Los Bárcenas de CCOO y UGT
Según último barómetro de Confianza Institucional elaborado por Metroscopía, los sindicatos mayoritarios (o sea, institucionales) figuran junto a los obispos y la patronal entre las siete entidades menos queridas de la opinión pública. Su descrédito solo es superado por el Parlamento, el gobierno del Estado, los bancos, los partidos y los políticos, que figuran en el último escalón del ránking del rechazo popular. Auténticos enemigos públicos. En los últimos meses se ha generalizado una demanda popular para esclarecer los chanchullos que presuntamente ha cometido Luis Bárcenas en su etapa de tesorero-senador del Partido Popular. Con toda justicia la gente quiere saber de dónde procede el dinero que dicho ex dirigente conservador ha amasado, y sobre todo si nuevamente nos encontramos ante una trama de financiación ilegal del PP, como en su día sucedió con el PSOE en el caso Filesa. La vigente Constitución otorga un fuero especial a los partidos políticos, que incluye suculentas subvenciones públicas, en su condición de agentes que “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política” (Art. 6 CE). Pero no dicen que puedan robar, sino todo lo contrario, que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Deberán, esa es la cuestión, en hipótesis.
Por eso hay que celebrar que en estos momentos el “caso Bárcenas” (y lo que le cuelga) esté en los tribunales y marchando comisiones rogatorias a varios paraísos fiscales para determinar el nivel de las fechorías realizadas bajo el parapeto del partido en el gobierno, el mismo que sigue profundizando en la herida social abierta por el anterior ejecutivo socialista al echarse en brazos del golpe de los mercados y la Troika (CE,BCE, FMI). Igualmente debemos reconocer el mérito de que IU, Ecologistas en Acción y otras formaciones políticas, a las que recientemente se ha sumado CGT, se hayan personado en el sumario para ejercer la acusación popular.
Pero no se entiende bien como esa diligencia que la izquierda institucional está demostrando en el affaire del PP no se extiende a otras organizaciones que llevan tanto o más tiempo que el “caso Bárcenas” en el medallero de la corrupción. Me refiero a las ya más que acusadoras revelaciones de los EREs andaluces que instruye en monumental sumario la juez Mercedes Alaya. Procedimiento que no sólo implica a dirigentes de la anterior Junta y del Partido Socialista en aquella comunidad, sino que alcanza de lleno a los dos principales sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), que como asimismo señala la Carta Magna deberían atenerse a una estructura interna y funcionamiento democráticos (Art. 7 CE ).
¿A qué se debe esa flagrante discriminación que se visualiza incluso en una muy diferente cobertura informativa en los medios llamados progresistas? ¿Porque lo que ocurre al sur de Despeñaperros no interesa por tratarse de “uno de los nuestros”? ¿Porque Izquierda Unida gobierna allí precisamente con los presuntos capos de los ERES? ¿Existe algún trazo inconfesable en el sumario Mercasevilla, que determinó la imputación del primer teniente alcalde de Sevilla por IU Antonio Rodrigo Torrijos, con los dirigentes del PSOE-A que condiciona la hoja de ruta de la Coalición Rojayverde? ¿Por qué la dirección de IU permitió que Rodrigo volviera a presentarse a las elecciones, rompiendo su brillante expediente en temas de corrupción?
Dejemos volar la imaginación, pero no nos andemos por las ramas. Aunque todas la comparaciones son odiosas, y en temas de corrupción no se puede hacer distinciones entre ladrones de primera y cleptómanos de cuarta, lo cierto es que la alarma social del sumario de los EREs debía ser notoriamente mayor que la inferida por lo que hasta hora se sabe del asunto Bárcenas (mañana será otro día). Por cuantía de lo supuestamente birlado, por quiénes son los perjudicados, por el cómo y por el por qué? Como todo el mundo en la izquierda está al tanto de la calle del escándalo made in Bárcenas-PP, repasemos lo que se ventila desde la otra orilla y que hasta hace poco era considerado por la prensa guapa casi como una especie de conspiración de los fachas.
El butrón Bárcenas se eleva según las primeras estimaciones a unos 40 millones de euros. El que recae sobre los EREs alcanza los 132 millones, tres veces más. El dinero que se elucida en la trama que afecta al PP es de procedencia privada, probablemente de oscuras aportaciones realizadas por empresarios. En el caso andaluz se trata de dinero público y procedía de las subvenciones que el gobierno destinaba al paro y a la formación de empleo. En la primera trama, miembros del partido implicado se han querellado contra “Luis el cabrón”. En la otra, la juez tuvo que conminar a la Junta de Andalucia para que entregara las actas de las reuniones donde se aprobó el modus operandi de los EREs. La investigación que lleva la Audiencia Nacional arranca de la publicación de unos “papeles” en un diario cuya autenticidad aún no ha sido judicialmente demostrada. En la que afecta a la cúpula de los socialistas andaluces se parte de un proceso judicial con luz y taquígrafos. Finalmente, las cuentas del PP están siendo visadas por el Tribunal del Cuentas, por contra los responsables de la Junta desoyeron en numerosas ocasiones las advertencias de la Intervención Delegada sobre las irregularidades en los EREs.
Pero además hay un suma y sigue. Como en el asunto de los EREs se trata de dinero público para expedientes de regulación de empleo de empresas en crisis, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT (no ya sus ex dirigentes-chorizo, tipo Juan Lanza, deslocalizados como conseguidores en consultoras amigas), fueron cooperadores necesarios en el desfalco organizado. Lo que en estos momentos está encima de la mesa supera todas las maledicencias. De lo actuado sumarialmente se deduce que las direcciones de Comisiones y UGT a nivel estatal recibieron 6,5 millones de euros de sobre-comisiones (la versión sindical de los sobre-sueldos del PP sobre los que se especula). Más de 10.000 millones de las antiguas pesetas de los EREs fueron a parar a la caja de ambas centrales entre los años 2001 y 20011, o sea, abajo los gobiernos antagónicos de Aznar y Zapatero. Entre ellos el millón de euros en que cifraron dichos sindicatos el precio de su trabajo en el cierre de Dephi, cuyos cientos de despedidos por cierto aún esperan que se cumpla la promesa de recolocación que les hizo solemnemente la Junta de Andalucía.
Hasta aquí los hechos. Nos podemos llamar andana. Argüir que ha sido por “imperativo legal”. Pero el bochorno es morrocotudo y la indignidad no te cuento. Tanto como contemplar atónitos la eficacia de la izquierda para querellarse en temas de clara rentabilidad política al mismo tiempo que permite que un seudosindicato ultra sea quien esté personado en solitario en casos clave como Nóos y Madrid-Arena. Son cosas que no se comprenden y si se comprenden es casi peor. Como el despido de 5.200 profesores interinos en el País Valenciá que acaba de rubricar CCOO-PV, dando lugar al primer escrache pasacalles contra los sindicalistas que se han plegado a esa escabechina. Mientras los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, Toxo y Méndez, se apoltronan en sus cargos reelegidos a la búlgara, la pregunta que no cesa es: ¿dónde están los Bárcenas de CCOO y UGT?
