Los otros 23-F de la democracia
El 23-F fue el golpe de Estado por antonomasia de la democracia. Un intento violento, con banda armada uniformada al mando, para alterar sustancialmente el marco de derechos y libertades salido de las urnas.
Aunque “el tejerazo” no triunfó, según la tesis oficial. El golpe, liderado por el preceptor del Rey y el general más monárquico del Ejército, fue frenado por el Rey en su condición de jefe de las Fuerzas Armadas, y así fue como la democracia salió reforzada. Cosas veredes.
Pero si ampliamos el foco y entendemos como “golpe de Estado” todo hecho traumático, aunque no sea un acto de fuerza, que modifica la arquitectura del sistema político, en España no ha habido un solo 23-F sino tres más, y un “golpe de mano” de propina que persigue parecidos propósitos por medios menos bruscos. Golpes perpetrados todos ellos al margen de la voluntad general, aunque lleven el aval preceptivo del Parlamento, donde reside la soberanía nacional cuando el pueblo inverna.
El primero de estos “golpes de Estado” de segunda división se produjo en 1986 al entrar España en la Unión Europea sin que mediara un referéndum (consultivo). El PSOE en el poder, el PP en la oposición y la mayoría de las fuerzas políticas consideraron que acceder a tamaño club era tan bueno que dieron por hecho el “sí quiero” de la ciudadanía. Y así se sentó el peligroso precedente de considerar que ceder competencias y soberanía a un entre supranacional no requiere mayor trámite democrático que el timbrado de una póliza. Prestigiosos juristas de la época cuestionaron la medida, pero la cosa no fue a más porque el duopolio dinástico imperante y los medíos de comunicación afines se encargaron de bendecir el asunto. Una vez más la clase política se desvivía por “nuestro propio bien”, aunque tanta diligencia entrañara considerar a los ciudadanos como menores de edad. Quizás por eso, cuando en 2005 se votó la “Constitución Europea” solo concurrió al escrutinio un insuficiente 41,8% de los electores.
El segundo tuvo carácter económico y se consumó al decidir el presidente Rodríguez Zapatero responder cleptómanamente a un ultimátum del Banco Central Europeo (BCE) para que tomara medidas frente a la crisis. La carta del entonces presidente del BCE, Jean Claude Trichet, entró en Moncloa el 5 de agosto de 2011, y catorce días más tarde, tras hablar con el líder del PP Mariano Rajoy, el jefe del gobierno firmaba un Decreto-Ley, convalidado el 25 de agosto por la mayoría parlamentaria, mediante el cual se modificaba el artículo 135 de la Constitución para incluir el equilibrio presupuestario. El “zapaterazo” significaba en la práctica importar a la Carta Magna el modelo económico neoliberal y primar el pago de la deuda por encima de cualquier otra partida social, dejando también claro la imposibilidad de aplicar quitas sobre el total de los créditos asumidos por el Estado. Si jamás se supo quién estaba detrás de la trama civil del 23-F, en este caso la prueba de cargo también pareció tragársela la tierra. Negada en la sede de la soberanía nacional, la carta vio la luz en un libro de memorias que, bajo el título de El Dilema, publicó Zapatero en 2013, fruto de un contrato con el Grupo Planeta por el que el expresidente recibió un adelanto de 700.000 euros. De esta manera, la opinión de un alto funcionario de una institución europea inelegido democráticamente derivó en una flagrante involución constitucional en España y en un espléndido negocio para el presidente del país que debía velar por los intereses de sus ciudadanos.
El tercer mazazo calcó la operativa de la reforma exprés consensuada del artículo 135 de la CE, apenas despertó interés y contó con una indiferencia absoluta, a pesar de que la acción podría comprometer a futuros gravemente la seguridad de todos los españoles. Se produjo en octubre de 2011, solo un mes antes de las elecciones generales, cuando el ejecutivo socialista aceptó que España fuera la sede del componente naval del Escudo Antimisiles de Estados Unidos, despliegue militar avanzado por la Casa Blanca en el mediterráneo. Un suma y sigue en la dinámica de subordinación de nuestro país a la estrategia defensiva norteamericana desde que Felipe González solicitara la entrada en la OTAN, organización bélica a la que incluso aportaríamos un secretario general en la persona de Javier Solana, seguramente porque como ex ministro de Educación sabía que “la letra con sangre entra”. En esa ocasión un silencio sepulcral rubricó la operación, dando por hecho que lo que es bueno para el Tío Sam es cojonudo para la Marca España.
Junto a esos cuatro “golpes de Estado”, duros y blandos, en estos últimos tiempos de corrupción generalizada de los de arriba también ha habido un “golpe mano”, dirigido en esta ocasión a crear las condiciones para abortar los procesos judiciales abiertos contra el saqueo perpetrado por las castas políticas dominantes. Tuvo lugar a primeros de diciembre y se concretó en el reparto por PP, PSOE, IU, CiU y PNV del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la institución encargada de nombrar a la mayoría de los miembros de la alta magistratura, y en especial a los integrantes del Tribunal Supremo, jurisdicción encargada de juzgar a los aforados y donde suelen terminar en recurso de casación las grandes causas penales. Aunque toda la izquierda instalada, PSOE e IU, había acusado reiteradamente al gobierno del partido popular de estar acometiendo una regresión democrática, ambos partidos han aceptado finalmente por entrar en el nuevo CGPJ, seguramente por la socorrida “razón de Estado”. De esta forma, sus 20 componentes (10 por el PP, 7 por el PSOE, 1 por IU, 1 por CiU y 1 por PNV) desmienten en la realidad de los hechos su rivalidad político-ideológica y confirman una misma identidad para controlar las instituciones del Estado. Al margen de lo que disponga la Constitución y prometan los programas electorales de los partidos.
La gran paradoja viene cuando, desde todas esas mismas siglas que con su activismo en veintitresefes, pucherazos, opas y golpes de mano han tejido indelebles “estados de excepción” y ataques a la Constitución, se converge tildando de “auténtico golpe de Estado” a la única iniciativa política que pretende cambiar las reglas del juego con el visto bueno previo de los ciudadanos. Sin duda, de consumarse por las bravas la secesión de Catalunya estaríamos ante otro episodio de “golpe de Estado”, por muy sui generis que se presente. Pero si, por el contrario lo que busca es realizar un referéndum legal (consultivo) para conocer la opinión del pueblo catalán sobre la independencia, lo que se plantea es el ejercicio de un elemental derecho democrático. Se trataría del uso expansivo de la libertad ideológica para salvar los obstáculos que la Constitución levanta frente al derecho a decidir, vulgo derecho de autodeterminación. Y claro, en esa trama de ocultamientos, prejuicios y sofismas, el problema catalán se convierte en la típica conjura de necios. Los que han cebado pucherazos de todos los colores se hacen los ofendidos criminalizando como “golpe de Estado” lo que no es más que un intento de levantar acta del estado de la cuestión independentista, amenazando con un golpe preventivo para defender esa Constitución que tantas veces han saboteado.
Conclusión. Hasta el 23-F, la joven democracia española toleraba la competencia política y la rivalidad ideológica entre partidos como expresión viva del pluralismo que proclama el artículo de la Constitución vigente. Sin embargo, a partir del “tejerazo” se impuso el rodillo del duopolio dinástico gobernante, de forma y manera que, bajo las apariencias, imperaran las “razones de Estado”, aunque eso significara interpretar y desarrollar los preceptos constitucionales como un ejército de ocupación. En este contexto, cuesta mucho pensar que el golpe de Estado de 1981 fracasó.
