Libertad republicana
Por Arturo del Villar.
Este 17 de mayo de 2023, dentro de la absoluta normalidad republicana, el Tribunal de Apelación de París condenó a Nicolas Sarkozy, que presidiera la República Francesa entre 2007 y 2012, y dos cómplices, a tres años de prisión, uno de los cuales en retención domiciliaria bajo vigilancia
La sentencia reconoce la comisión de los delitos de corrupción y tráfico de influencias, lo que representa un asunto de gravedad cierta en términos de asalto a las instituciones, según dice el texto.
El expresidente francés es un adicto a los tribunales de Justicia en su país. Ya el 30 de setiembre de 2021 fue condenado por el Tribunal Correccional de París a un año de cárcel por la financiación ilegal de su partido durante la campaña de 2012, al haber sobrepasado los gastos autorizados por la Ley, y tiene pendientes varias comparecencias ante los magistrados, acusado de otros delitos del mismo jaez, siempre en relación con las finanzas.
En una República todos los ciudadanos son iguales ante la Ley, desde el presidente de la República. En las monarquías dotadas de Constitución se incluye un artículo proclamando ese derecho, como lo hace la vigente borbónica de 1978 en su artículo 14: “Los españoles son iguales ante la Ley”, pero todos sabemos por la cruel experiencia que eso es una vil mentira, porque hay familias y personas colocadas por encima de todas las leyes humanas, y desde luego los obispos no les aplican las divinas.
Como ejemplo más conocido tenemos el del ahora exiliado rey decrépito Juan Carlos de Borbón y Borbón. Es el enemigo público número 1 de los españoles, porque dedicó los 39 años de su infausto reinado a dos actividades exclusivas: a incrementar por todos los medios, principalmente los ilícitos, su fortuna personal, y a fornicar con las vasallas, además de hacerlo también con algunas extranjeras.
Por ello su fortuna personal se calcula en dos mil millones de euros bien colocados en paraísos fiscales por sus testaferros, y su harén global sucesivo en 1.500 barraganas de diferentes clases y condiciones. Son cifras alucinantes, pero lógicas en quien no tenía otra distracción, ya que de gobernar se ocupaban sus ministros domesticados, conocedores de esos datos, lo mismo que el resto de los vasallos, pero fingían no enterarse.
La causa de esa situación radica en el tercer punto del artículo 56 de su Constitución, que asegura: “La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.” En consecuencia, pudo hacer todo lo que le dio la real gana sin que nadie le recriminase su actividad delictiva, incluida su legítima esposa, quien aceptó el ridículo papel de malquerida con tal de seguir disfrutando de la comodidades del reinado ella y su hermana.
Cuando el escándalo provocado por su conducta crapulosa se hizo intolerable hasta para los más sumisos vasallos, abdicó en su hijo en 2014, y se exilió en Abu Dabi, con los amigos jeques que tanto dinero le habían dado por diversas comisiones a repartir entre todos.
Se intentó inculparlo de numerosos delitos económicos, pero la Fiscalía del Tribunal Supremo de la Justicia española acordó el 2 de marzo de 2022 archivar todas las investigaciones abiertas acerca de su fortuna. Rechazó las pruebas aportadas por Anticorrupción basándose en el citado artículo 56:3 durante su reinado, y para después de su abdicación por haber prescrito.
Estaban abiertas tres líneas de investigación: las comisiones por la construcción del tren AVE a La Meca, los sobornos facilitados por el millonario mexicano Allen Sanginés—Krause, y las cuentas secretas en la isla paradisíaca de Jersey para los fraudes económicos.
Es una de las diferencias entre la República igualitaria y la monarquía discriminatoria. En el breve período republicano de que ha gozado la triste historia de España, ya se dio un caso demostrativo de la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. El 7 de abril de 1936 las Cortes votaron la destitución del presidente de la República Española, Niceto Alcalá—Zamora, no a causa de la perpetración de delitos económicos, que en ese aspecto fue intachable su gestión, sino por haber cometido irregularidades al disolver por segunda vez las Cortes. Le sustituyó de forma interina precisamente el presidente de esas mismas Cortes, Diego Martínez Barrio, hasta la elección del nuevo presidente el 10 de mayo, que lo fue Manuel Azaña.
En todos los aspectos que se quiera comparar, el régimen republicano garantiza la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos ante las leyes, mientras el monárquico mantiene a los vasallos sometidos al capricho del monarca. Todos lo sabemos, pero a algunos les gusta ser vasallos. A mí no, y por ello repito el grito de los revolucionarios de 1868: “¡Viva España con honra! ¡Abajo los borbones!”
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