Las críticas a la propuesta de Paz Total
Por Pedro Santana Rodríguez*. LQSomos.
Con la presentación del proyecto de Ley que reforma la ley 418 de 1997 para dotar de un marco jurídico a la propuesta de Paz Total se ha iniciado el debate Recordemos que en el proyecto de Ley se contemplan los mecanismos jurídicos para emprender las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, con las dos disidencias de las FARC, y con los grupos sucesores del paramilitarismo y las bandas armadas ligadas con el narcotráfico. Las dos Disidencias de las FARC han mostrado su interés en ingresar al proceso, tanto las que dirige Iván Mordisco que agrupa a los sectores que no ingresaron al proceso de negociación con las FARC-EP y que tuvieron como punto de partida el frente primero que en aquella oportunidad dirigía Gentil Duarte que operaba principalmente en el Caquetá, en Guaviare y en sectores de Arauca. A partir de allí se expandieron rápidamente hacia otras regiones del país principalmente hacia el Cauca y el corredor pacífico y a la región del Catatumbo. Un comunicado reciente publicado por el Comisionado de Paz, Danilo Rueda, da cuenta de una reunión y de la voluntad manifiesta de emprender un proceso de negociación con el gobierno en el marco de la llamada Paz Total.
En igual sentido se pronunció la Disidencia de la Segunda Marquetalia que dirige Iván Márquez. Esta Disidencia tiene como núcleo los que desertaron del proceso de Paz con las FARC-EP. Como hemos examinado esta Disidencia ha sido duramente golpeada y todo indica que además de la muerte de Jesús Santrich en Venezuela y más recientemente el asesinato de Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa” y de Henry Castellanos, alias “Romaña”, lo cual los ha debilitado bastante. Todo indica que el propio Iván Márquez sobrevivió a un ataque armado. Esta Disidencia también ha manifestado su voluntad de ingresar al proceso de negociación con el gobierno.
Las negociaciones con el ELN no han tenido cuestionamientos públicos, solo el Centro Democrático se ha opuesto, es más, hay un cierto consenso que es un acierto partir de la agenda y de los puntos acordados por esta insurgencia con el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2017. Avanzan los contactos y pronto se establecerá una mesa de negociaciones. Un avance significativo se dio con la oferta del presidente Gustavo Petro para que a los países garantes se sume el gobierno de Nicolas Maduro de Venezuela que éste ha aceptado y que resulta clave puesto que no es un secreto para nadie que una parte de esta guerrilla hace presencia con un cierto nivel de tolerancia por parte del gobierno venezolano. En las negociaciones anteriores la participación activa del presidente Hugo Chávez resulto decisiva puesto que en aquella ocasión también hacían presencia las antiguas FARC en territorio venezolano y la presión de Chávez a las FARC resultó decisiva para que ingresaran a las negociaciones. Hoy la realidad es distinta pero igualmente favorable toda vez que el régimen de Maduro requiere reinsertarse en la comunidad internacional y el gobierno de Petro puede serle muy útil en este empeño sobre todo en la comunidad de América Latina. La oposición venezolana debería entenderlo también para abocar el tema de la transición democrática que buscan en el hermano país. El reparo al marco jurídico para la paz total ha venido del propio ELN que según ha expresado no se siente cómodo con un marco tan general donde tienen cabida además de las Disidencias de las FARC las organizaciones ligadas al paramilitarismo y a las bandas criminales ligadas al narcotráfico.
En este mismo sentido se han pronunciado por separado el exjefe negociador con las FARC Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo que también fue en el pasado el negociador junto con de la Calle de este exitoso proceso. Los reparos de Humberto de la Calle se han dirigido puntualmente a su desacuerdo con una segunda oportunidad de negociación con la Disidencia de la Segunda Marquetalia puesto que para de la Calle no hubo ninguna razón valedera para que Márquez abandonara junto a otros mandos medios de las FARC-EP el proceso. El camino según de la Calle con esta Disidencia debe ser simplemente el sometimiento a la Justicia. Otra cosa muy distinta piensa el presidente de la República Gustavo Petro. Sin entrar en detalles tanto él como el Alto Consejero de Paz, Danilo Rueda, han expresado su voluntad de negociar no solo con las Disidencias que no entraron al proceso como con esta Disidencia que abandonó el proceso y cuya justificación fue el entrampamiento de que fue objeto, con la activa participación de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, y la fiscalía General bajo las orientaciones y acciones de Néstor Humberto Martínez. Lo cierto es que el presidente los ha incluido en el proceso de la Paz Total. Yo creo que la posición y propuesta del presidente de la República es la correcta y debe ser apoyada.
Sergio Jaramillo a mi juicio de manera equivocada también se muestra en desacuerdo con que el gobierno negocie con los grupos sucesores del paramilitarismo y con las bandas ligadas al narcotráfico. Para Jaramillo frente a estos grupos y bandas la única alternativa es que se sometan a la justicia y según él el gobierno no debe negociar sino asesorar ese sometimiento a la justicia. Creo que esta alternativa es equivocada. En primer lugar, porque sin ser una negociación política si cabe una negociación del gobierno con estas bandas criminales para que se sometan o acojan, como prefieren ellos y sus asesores, llamar a ese proceso, requiere negociación de penas, entrega de bienes, reparación a las víctimas y condiciones de reclusión y eso no lo pueden hacer los jueces o los fiscales. Es más, con toda seguridad esas negociaciones van a requerir de una ley que establezca y precise la jurisdicción a la cual se van a acoger o someter y un tema crucial en que el presidente Petro ha avanzado es el tema de la extradición que debe negociarse con el gobierno de los Estados Unidos. Es un proceso complejo que solo el gobierno puede llevar adelante. Me parece que, por estas razones, Sergio Jaramillo no tiene razón en las críticas que formula.
Creo que donde falta claridad es en los mecanismos que el gobierno debe poner en marcha. Sigo pensando que el proceso con el ELN tiene el camino despejado, es una negociación política y para ello se conformará una mesa de negociación con un grupo de países garantes. Ese es el camino y esta claro, otra cosa es el resultado de las mismas negociaciones que será arduo y difícil. Pero la ruta esta clara, excepto en lo expresado por el Comisionado Rueda y el presidente Petro que los puntos que vayan siendo acordados tendrán aplicación y desarrollo inmediato. Esto habrá que desarrollarlo y precisarlo. Hasta ahora es una idea que se ha planteado pero que no tiene desarrollo y el equipo negociador y la propia guerrilla deberán precisarlo cómo sería y sobre todo cómo se haría.
Los otros procesos no tienen desarrollo. Esto es normal y no hay que alarmarse por ello. Pienso que debería haber una mesa de negociaciones con las Disidencias de las FARC que debería abocar la negociación con dos grupos diferenciados puesto que a menudo en los territorios estas Disidencias están enfrentadas. Pero además los puntos de partida son a mi juicio distintos. Una cosa es la negociación con quienes no hicieron parte del proceso y otra muy distinta con quienes por diversas circunstancias abandonaron el proceso. Una sola delegación con dos grupos diferenciados de negociadores puede ser el camino. Habrá que ver cuales son los puntos de partida de las eventuales negociaciones aún no se ha llegado a estas precisiones, pero deberán hacerse para tener un panorama más claro que permita que las negociaciones arranquen. Solo sabiendo esas bases mínimas y lo que pretenden se despejará el mecanismo que se ponga en marcha.
Finalmente, con los grupos sucesores del paramilitarismo y las bandas armadas ligadas al narcotráfico tampoco hay aún claridad. Solo se sabe de la disposición de negociación y sometimiento o acogimiento a la justicia por parte del llamado Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, de la llamada Oficina de Envigado y del grupo los Pachelly. Aquí aún están en la fase exploratoria, pero como ya indiqué, el gobierno deberá conformar una Comisión Negociadora y con seguridad los acuerdos tendrán que refrendarse en el Congreso de la República.
Otro tema tocado por Jaramillo es el del cumplimiento de los Acuerdos con las FARC-EP. Pienso que hay que poner atención a este tema. Como se sabe los puntos más incumplidos tienen que ver con el punto uno de la reforma rural integral, para lo cual y con un gran empeño, el presidente Petro ha aforado dos billones de pesos adicionales para el sector agropecuario en el Presupuesto General de la Nación del año 2023. Es necesario que el gobierno ponga en marcha el Fondo de Tierras para la Paz que es clave, así como avanzar en el Catastro Multipropósito que es la base para la formalización de la propiedad de pequeños y medianos productores. Los equipos de gobierno ya están definidos en sus cabezas principales ahora una vez aprobados los recursos deberán ponerse en marcha. La reforma política ha sido presentada, pero como ya indicamos deja por fuera un tema central que ojalá en el debate parlamentario se recupere y es el rediseño institucional de la institucionalidad electoral. Una reforma sin la creación de una Corte Electoral independiente que forme parte de la rama judicial es incompleta, así como el cambio de los procedimientos en la conformación del Consejo Nacional Electoral que a nuestro juicio debería ser completamente independiente de los partidos políticos. En nuestra Agenda de Transición Democrática hay una propuesta muy concreta sobre estos dos temas.
Relanzar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS. Este tema es importante puesto que la erradicación voluntaria se convertiría en este gobierno en la principal forma de disminuir las áreas de cultivos de uso ilícito. Por ello es fundamental financiarlo y cumplirle a las cerca de 100 mil familias que se acogieron al programa. Pero para que tenga éxito se debe sincronizar con el fondo de tierras para la paz, pues la erradicación es posible, pero en muchos territorios no se puede hacer reforma agraria porque son zonas de parques nacionales, de resguardos o de las comunidades negras. Son temas complejos que se deben emprender ya en sus diseños y en su realización. Así mismo se debería reactivar la Comisión Nacional de Garantías para avanzar en el desmonte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo, aunque con el proyecto de la Paz total se avanza en esa dirección. No creo entonces en la pesimista visión de Sergio Jaramillo, creo que este gobierno esta sentando las bases para el cumplimiento leal del Acuerdo Final suscrito con las FARC-EP.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
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