La reforma laboral, el camino de Milei hacia los juegos del hambre

Por Diego Lorca*

Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, el país ha entrado en una crisis económica cada vez más profunda como consecuencia de las políticas de ajuste implementadas por su equipo económico. Luis Caputo y Federico Sturzenegger, quienes ya tuvieron un rol clave en el fracaso del gobierno del neoliberal Mauricio Macri, ahora están al frente de un plan que promueve una reforma laboral agresiva y un desmantelamiento del Estado con consecuencias devastadoras para la clase trabajadora.

El índice de pobreza alcanzó a 15.700.000 personas, lo que representa al 52,9% de la población

«Los Juegos del Hambre» es una saga cinematográfica basada en los libros de Suzanne Collins y que sigue la historia de Katniss Everdeen, una joven que vive en un futuro distópico en el país de Panem, donde cada año el gobierno organiza los «Juegos del Hambre», una competición mortal en la que jóvenes son forzados a luchar hasta la muerte como castigo por una rebelión pasada.

En Los Juegos del Hambre, la sociedad de Panem está profundamente dividida: la élite, concentrada en la capital, vive en opulencia y lujo, mientras que los distritos, donde habitan las masas trabajadoras, sufren pobreza, explotación y represión. Este sistema está diseñado para mantener a la mayoría en una situación de exclusión económica y social, con una mínima redistribución de la riqueza, a pesar de que los distritos son quienes realmente producen los recursos y la riqueza que sostiene a la capital.

Una vieja frase dice que “la realidad siempre supera la ficción” y el gobierno libertario argentino está demostrando que la frase es muy cierta, porque a poco de cumplirse un año de su asunción ya provocó la caída del salario y el aumento del desempleo más rápido en la historia económica argentina. Además, cuenta entre sus récords históricos, la devaluación y el ajuste más profundo y rápido aplicado a la clase trabajadora de la historia.

Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre

Luis Caputo, ministro de Economía del gobierno, junto con Federico Sturzenegger, ministro de Modernización, son los arquitectos del feroz ajuste y la terrible precarización laboral que impulsa el gobierno libertario. Pero estas no son caras nuevas ni outsiders de la política, ya que ambos funcionarios fueron piezas clave durante el fracaso del modelo neoliberal del gobierno de Macri entre 2015 y 2019. Ambos fueron protagonistas del ciclo de endeudamiento y posterior crisis que caracterizó los años de gestión macrista, aunque desde roles diferentes y complementarios.

Luis “toto” Caputo es un hombre de “los mercados” con vínculos estrechos con fondos de inversión como Delaware y Miami (investigación de Paradise Papers), y con pasado laboral en JP Morgan (1994-1998) y Deutsche Bank (1998-2003). Caputo ocupó roles clave en la política financiera durante el gobierno de Mauricio Macri, principalmente como Ministro de Finanzas y luego como presidente del Banco Central (BCRA). En ambos cargos, estuvo estrechamente vinculado al proceso de endeudamiento masivo de Argentina.

Caputo fue responsable de emitir importantes montos de deuda soberana, lo que atrajo capitales especulativos que ingresaron al país entre 2016 y 2018. Este ciclo de valorización financiera terminó por desatar una crisis de crédito y una corrida cambiaria en 2018. Su participación en la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la más grande en la historia del organismo, también fue central, posicionando a Argentina como el mayor deudor del FMI. Caputo dejó el BCRA en medio de la crisis cambiaria, lo que marcó un punto crítico en la economía de la administración macrista.

Esto opinaba el actual presidente Milei cuando era candidato presidencial en el año 2023: “Vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsable e ineficientemente y nos deja este despiole de Leliqs”. Y agregaba que “los grandes desastres del Banco Central, lo hizo Caputo en dos o tres meses”.

Por su parte, Federico Sturzenegger, vinculado estrechamente al Grupo Sophia, un think tank fundado por Horacio Rodríguez Larreta en los 90’, fue Secretario de Economía Política durante la gestión de Domingo Cavallo al frente de la cartera económica, que llevó al país a la crisis económica del 2001. Asimismo, fue el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante los primeros años del gobierno de Mauricio Macri.

Desde esta posición, lideró la política monetaria en un contexto de desregulación y liberalización financiera. Una de sus principales políticas fue la adopción del régimen de metas de inflación, una medida que se demostró insuficiente para controlar la inflación galopante que experimentó Argentina durante su mandato.

Sturzenegger también fue clave en la gestión del endeudamiento del país. Su administración permitió la entrada de capitales especulativos que, al retirarse rápidamente, desestabilizaron la economía, generando presión sobre el valor del peso. Este proceso culminó en la crisis cambiaria de 2018, que Sturzenegger no pudo contener, lo que llevó a una acelerada devaluación de la moneda. La pérdida de reservas y la imposibilidad de estabilizar la economía marcaron su renuncia al BCRA en 2018.

Hoy vuelve a tener un rol protagónico no solo al ser el mentor del mega DNU 70/30 y de la Ley Bases, sino también ocupando el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que se encargará en pocas palabras del desguace del Estado a través de la privatización de empresas, desregulación de la economía, recorte y achicamiento de asistencia e inversión estatal, etc.

Ambos están comprometidos con un programa político y económico que busca la liberalización total de los mercados, una agenda que ya demostró ser ineficaz desde que se aplicó por primera vez con Martínez de Hoz como Ministro de Economía de la última dictadura cívico militar del `76 y que tuvo sus continuidades, aunque con algunas diferencias, durante los gobiernos de la década del ´90 y el de Cambiemos en 2015.

A este equipo se suma Julio Cordero, actual Secretario de Trabajo, con una trayectoria marcada por su lealtad a los intereses de la casta empresarial. Antes de asumir su cargo, Cordero fue abogado en el departamento jurídico laboral del Grupo Techint y vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA). Su participación en la redacción de la reforma laboral promovida por el actual gobierno de Javier Milei refuerza su alineación con los sectores empresariales. Esta reforma favorece la flexibilización laboral y la precarización del empleo, atacando directamente los derechos fundamentales de los trabajadores. En este contexto, la reforma laboral reglamentada por Cordero representa una verdadera declaración de guerra contra los derechos históricos.

El impacto sobre los trabajadores

El pasado 26 de septiembre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) dió a conocer el índice de pobreza que en los primeros nueve meses del actual Gobierno alcanzó a 15.700.000 personas, lo que representa al 52,9% de la población del país que no llegan a cubrir la Canasta Básica Total. Estos valores cobran notoria significatividad si se tiene en cuenta que el año pasado eran 11.800.000 argentinos los que se ubicaban debajo de la línea de pobreza, es decir el 40,1%.

En cuanto a la indigencia, las cifras son mucho más alarmantes ya que se duplicó, pasando de 2.700.000 a 5.400.000 millones de argentinos, o en términos porcentuales, la indigencia pasó de 9,3% a 18,1%. Estos datos preocupan aún más en regiones como el Noreste argentino donde la pobreza alcanza el 62,9% de los habitantes.

Según un reciente estudio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, si se proyecta la muestra aplicada en los aglomerados seleccionados a la población total del país, se arriba a una cifra cercana a los 25.000.000 de personas en situación de pobreza de los cuales 8.500.000 están en condición de indigencia.

Esta crítica situación económica que atraviesan los hogares de las familias argentinas, muestra su correlato en la reducción de los índices de consumo. Durante los primeros ocho meses de 2024, el consumo ha caído un 6,4%, y la inflación alcanzó un insostenible236,7% en términos interanuales. Esta situación ha golpeado duramente el poder adquisitivo de los trabajadores, quienes además enfrentan un contexto de desempleo alarmante.

La desocupación ha escalado al 7,6%, lo que significa que 17 millones de argentinos buscan empleo y no lo consiguen. Si comparamos estos datos frente al segundo trimestre del 2023, el desempleo avanzó 1,4 puntos porcentuales, alcanzando a 383.000 argentinos más que en el mismo período del año previo.

A lo anterior se suma que el 26 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 847/2024 mediante el cual el Poder Ejecutivo reglamentó la Reforma Laboral contenida en la polémica Ley Bases. El Decreto consta de dos anexos, uno de los cuales recibe irónicamente el nombre de “Promoción del Empleo Registrado”, y contiene los artículos que favorecen el empleo no registrado. Por un lado, reglamenta la extinción de acciones penales y condonación de sanciones y deudas para empleadores que tengan trabajadores no registrados; y por el otro, sólo permite acreditar hasta 5 años de aportes para aquellos trabajadores que vieron vulnerados sus aportes jubilatorios, basados en el salario mínimo.

El segundo anexo, denominado Modernización Laboral, oculta la precarización laboral detrás de una fachada de “modernidad”, a través de la reglamentación que extiende el período de prueba a seis meses y/o un año, cuando anteriormente eran de solo tres meses; habilita a los empleadores a crear empresas de hasta tres colaboradores sin necesidad de pagar impuestos ni registrarlos; elimina las penas para las empresas que tercerizan; y crea los artilugios que en pocas palabras habilita a que los trabajadores paguen su despido mes a mes a través de un fondo de cese laboral.

En síntesis, la reforma laboral promovida por Julio Cordero, establece condiciones que profundizan la precariedad: más trabajadores temporales, menos derechos y una mayor desprotección frente a los abusos empresariales. Este retroceso no solo afecta las condiciones laborales, sino que también debilita el poder de negociación de los sindicatos, lo que facilita la implementación de políticas aún más regresivas.

Que comiencen los juegos del hambre

La política de «libertad económica» que Milei ha prometido es, en realidad, un camino hacia la desigualdad extrema. El gobierno sigue promoviendo una narrativa de crecimiento y prosperidad futura, pero lo que se está gestando es un ciclo de pobreza, precarización y exclusión. En lugar de generar empleo de calidad y condiciones de vida dignas, la política económica adoptada por este gobierno está creando las condiciones para una nueva fase de «juegos del hambre», donde los trabajadores y sus familias tendrán que luchar para sobrevivir en un entorno cada vez más hostil.

Las políticas neoliberales de ajuste, encabezadas por Caputo, Sturzenegger y Cordero, no sólo han fracasado en el pasado, sino que están condenando a Argentina a un nuevo período de crisis social y económica. Los trabajadores, lejos de ser liberados, están siendo arrastrados a una situación de desesperanza, donde el hambre y la pobreza se vuelven amenazas cotidianas. Si no se detienen estas políticas, el país corre el riesgo de enfrentar una catástrofe social sin precedentes.

En ambos casos, tanto en el mundo ficticio como en el real, se utilizan estrategias de división y control para mantener a la población en una situación de subordinación. De manera similar, en los contextos neoliberales, el debilitamiento de los sindicatos, la individualización de las responsabilidades sociales (como la jubilación o el acceso a la salud) y la precarización del empleo sirven para fragmentar a la clase trabajadora, haciendo más difícil la lucha colectiva por sus derechos.

En síntesis, al igual que en Los Juegos del Hambre, Milei y su proyecto político social busca consolidar una estructura social injusta, donde los pocos que controlan el capital gozan de privilegios desproporcionados mientras la mayoría queda relegada a una vida de trabajo poco remunerados, sin derechos laborales y con una mínima participación en la distribución de la riqueza.

* Director Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro
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