Lapidaria auditoría del FMI sobre el préstamo a Macri
Por Claudio della Croce*. LQSomos.
El Estado busca que el organismo considere realidades específicas. La referencia es para que el crecimiento sea condición precedente para la estabilidad de las naciones. Evitando siempre las ideas de ajuste
Fuga de divisas y fracaso
La lapidaria auditoría del Fondo Monetario Internacional (FMI) al crédito otorgado al gobierno del neoliberal argentino Mauricio Macri afirma que éste no cumplió ninguno de sus objetivos, se usó para pagar a los bonistas, no impuso controles de capitales y permitió la fuga de 45 mil millones de dólares.
La Evaluación Ex Post del préstamo Stand By reconoce que el gobierno de Cambiemos debió haber reestructurado la deuda y, además, admite que el diagnóstico de ajustar para bajar la inflación, no funciona. En ninguna parte del informe, el FMI reconoce su cuota parte de culpa.
El directorio ejecutivo del FMI concluyó que «la estrategia y la condicionalidad» del programa de acceso excepcional al financiamiento del organismo por parte de la Argentina «no eran lo suficientemente sólidas para abordar los problemas estructurales profundamente arraigados de Argentina, incluidas las frágiles finanzas públicas, la dolarización, la alta inflación, la débil transmisión de la política monetaria, un pequeño sector financiero interno y una base exportadora estrecha».
Las conclusiones de la investigación interna del FMI sobre el préstamo de 57 mil millones de dólares (45 mil millones efectivos) que le otorgó al gobierno de Mauricio Macri, el mayor en la historia del organismo internacional, dejan a la intemperie una crítica lapidaria a los desmanejos de política económica del macrismo y, un duro diagnóstico sobre las medidas que no se tomaron para evitar la fuga del dinero de ese desembolso.
El crédito del FMI a Macri fue investigado como se hace con todos los desembolsos con cuotas superiores al 400 por ciento. El que recibió Cambiemos fue un préstamo de acceso excepcional con una cuota superior al 1.300 por ciento y del 1.100 por ciento en desembolso. El gobierno de Alberto Fernández se mostró satisfecho con la lectura del organismo y plantearon su visión en dos frentes: el político y el del acuerdo y lo que viene hacia adelante.
El trabajo del FMI sale justo en la previa del debate en el Congreso sobre el Plan Plurianual, el programa que anticipa el acuerdo definitivo con el Fondo. Para el gobierno, el informe sirve para marcar la cancha cuando se ponga sobre la mesa la discusión de bajo qué condiciones debe renegociarse la deuda y, sobre todo, pone luz sobre la responsabilidad del gobierno de Cambiemos a la hora de acudir al endeudamiento en un contexto de crisis económica muy severo.
El informe fue elaborado por el equipo del FMI que conduce Kristalina Georgieva, una división con peso político y técnico fuerte y su principal autor fue fue Odd Per Brekk, un economista nacido en Noruega que ocupa el cargo de vice del Departamento de Asia-Pacífico el FMI.
El mismo concluye que el programa de 2018 no cumplió con sus objetivos: restablecer la confianza de los mercados, reducir los desequilibrios externos y fiscales, reducir la inflación, y proteger a los segmentos más vulnerables de la población. Comenta que el gobierno macrista le impuso límites, “líneas rojas”, al Fondo en dos puntos centrales: reestructuración de deuda y control de capitales. Así, el dinero prestado se fue a la fuga. Algunos directores consideraron que poner un «cepo» más fuerte iba en contra de la ida de recrear la confianza.
La crítica, que se asemeja a la autocrítica, se basa en tres pilares. Uno, que el Gobierno de Macri debió interponer controles de capitales para ordenar los flujos y evitar fuga de divisas, que es lo que terminó ocurriendo antes y después de tomado el crédito. De hecho, se fue del país casi la totalidad del préstamo.
Dos, que el gobierno de Macri debió poner en práctica, ni bien tomado el crédito, una reestructuración que pensara en un acuerdo posible para saldar la deuda, despejando el escenario de necesidades de financiamiento de corto plazo. Esto lo inició el gobierno de Alberto Fernández, tras el desastre recibido.
Tres, que, la idea de hacer un ajuste para controlar la inflación, no resultó. El FMI señala que la inflación es un fenómeno “multicausal” y no simplemente algo monetario, y acepta que las políticas de coordinación hubieran ayudado a fijar expectativas en torno a una menor tasa de inflación, pero éstas ni fueron consideradas por el gobierno de Macri.
El FMI admite que el programa stand by tomado a mediados del 2018 no logró el objetivo de generar más confianza, y en la práctica admite que el crédito fue geopolítico y para un sostén de un modelo que precisaba financiamiento ante una crisis seria no sólo de ingresos, sino de actividad.
Los directores del FMI puntualizaron algunas lecciones aprendidas a costilla de sus errores en el crédito argentino, entre ellas que hay que incorporar perspectivas económicas reales (habla de “supuestos realistas», en una autocrítica muy leve); y que los programas «deberían guiarse por las circunstancias de cada país, incluyendo consideraciones de sus políticas económicas» aún si esas fueran contrarias al pensamiento del FMI.
Destacan que debieran comunicarse mejor las situaciones y, por último admiten que habría que revisar las cargas de negociación en «acuerdos de acceso excepcional». Los actores del informe señalan que el mismo será de utilidad para nutrir las conversaciones por el nuevo programa con Argentina.
También el informe reporta que “se podría haber dado un lugar más relevante a los riesgos más amplios, y la Junta de Directores podría haber participado de manera anticipada y con mayor profundidad en el proceso”.
Seguir pagando
El gobierno activó los mecanismos administrativos para girar el miércoles 22 al Fondo Monetario Internacional algo más de 1.850 millones de dólares, corrrspondientes a la segunda cuota de amortización del capital por el préstamo stand by que el organismo facilitó a la gestión de Mauricio Macri, en 2018.
El desembolso se realizó a través del Banco Central, que utilizó para ello los derechos especiales de giro (DEG) que el propio Fondo envió a todos los países miembros para paliar los efectos de la pandemia. Luego de esta cuota, de esa asignación específica quedarán disponibles unos 600 millones de dólares.
Repercusiones
«Tienen que hacerse cargo». Con esas palabras, el oficialista Frente de Todos apuntó contra el noliberal Juntos por el Cambio tras conocerse la lapidaria auditoría del FMI sobre el préstamo otorgado al expresidente Mauricio Macri. «Tomaron una deuda irresponsable, se la fugaron e hipotecaron el futuro de los argentinos y argentinas», escribió el bloque oficialista en su cuenta de Twitter.
La conclusión es que el Stand By “fracasó” porque no cumplió con cuatro objetivos básicos: restaurar la confianza del mercado, proteger a los más vulnerables, fortalecer la credibilidad del marco de metas de inflación del Banco Central y, progresivamente, disminuir las tensiones en la balanza de pagos. Los referentes gubernamentales consideraron que queda pendiente y es “insuficiente” la advertencia que el Fondo hace sobre los riesgos de las políticas de ajuste como solución a los contextos de recesión.
Estas fuentes hicieron una serie de recomendaciones. La primera es que el organismo haga “una revisión adecuada” sobre el cumplimiento del Artículo 6 del Convenio Constitutivo del organismo. Ese apartado se refiere a las “transferencias de capital” y ya había sido un punto puesto de manifiesto por la vicepresidenta, Cristina Fernández, en una serie de tweets sobre el tema.
El apartado señala que ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida de capitales. Y agrega que “el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”. Y aclara que si luego de haberse pedido eso, el país miembro “no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales de Fondo”.
El segundo punto de la visión oficiales que se defina adecuadamente el concepto de “ownership”, para que en el futuro la apropiación de un programa incluya al Congreso, la sociedad civil, los sindicatos y la sociedad en general. El Gobierno plantea que poner en relevancia la necesidad de evitar el uso político de los programas de deuda con el Fondo.
Asimismo, el Estado busca que el organismo considere realidades específicas. La referencia es para que el crecimiento sea condición precedente para la estabilidad de las naciones. Evitando siempre las ideas de ajuste.
* Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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