de países no integrados en la UE que son objeto de «la caza al inmigrante ilegal», más severa que nunca desde que Nicolas Sarkozy accediera al Ministerio del Interior en 2002.
Lo primero que queda de manifiesto en el documental que retrata la inhumana situación de las personas extranjeras detenidas, retenidas y expulsadas a través del ejemplo del Centro de Retención de Hendaia es el desconocimiento. Pocos saben, incluso quienes viven al lado mismo, que en el recinto de la comisaría de Hendaia hay un edificio en el que se encierra a «extranjeros en situación irregular» y por donde, en 2011, transitaron 447 personas, de las que 97 fueron expulsadas del «territorio francés».
La Cimade, asociación que se ocupa de hacer respetar los derechos de estas personas, es también prácticamente desconocida por la gente de la calle. Y, sin embargo, realiza una labor encomiable de apoyo humano y jurídico ya que, en la mayoría de los casos, son el único amparo que encuentran los «expulsables» mientras permanecen en el centro, entre idas y venidas al Tribunal.
La escasa información que circula sobre esta cuestión es síntoma, en opinión de algunos de los participantes en el debate posterior a la proyección, de que se «quiere ocultar, aposta, esta realidad».
Y es que, como refleja el documental, la finalidad última de estas actuaciones hacia los «extranjeros ilegales» no es tanto impedir que se instalen en territorio francés sino alimentar la impresión de que el Gobierno hace todo lo posible para que no vengan a «aprovecharse» de las ventajas y beneficios del sistema social o a «quitar» el trabajo a los nativos. De ahí la «política de cuotas» instaurada por Sarkozy en cuanto puso los pies en El Elíseo hace cinco años y que, para 2011, fue fijada en 30.000 expulsiones.
Algunos estudios publicados, como el la revista “Capital'', apuntan, no obstante, a que la aportación de los inmigrantes a la economía francesa es muy superior a la del coste. En su número de diciembre de 2010 fijaba un saldo positivo de más 12.400 millones de euros. La abogada Laurence Hardouin declara en el documental que los «clandestinos» son aun más productivos porque, «aunque no paguen ni impuestos ni cotizaciones, no tienen ningún derecho a ayudas sociales, al paro, a la formación, etc.».
Alarmismo que da votos
Obviamente, la percepción social de que los inmigrantes son un problema da votos y, además, es expansiva hasta en lugares donde apenas están establecidos. Como evocó la propia Hoc, asombrada por los apoyos logrados por el Frente Nacional incluso en municipios de Nafarroa Beherea, «basta con observar los resultados de la primera vuelta de las Presidenciales».
Precisamente, a través de las proyecciones de su film en diversas ciudades del Estado, la realizadora protagoniza desde hace mes y medio su propia campaña paralela para alertar de esta problemática y de la cicatera manipulación que, en su opinión, están haciendo los candidatos de derechas y, aunque menos, «también alguno de la izquierda» con su tímidas proposiciones al respecto.
Los testimonios recogidos en la película (50'), tanto de retenidos como de voluntarios o trabajadores asociativos que les atienden, muestran el sinsentido de la gran mayoría de las detenciones que, en zonas fronterizas, se dan sobre todo en trenes y estaciones, cuando las personas extranjeras se encuentran en tránsito hacia otros lugares e, incluso, de regreso a su país.
En las intervenciones del público se mencionaron algunos casos muy lacerantes, como el de la tentativa de suicidio en marzo de un argelino que luego fue puesto en libertad por el juez, o el de toda una familia de Kosovo, que fue expulsada, prácticamente a escondidas, sin que los propios miembros de la Cimade que trabajan en el Centro de Hendaia pudiesen hacer nada.
Estas situaciones de impotencia se ven compensadas por algunos logros que alientan a continuar, como el del padre de familia armenio que fue liberado la semana pasada aunque todavía continúe en situación precaria.
A día de hoy, catorce personas de distintas nacionalidades esperan en el «Cementerio de vivientes» de Hendaia lo que les reservará esa apisonadora impersonal llamada Administración, regida por responsables políticos que actúan, si no con la connivencia de todos los ciudadanos que administran, sí en su nombre.
Cimade denuncia que nadie hable del «coste de las retenciones»
Cimade denuncia que «nadie hable del coste que supone cada retención». Según sus cálculos, que se acercan a un estudio realizado por el Senado, cada persona retenida y expulsada «cuesta» entre 20.000 y 25.000 euros al Erario Público francés. A los gastos de estancia en el centro (45 días máximo), se añaden los de vigilancia, justicia y billetes de avión para la persona expulsada y para los dos policías que le acompañan. No incluyen en el cálculo las multas a las que es condenado regularmente el Estado francés en Europa por infringir los derechos fundamentales de toda persona a circular libremente o a fijar su residencia donde desee.
