Las doce campanadas en los calabozos de la DGS de la Puerta del Sol

Por Rosa García*

Se acercaba el fin del año 1970, en plena dictadura de Franco. Las calles bullían con las prisas y el ajetreo característicos de esas fechas. La propaganda del régimen franquista, única permitida, continuaba con sus grandilocuentes discursos sobre las bondades de la dictadura a pesar de que el dictador ya estaba en declive físico, lo que le había obligado a buscar un sustituto en Carrero Blanco, a la sazón, jefe de gobierno

A pesar de la bonanza económica que cacareaban a los cuatro vientos, la inflación seguía siendo un quebradero de cabeza especialmente para las familias obreras ya que la subida de los sueldos se mantenía siempre por debajo del aumento de los precios. A ello se añadían las noticias (ocultadas en lo posible) sobre los casos más destacados de la corrupción política y económica tales como Matesa, Redondela, Caso George Laurent Rivara (cuentas secretas en bancos suizos), etc.

Las élites económicas y políticas que habían sustentado el régimen franquista querían vender la imagen de un cambio de la dictadura. En el mes de junio de 1970 se había firmado un convenio con la CEE (Acuerdo Económico Preferencial) y en el mes de septiembre Franco recibió la visita de Richard Nixon y Henry Kissinger. Sin embargo, esta especie de “dictablanda” quedaba continuamente en entredicho por la dura represión y la falta absoluta de libertades políticas y sindicales.

Efectivamente, la brutal represión política contra los resistentes y opositores de la dictadura estaba en pleno auge y no se detenía por nada, más bien al contrario.

Primera campanada: la detención de Benito Laíz Castro

EEl 31 de diciembre de 1970, Benito Laíz Castro, se encontraba detenido en los calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS) que tenía su sede en la Real Casa de Correos. No recuerda haber escuchado nada porque allí no llegaba el sonido de las campanadas ni el bullicio de los que se encontraban en la Puerta del Sol celebrando la entrada del nuevo año. Solo se oían los cerrojazos de las puertas de las celdas cuando venían a buscar a alguien para subirle a los despachos de la Brigada Político Social (BPS) donde tenían lugar los interrogatorios, malos tratos y torturas.

Benito era un joven químico que trabajaba como director técnico en una empresa de cosméticos y militaba en la clandestina ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores). El 14 de diciembre de 1970 se dirigió al despacho laboralista de Paca Sauquillo, situado en la calle Lista (ahora Ortega y Gasset), a realizar una consulta laboral. Le comentaron que, al parecer, la policía estaba deteniendo a gente a la salida del despacho y para prevenir esta detención, se marchó pronto. Sin embargo, notó que dos “sociales” (como se conocía a los policías de la BPS) le seguían, decidió dar una vuelta a la manzana y al llegar a la Plaza de Salamanca los sociales sacaron la pistola y dieron varios tiros al aire. Benito fue detenido. Le llevaron primero a una comisaría de la misma calle y de allí fue trasladado a la DGS, conocido lugar de detención y torturas contra los luchadores antifranquistas.

Segunda campanada: interrogatorios y torturas

Debido al estado de excepción promulgado por el Consejo de Ministros, quedaba suspendido el artículo 18 del Fuero de los Españoles que estipulaba el límite de 72 horas de detención, Benito sufrió 26 días de interrogatorios, malos tratos y torturas a manos de los esbirros de la policía política, entre ellos los inspectores Domingo Benayas Saiz de Rozas y el Jefe de Grupo, Jaime Gilabert. “Me hicieron hacer el pato, obligándome a andar con las manos esposadas por debajo de las rodillas. También tuve que estar muchas horas de puntillas con los dedos apoyados en la pared, si flojeaba, me molían a porrazos, recibía continuamente golpes e insultos. Recuerdo a un tal Torcuato, alférez provisional, que me daba cabezazos contra la mesa recitando una sarta de improperios”.

En las fechas navideñas (ya habían pasado más de diez días de detención) dejaron que pasara a verle durante unos minutos un familiar suyo. A continuación, rompieron la declaración que le habían hecho firmar y volvieron a empezar los interrogatorios, los malos tratos y las torturas. Al fin, el 12 de enero le pasaron a la cárcel de Carabanchel, a la tercera galería, aunque con la amenaza de volver a ser trasladado a la DGS en virtud del estado de excepción. A pesar de ello, ante el juez contó lo que había sufrido en manos de la BPS.

Tercera campanada: la lucha contra la dictadura

En 1970 se produjeron más de 1.500 huelgas en las que participaron cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. Principalmente estas movilizaciones se concentraron en el País Vasco, Barcelona, Asturias, Madrid, Sevilla y Granada. En esta última ciudad, el 21 de julio, durante el transcurso de una huelga de la construcción, fueron asesinados por la policía tres obreros: Antonio Huertas Remigio, Cristóbal Ibáñez Encinas y Manuel Sánchez Mesa.

En la apertura del Campeonato del Mundo de Pelota Vasca en Donosti, celebrada en septiembre, el joven Joseba Elósegui se prendió a lo bonzo y se arrojó desde las gradas para protestar ante Franco, que presidía el acto.

En las diferentes universidades continuaba la lucha contra el régimen franquista que había cogido un importante auge el año anterior, tras el asesinato del estudiante Enrique Ruano. En ese momento, el movimiento estudiantil era punta de lanza de la lucha política contra la dictadura. Por ejemplo, el 20 de enero de 1970, en conmemoración del asesinato de Ruano, más de dos mil de estudiantes se manifestaron en Moncloa, algo muy valiente dada la prohibición absoluta de este derecho. Además, el 4 de agosto de 1970 se publicaba la Ley General Básica de Villar Palasí que implantaba la EGB, BUP y COU y la Formación Profesional y dejaba entreabierta la puerta a la selectividad en el acceso a la universidad, lo que dio lugar a numerosas protestas universitarias ese curso y los siguientes.

Las huelgas, actos y movilizaciones se agudizaron ante la celebración del juicio militar contra 16 luchadores antifranquistas, conocido como Proceso de Burgos.

Cuarta campanada: el Proceso de Burgos

El 3 de diciembre dio comienzo en Burgos el Consejo de Guerra sumarísimo. Se acusaba a 16 personas (entre los que se encontraban tres mujeres y dos sacerdotes) de ser militantes de ETA y se les pedían 6 penas de muerte y 752 años de prisión. El expediente de la causa había permanecido secreto para los acusados y sus abogados hasta poco antes de comenzar el juicio, como era habitual en este tipo de procesos militares. El vocal ponente y asesor jurista de la fiscalía era el capitán Antonio Troncoso y el presidente del tribunal militar, el teniente coronel Manuel Ordovás González, que ya había condenado a muerte a Andoni Arrizabalaga en otro consejo de guerra el año anterior.

La reacción contra el juicio se llevó a cabo de manera masiva en el Estado español (dentro de las posibilidades que dejaba la durísima represión política y la clandestinidad de los grupos y partidos opositores al régimen). Se produjeron varios paros, huelgas estudiantiles, manifestaciones y saltos, particularmente en el País Vasco, Navarra, Cataluña y Madrid, que se extendieron por el resto del Estado español.
El 1 de diciembre, el cónsul honorario de Alemania Federal en Donosti, Eugen Beihl Schaeffer, fue secuestrado por ETA para pedir su canje por los militantes a quienes se pedía la pena capital.

A nivel internacional este juicio suscitó un importante rechazo, concitando la solidaridad con los encausados y con el movimiento nacionalista vasco, que ya contaba con importantes apoyos, como fue el caso del pensador francés Jean Paul Sartre. También la prensa norteamericana y europea contribuyó a difundir el rechazo a las penas de muerte.

Quinta campanada: El estado de excepción

El 4 de diciembre, durante una manifestación en Éibar, la policía hirió a Roberto Pérez Jáuregi, que falleció poco después; y ese mismo día el Ministro de la Gobernación Tomás Garicano solicitó en el Consejo de Ministros la aprobación de la declaración del estado de excepción en Guipúzcoa, que el día 14 se amplió a toda España.

El estado de excepción significaba la suspensión de varios artículos del Fuero de los Españoles que recogían (aunque solo era en el papel) algunos derechos civiles, tales como el artículo 15 que mencionaba la inviolabilidad del domicilio o el mencionado artículo 18. Este era el décimo estado de excepción declarado por la dictadura desde 1956 y le seguiría aún otro más en 1975. Tuvo una vigencia inicial de 6 meses, anulándose mediante un decreto el 6 de febrero de 1971.

Sexta campanada: Franco es obligado a ceder

El 28 de diciembre de 1970 se hizo pública la sentencia del Proceso de Burgos: se confirmaron las seis penas capitales. Sin embargo, dada la importantísima movilización nacional e internacional que se había producido, dos días después, Franco conmutó las penas de muerte por cadenas perpetuas (un máximo de treinta años según la legislación penal española) para no deteriorar aún más la imagen del régimen que querían “dulcificar”.

Conviene recordar que en 1967 el almirante Luis Carrero Blanco ocupó la vicepresidencia, como forma de asegurarse que la dictadura llevara adelante una política de continuismo; y en julio de 1969 Juan Carlos de Borbón fue designado su sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey, prestando juramento de lealtad a Franco, a los principios del Movimiento y a las leyes fundamentales del Estado. Juramento que nunca rompió.

Séptima campanada: La cárcel y el TOP

Benito Laíz vivió la cárcel como un remanso de “democracia”, en comparación con la de la DGS. Los presos políticos se organizaban en Comunas donde se compartía todo lo que se tenía y se recibía. Existían mayores posibilidades de ejercer la libertad de expresión y reunión que no era posible disfrutar en la calle. Esto lo habían conseguido las luchas de los presos políticos de las décadas anteriores. Se podía estudiar, leer, discutir textos políticos, por ejemplo y se podían realizar reuniones de forma tranquila, algo que era imposible tener fuera debido al control policial.

En el juicio ante el Tribunal de Orden Público (TOP) el fiscal le retiró la acusación ya que el atestado policial fue tan chapucero que no le podían acusar de lo que decían, dada la denuncia hecha en su primera comparecencia ante el juzgado de los maltratos recibidos en la DGS, lo que puso aún más de manifiesto el carácter represivo de la dictadura y de su policía, tras 26 días de detención incomunicada. Sin embargo, sufrió la represión laboral, le despidieron de su trabajo que no pudo volver a recuperar.

Ese mismo año, el TOP (tribunal especial para delitos políticos) había iniciado 1.358 procedimientos que implicaron a 3.945 personas, de las cuales 918 fueron procesadas y condenadas en las 316 sentencias en las que impusieron 479 años de prisión y 3.440.000 pesetas de multas. La represión judicial específica siguió en aumento en los años posteriores, llegando a triplicar el número de personas implicadas (9.715 en 1975 y 9.778 en 1976) y condenas (1.565 años en 1975 y 1.357 años en 1976),, según datos recopilados por Juan José del Águila en su libro “El TOP: la represión de la libertad (1963-1977)”.

Octava campanada: Los estertores del franquismo

El éxito de la presión popular contra las penas de muerte del Proceso de Burgos asustó sobremanera al régimen franquista que ya estaba debilitado y que se veía en la necesidad de buscar una alternativa a Franco. Su opción fue endurecer la represión, tal y como había hecho desde el principio. Eso significó una mayor contundencia represiva y una reafirmación de los principios fascistas del régimen, recurriendo a métodos, leyes y consejos de guerra como en los 40 y que convirtieron a los últimos años de la dictadura como los más duros desde la postguerra.

Un ejemplo de esto fue la Ley Antiterrorista del 26 de agosto de 1975 y las condenas a muerte para militantes antifranquistas ejecutadas contra Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974 y las de José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García, Xosé Humberto Baena, Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot, el 27 de septiembre de 1975, de las que se van a cumplir 50 años.

Novena campanada: La imposición del ocultamiento y el olvido en la transición sangrienta

“Hay que olvidar todo o casi todo lo que hemos aprendido, si es que se quiere que haya aquí patria siquiera” había dicho el reaccionario Cánovas en 1876 para afianzar la legitimidad de la segunda restauración borbónica para gobernar, tras la revolución de 1868 (“La Gloriosa”) y la breve primera República de 1873. Esa misma premisa aplicaron los prebostes de la transición para reafirmar la legitimidad de la tercera restauración borbónica en la persona de Juan Carlos I. Tantos años de ocultamiento han permitido que subsista el franquismo, como expresión política de los privilegios de los poderosos que protegió la dictadura.

La élites económicas y políticas de nuestro país siempre que han podido han demostrado su odio, desprecio y temor a las clases populares y, por ello, el proceso no constituyente que entronizó la continuidad del franquismo sin Franco se impuso mediante el terror y el olvido. Los casi trescientos asesinatos policiales o parapoliciales de jóvenes demócratas que salieron a las calles a exigir lo que se nos había negado durante tantas décadas, dan fe de la categoría de esa estirpe corrupta y sátrapa que nos gobierna desde hace siglos.

Décima campanada: La Ley de Amnistía de 1977

“Que los jóvenes conozcan la historia, que sepan lo que ha pasado, que contrasten opiniones. La Ley de Amnistía sacó a la gente de la cárcel, pero dejó impune a todos los asesinos, torturadores, ladrones y cómplices de la dictadura”, nos recuerda Benito Lain que a consecuencia de su detención fue despedido de su trabajo. Sufrió la represión política y la represión laboral que la acompañaba. Al igual que los estudiantes detenidos perdían sus becas, eran expulsados de la Universidad o sufrían una represión más sibilina que, a la postre, les impedía sacar sus estudios.

Benito concluye que “La Ley de Amnistía no nos sirvió para recuperar nuestro puesto de trabajo, porque había una trampa: si se había llegado a un acuerdo con la empresa en el juicio del despido, no se aplicaba esta amnistía y, por tanto, , a pesar de que mis compañeros votaron a favor de que fuera readmitido, tal hecho no se produjo”.

Undécima campanada: La memoria democrática

A finales del siglo pasado y, en especial, a principios de este siglo, resurge con fuerza la lucha por conocer el destino de las ciento cincuenta mil personas republicanas y demócratas asesinadas durante la guerra y la postguerra y enterradas en cunetas y fosas comunes sin que sus familiares supieran dónde ni cuándo, entre los que se encuentran los más de cincuenta mil fusilados tras la guerra.

Este movimiento coge impulso y se empieza a hablar de memoria histórica, de memoria democrática. En 2007, la movilización obliga al gobierno del PSOE –que contaba con mayoría absoluta en el Parlamento– a elaborar una primera Ley de Memoria Histórica que se queda en agua de borrajas y no cubre las exigencias de este movimiento memorialista. Otro momento desaprovechado.

A pesar de ello, los años siguientes este movimiento va cogiendo fuerza y se van añadiendo nuevas organizaciones de víctimas de la dictadura franquista, como La Comuna, asociación de presxs y represaliadxs por la dictadura franquista. El 14 de abril de 2010 se presenta una querella contra los crímenes del franquismo ante la justicia de Argentina (“querella argentina”). Igualmente, a partir de 2017 se interponen querellas por torturas, robo de bebés, trabajo esclavo y otros delitos ante la judicatura española, apoyadas por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) y que ya suman más de 100, a pesar de que la judicatura española se ha negado a admitir acogiéndose a la Ley de Amnistía y a la prescripción de los delitos, negándose a aplicar el derecho internacional y a asegurar el derecho constitucional de la tutela judicial efectiva.

El 19 de octubre de 2022 se publica la Ley de Memoria Democrática que supone un avance respecto a la anterior en varios aspectos salvo en el tema de la justicia. En esta Ley se incluyen varios artículos para declarar lugares de memoria democrática a lugares significativos, como es el caso de la Real Casa de Correos de Madrid, sede de la antigua DGS lo que han exigido reiteradamente las organizaciones memorialistas y cuyo expediente se acaba de iniciar de oficio por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática (BOE Núm. 257, jueves 24 de octubre de 2024, Sec. III. Pág. 136719)

Duodécima campanada: Colofón

Ante los exabruptos, falsedades e insultos de la derecha nacionalista española y la oposición recalcitrante del gobierno de la Comunidad de Madrid para significar el edificio de la DGS como lugar de memoria democrática, Benito hace la siguiente reflexión:

“Señora Ayuso: usted puede ser todo lo fascista que quiera y yo todo lo comunista que me parezca, pero ni usted ni yo podemos negar los hechos históricos; es decir, que el edificio de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid fue un centro de detención y tortura de la dictadura. ¡Y DE ESO DEBE QUEDAR CONSTANCIA!”.

Se puede decir más alto, pero no más claro.

* Represaliada política en la dictadura. Activista de La Comuna, Presxs del Franquismo.
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