La última reforma laboral: un ataque frontal a la clase trabajadora
Ya la tenemos aquí. La reforma laboral que el gobierno del Estado ha presentado y que se tramitará como decreto ley cumple las expectativas generadas tras las declaraciones de Rajoy augurando que le costará una huelga general y de su ministro de economía según el cual la reforma sería extremadamente agresiva.
Pues bien, así será, al menos en lo que se refiere a la agresividad. Así pues, esta enésima reforma laboral profundizará, aún más, en la degradación y precarización de las condiciones laborales de una inmensa mayoría de la población. Las medidas que contempla la nueva norma son:
– La rebaja de la indemnización para los nuevos contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, en vez de 42, para los despidos improcedentes, y una indemnización de 20 días con un máximo de un año para los despidos procedentes. En este punto es importante destacar que la reforma laboral posibilitará mucho más el despido objetivo (el caso) ya que las causas del mismo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción se amplían. Es el caso, por ejemplo, de las causas económicas, donde se profundiza, se concreta y se consolida la senda iniciada con la reforma laboral de 2010 que preveía un despido objetivo si se daban pérdidas actuales o previstas en los resultados de la empresa . Ahora, con la nueva reforma se añade "la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas" que, en todo caso, se entenderá como persistente si se produce esta situación durante tres trimestres consecutivos.
– La autorización de las ETT para que actúen como agencias privadas de colocación. Esta intermediación laboral privada buscará su propio beneficio, así se da un paso más hacia la privatización de servicios públicos los que funcionarían mucho mejor si se dotarían de la financiación adecuada.
– Que los parados que estén cobrando prestación deberán realizar "un trabajo social", al tiempo que se aumenta la inspección de trabajo. Esto es, por un lado obligar a los parados y paradas a realizar trabajos "voluntarios" si quieren recibir la prestación que les corresponde, y, por otro lado, continuar culpabilizando a las clases populares en vez de perseguir el fraude fiscal y la evasión de capitales, que es donde de verdad está el dinero. Vergonzoso.
– Un contrato "indefinido" con un período de prueba de un año para emprendedores y pequeñas y medianas empresas, es decir, empresas de menos de 50 trabajadores. En este aspecto señalar que llamar a este contrato como indefinido es tomarnos el pelo, ya que durante el período de prueba, tanto la empresa como el trabajador pueden rescindir unilateralmente y sin preaviso el contrato y sin necesidad de alegar causa alguna. Además, durante este período el empleado / a no recibirá ninguna indemnización si es despedido.
– El impulso de un contrato a tiempo parcial para, en teoría, favorecer la compatibilidad del trabajo asalariado con los estudios y la vida familiar y personal. En la práctica servirá para "arreglar" los datos del paro facilitando una contratación laboral precaria, insuficiente para una vida digna. Esto comportará la proliferación de lo que el mundo anglosajón llaman como woorking poor, personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza a pesar de tener un trabajo asalariado. También se multiplicarán las personas que necesitarán dos o más trabajos parciales para sobrevivir.
– La priorización del convenio de empresa frente al sectorial, la facilitación a las empresas en dificultades del "descuelgue" del convenio y la puesta de límite a la ultraacitividad. Todo esto conlleva una devaluación de la negociación colectiva y una aproximación hacia la negociación individualizada de las relaciones laborales.
– El fomento de la flexibilidad interna mediante la movilidad funcional y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, es decir, la adaptación de los trabajadores y trabajadoras a cualquier necesidad de la empresa, sino, ya saben donde está la puerta.
Con estas medidas se incentiva el despido y no la ocupación, al tiempo que se facilita la imposición de condiciones laborales que recuerdan a otros tiempos. Asimismo, la gran patronal española, la CEOE, consigue muchas de sus reivindicaciones a una velocidad inaudita. Antes tenían que perder tiempo negociando y yendo poco a poco aproximándose hacia sus postulados, ahora no les hace ni falta ya que tienen un gobierno aún más amigo que los anteriores, así como un enorme ejercito de reserva de mano de obra a el paro donde una mayoría está dispuesta a aceptar condiciones de semi-esclavitud como consecuencia de las necesidades básicas que deben cubrir.
Para terminar esta reflexión, quería plantear dos cuestiones: una, porque lo llaman reforma cuando son recortes de los derechos laborales históricamente conquistados? y, dos, ¿qué harán ahora las dos centrales sindicales mayoritarias (CCOO y UGT), seguirán con su política de concertación y de pactar el mal menor o tomarán la decisión de unirse a los sindicatos alternativos, a los movimientos sociales y al 15M en la lucha y la defensa a ultranza de los derechos laborales?
¡Tenemos que ir hacia la Huelga General!
* Técnico de empleo y Master en trabaja y política social por la Universidad Autonoma de Barcelona
Viñeta de Miguel Brieva
