La renta de los duques
Quiero destacar esta interesante crónica de José María Brunet (desde Madrid) y Ernest Carranza (desde Palma de Mallorca) para el diario La Vanguardia según la cual, afirman que Cristina Borbón cree que el juez ataca su intimidad al pedir sus rentas. De esta manera, la defensa de la infanta Cristina presentó ayer el recurso contra el auto por el que el juez del caso Nóos, José Castro, pidió sus diez últimas declaraciones de renta. La impugnación se basa en considerar que esta petición, formulada por el sindicato Manos Limpias y admitida por Castro, carece de fundamento, se ha propuesto "sin sentido" a la vista de los datos del sumario y por ello mismo constituye una "injerencia en la intimidad" carente de todo fundamento.
Los abogados de la infanta, Miquel Roca y Jesús Silva, argumentan que "la afectación de la intimidad consistente en la incorporación a un proceso penal de las declaraciones del IRPF de una persona sólo puede acordarse legítimamente por el órgano instructor ante la existencia de sólidos y claros indicios de criminalidad en esa persona". Tales indicios -añaden- no existen, por lo que de realizarse la citada diligencia "nos encontraremos ante una vetada investigación prospectiva" en la que se restringen derechos fundamentales de la infanta sin causa justificada.
El recurso subraya que "no puede lícitamente acordarse la práctica de una investigación para comprobar si, investigando prospectivamente a una persona, ´surge´ algún indicio de criminalidad". Pero -añade- "ésa es la única finalidad que (…) puede perseguir la diligencia acordada" por el juez Castro. Los letrados recuerdan que la Infanta tiene separación de bienes con su esposo, por lo que en todo caso no aparecerían firmas conjuntas en los documentos que ahora se reclaman. Por todo ello, se estima que las declaraciones solicitadas constituyen una diligencia que resultaría "inútil y superflua". El recurso de la Infanta se une, así, al presentado por Iñaki Urdangarin (mañana daré cuenta del mismo) contra el auto del juez, que en todo caso ya dispone de las cuatro últimas declaraciones de la renta del duque de Palma.
En otro auto acordado ayer, el juez pide más información al Registro Mercantil de Barcelona acerca de la empresa familiar de los duques, Aizoon. Castro pide que se remita "lo más rápido posible" la totalidad de los asientos y documentos contenidos en el libro de depósito de cuentas desde la constitución de la sociedad hasta la actualidad. La petición se produce después de haber solicitado la hoja registral de la empresa, en la que no se han encontrado firmas que impliquen a la Infanta. En esta ocasión, como en el anterior requerimiento, ha sido Manos Limpias la que ha pedido la información. El objetivo del instructor es tener más datos para poder remitirlos cuanto antes a la Audiencia, que ha de resolver el próximo día 20 los recursos contra la citación como imputada de la hija del heredero de Franco.
Asimismo, Castro da cuenta del recurso presentado por Urdangarin en contra de la decisión de solicitar las diez últimas declaraciones de la renta, tanto de él como de la Infanta. El instructor ordenó a la Agencia Tributaria que facilitara tales datos con el objetivo tener más información sobre la hipotética responsabilidad de la Infanta en la gestión de Aizoon.
Castro admite también la personación en el caso de los ocho concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia como acusación particular. El instructor argumenta que procede admitir su participación en la causa "en su doble condición de representantes de al menos una parte de los ciudadanos afectados y obligados a la defensa del correcto funcionamiento de la corporación municipal". El PSOE de la capital valenciana pretende que se devuelva al erario público el dinero supuestamente malversado de los convenios entre el Instituto Nóos y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, de ámbito municipal.
El periodista, Andreu Manresa en el diario El País, nos enuncia que Urdangarin ataca al juez José Castro por investigar “a ver qué sale” y se hace eco de que el yerno del heredero de Franco asegura que un magistrado no tiene cauce ilimitado para la indagación. Me está empezando a dar lástima éste pobre chico que, dónde ha aprendido a hacer el quinqui es en casa de su familia política.
Prosigue: Un juez no puede autorizar toda clase de pesquisas a partir de indicios sobre los que no cabe ningún viso de verosimilitud. Así, el yerno del monarca, Iñaki Urdangarin, a través de un recurso presentado por su abogado Mario Pascual, cuestiona de nuevo el curso de la instrucción del caso Nóos que desarrolla José Castro. Acusa al magistrado de decidir actuaciones de manera prospectiva e indiscriminada, de convertir sus actuaciones judiciales en un “a ver qué sale”. Rechaza que se pueda dar un proceso de "inquisición general” (sobra decir que de eso saben mucho en casa de su señora esposa).
La defensa del marido de Cristina rebate la actuación del magistrado porque, según cree, toma decisiones de investigación que implican posibles “imputaciones difusas o imprecisas que degeneren en una causa general o investigación indiscriminada contra una persona”. Un juez no tiene, dice el duque de Palma, un cauce absoluto e ilimitado para la indagación.
Urdangarin refuta con su escrito que se incorporen a la causa sus diez últimas declaraciones de la renta (2002-2012) y las de su esposa. En todo caso exige que antes las analicen el fiscal y la abogacía del Estado, partes que ejercen la representación de la legalidad y los intereses generales, en especial con supuestos de defraudación fiscal. Tanto el fiscal como el letrado del Estado ahora coinciden, de manera parcial, con Urdangarin, en la oposición a la imputación de la Infanta. El yerno del Borbón señala, además, que habrían prescrito penalmente los posibles delitos fiscales de los ejercicios de 2002 a 2006 y que en 2012 aún no ha sido presentada la declaración.
El esposo de la infanta soporta una acusación formal de tres posibles delitos fiscales, dos por los impuestos de la renta de las personas físicas y uno por el de sociedades, de los años 2007 y 2008. El abogado Mario Pascual señala que los documentos de la renta de estos años constan en la causa por tener abierta una inspección fiscal, señala.
La defensa del duque "Em-Palma-do" lamenta que, paulatinamente, el juez ensanche la vía acusatoria contra su cliente, que se enfrenta a los posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental, tráfico de influencias, delito fiscal y blanqueo de capitales. En un anterior escrito de defensa ante la Audiencia de Palma, el abogado señaló que solo era investigado por el uso de los dineros públicos y que ninguna empresa de las que se relacionó con él y con Nóos le denunció.
Curioso, ¿Eh?
