Las fronteras invisibles para la búsqueda de las personas migrantes

Por Carolina Robledo Silvestre*. LQSomos.

Entre el 12 y el 28 de marzo de 2023, un grupo de madres centroamericanas caminó colectivamente por los territorios de Sonora y las oficinas burocráticas de la ciudad de México en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, en la primera Brigada Internacional de Búsqueda “Tejiendo Rutas”

En un andar doloroso pero resistente, las buscadoras lograron reunir nueva información para continuar la búsqueda de cinco jóvenes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, cuyo último paradero conocido se ubica en dicho estado del norte de la república, por donde cientos de migrantes intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Organizar esta brigada tomó más de siete meses e implicó un trabajo riguroso por parte de las familias agrupadas en la Red Regional de Familias Migrantes, para que las autoridades respondieran a su obligación de procurar todas las facilidades de traslado, protección y coordinación antes y durante la búsqueda.

Para las buscadoras de personas migrantes, buscar implica desafíos adicionales a los que enfrentan las familias mexicanas. Uno de los más evidentes es la distancia física entre sus países de origen y el posible destino de sus familiares desaparecidos, que se agranda cuando habitan territorios rurales alejados de los centros urbanos.Una de las buscadoras observa el muro de las huellas de la memoria ubicado frente a la Fiscalía General de la República en Ciudad de México. Foto: Sandra Odeth Gerardo

Amalia Irene, quien vive en un poblado pequeño de Comayagua, Honduras, debió recorrer ocho horas en bus para llegar a Tegucigalpa, la capital, después de que fuera notificada por la Fiscalía General mexicana que debía iniciar el trámite en el consulado para obtener su visa humanitaria. Al llegar a las oficinas, el Cónsul le negó la atención e ignoró que Amalia llevaba consigo los documentos oficiales que el Gobierno Mexicano le había enviado para facilitar su visado. El mismo trato recibió Marina, habitante de la misma región de Honduras, quien busca a su sobrino-hijo (como ella lo llama) Jordín Ariel Castillo, desaparecido en marzo de 2021 en Altar, Sonora. Cada viaje a la capital implica para ellas gastos, acomodos domésticos y faltas al trabajo con impactos importantes en sus núcleos familiares y en sus ingresos.

Evelyn, madre de Milton Javier Aguilera Gómez y residente en España hace 18 años, pidió vacaciones en su trabajo de cuidadora para participar de la brigada, pero solo un día antes del viaje recibió la visa humanitaria y el depósito para la compra de sus boletos. Se vio obligada a correr para organizar el vuelo transatlántico con un gasto emocional tremendo por la angustia de no saber nada hasta el último minuto.

Tres mujeres que venían de El Salvador y de Honduras fueron retenidas durante cuatro horas en las oficinas de migración del Aeropuerto de la Ciudad de México, a pesar de que todas contaban con visa humanitaria. Incomunicadas y sin acceso a alimentos o bebidas, debieron contestar las preguntas de los funcionarios que las interpelaron con tono desafiante y altanero hasta que las dejaron ir, gracias a la presión ejercida por el colectivo con las autoridades encargadas.

Estos obstáculos, sin embargo, no fueron los únicos que enfrentaron las buscadoras para lograr reunirse en México. Durante los siete meses que duró la planeación de la brigada lidiaron con instituciones indolentes y omisas que obstaculizaron el proceso de organización de la búsqueda y aplazaron los trámites indispensables para hacerla posible: registrar a las mujeres como víctimas en el Renavi (Registro Nacional de Víctimas), tramitar las visas para su ingreso a México y resolver la logística de los traslados, el alojamiento y la seguridad durante los días de la búsqueda.

Pero las fronteras que enfrentan estas mujeres no son sólo aquellas que se interponen en relación con las instituciones: las familias de las personas migrantes desaparecidas sufren condiciones de precariedad que dificultan el acceso a recursos materiales, información, redes de apoyo, conocimiento jurídico y tecnológico, y capacidad para la búsqueda. Algunas de ellas ni siquiera logran contactar a las autoridades mexicanas porque carecen de acceso a internet y recursos económicos para procurar una conexión permanente o viajar a los centros urbanos y dar seguimiento a los casos en los consulados. La mayoría de ellas ejerce trabajos precarios y pesadas cargas de cuidado en el espacio doméstico que limitan su disponibilidad para dar seguimiento a los trámites o procurar el cuidado propio.

Durante los días de la brigada, otras fronteras impidieron que el plan se llevara a cabo como se había programado: las autoridades negaron a última hora a las mujeres acceder a los centros penitenciarios para la búsqueda, a pesar de que esta acción se había acordado meses atrás.Juntas en el aeropuerto para iniciar la búsqueda de sus desaparecidos. Foto: Ana Enamorado

Las buscadoras con experiencia, como Ana Enamorado, quien coordinó la Brigada, saben que los penales son lugares fundamentales para recabar pistas entre las personas privadas de la libertad y se requiere el ingreso directo, pues los registros que presentan las autoridades no son fieles a la población carcelaria. La propia Ana ha participado del hallazgo de personas migrantes dadas por desaparecidas que permanecían recluidas sin comunicación en los penales mexicanos. La negativa de las autoridades a visitar los centros penitenciarios durante la brigada, no sólo limitó el derecho de las mujeres a buscar, sino también el derecho de sus hijos a ser buscados.

El itinerario de la brigada también tuvo que ajustarse a las condiciones de seguridad de la zona. Buscar a las personas migrantes implica riesgos significativos, pues revela dinámicas macrocriminales en las que participan el crimen organizado y las corporaciones estatales en cadenas de violencia que incluyen el secuestro, la extorsión, el reclutamiento forzado, la tortura y la desaparición forzada. El control en los territorios de búsqueda es absoluto y las acciones de las buscadoras son vigiladas y fiscalizadas. Para ellas, recorrer el desierto con toda su inmensidad y peligrosidad y andar los poblados controlados por el contubernio macrocriminal, significó un choque emocional fuerte, pues mostró el contexto de dificultades y violencias que debieron atravesar los suyos en su deseo de cruzar la frontera hacia el norte.

Aún con todos los obstáculos, en este caminar juntas las buscadoras lograron en pocos días lo que el Estado Mexicano no había hecho en años: reunir nuevas pistas para dar con el paradero de los cinco jóvenes desaparecidos en Sonora entre 2015 y 2021, y comprender el contexto específico de la migración y el tráfico de personas en esta región para proponer búsquedas más eficaces.

Al final, el agotamiento físico y emocional de la brigada se dejó sentir, pero las mujeres regresaron a casa fortalecidas en el trabajo colectivo y en su inmensa capacidad para construir esperanza allí donde parece que todo está perdido.

* Carolina Robledo Silvestre es periodista colombiana, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Catedrática Conacyt, comisionada al CIESAS Ciudad de México y coordinadora del Observatorio Etnográfico de las Violencias. Integrante y fundadora del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF). El GIASF es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. Publicado en “A dónde van los desaparecidos”

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