Mentiras, ocultaciones, silencios y olvidos

Ramón Alonso. LQSomos. Agosto 2017

La mayoría de los gravísimos crímenes cometidos por el Régimen franquista, tanto en la guerra como en la dictadura, no solo fueron responsabilidad del dictador. Hubo muchos otros autores o cómplices de los mismos, algunos por su afán de venganza, pero en muchos otros casos, sobre todo durante la larga tiranía, les guió el ánimo de lucro. Finalizadas las operaciones bélicas, tras muchos miles de ejecuciones extrajudiciales, Franco y sus cómplices se hacen con el poder. Cesan las acciones bélicas, pero la violencia dirigida por el nuevo gobierno no. Se inicia una persecución implacable, en la que participan miles de militares, policías, guardias civiles, jueces, y todo tipo de adictos al Régimen contra los vencidos. El balance de estos actos de puro terrorismo de Estado supera las cien mil ejecuciones, centenares de miles de encarcelamientos y la depuración en las administraciones de los miles de funcionarios que no habían mostrado su apoyo a los sublevados, para ser ocupadas sus plazas por personajes que sí habían evidenciado su “patriotismo”. Muchos de los condenados a largas penas de cárcel son obligados a trabajar en obras faraónicas, por míseros salarios. Pasados los años cuarenta, la ferocidad represiva se atenuó, para incrementarse los últimos años del tirano, que murió matando.

Una elevada proporción de los numerosos participantes (muchos con las manos manchadas de sangre) en tan importantes misiones, obtuvieron cuantiosas recompensas económicas por sus “patrióticos servicios”. A los fabulosos beneficios procedentes de la explotación de presos, se les deben añadir otros de orígenes tan “nobles” como el embargo de bienes de los desafectos, el contrabando, el mercado negro, etc. Este numeroso grupo de personas, tenían muchos intereses en común y un claro objetivo político: La ocultación de sus delitos y responsabilidades mediante cualquier método. La dictadura no reparó en medios para ocultar tanta iniquidad, corrupción y desvergüenza. Mediante el terror se impuso el silencio: pánico entre la población, férrea censura en los medios de comunicación y castigos ejemplares a los excesivamente locuaces. En la prensa solo aparecían las glorias y hazañas del Régimen, entre ellos los éxitos de las fuerzas represivas. En síntesis, se tapó todo lo que criticaba al conjunto de facinerosos que dirigían el país y se acalló toda información que considerasen nociva para sus fines.

La muerte del dictador supuso en poco tiempo cambios de importancia. Se concedieron formalmente libertades democráticas similares a las de otros países, pero bajo una monarquía impuesta por la dictadura y un aparato de Estado que era una ligera actualización del anterior para administrarlas. “Milagrosamente” los mismos jueces, los mismos policías, los mismos sistemas se habían vuelto democráticos. El marco jurídico que amparaba el autoritarismo en sus distintas formas , el corporativismo y la endogamia en los cuerpos superiores de la administración del Estado, así como la impunidad de determinados personajes, los favores, enchufes, amaños y regalos siguieron (y siguen) existiendo e influyendo de manera decisiva en la aplicación de leyes y tomas de decisiones.

Es decir, tenemos una pseudo democracia que ampara los derechos de expresión, de asociación, de huelga, de manifestación, pero que sigue protegiendo a los mismos canallas. Lo peor es que cada día vemos que las libertades van siendo recortadas, que la arbitrariedad de algunos jueces y fiscales es cada día más frecuente, que la palabra de los servicios policiales es prueba suficiente para imponer fuertes multas administrativas, con la particularidad de que la parte que denuncia es la misma que sanciona y decide con total discrecionalidad el importe de elevadas sanciones que, o se abonan en su totalidad, o Hacienda emite órdenes de retención hasta su liquidación o prescripción.

Como se ha expuesto antes, en la administración y la justicia, existen vínculos familiares y personales muy potentes con los antiguos represores y por tanto hay muchos intereses políticos y personales para que una vez calumniadas, ejecutadas, encarceladas o privadas de sus derechos una ingente cantidad de personas, se les silencie u oculte, para que con el paso del tiempo se les olvide, así se les vuelve a castigar aún con más severidad. Se las condena a su desaparición de la historia.

Hoy vemos que las armas de fuego callaron hace años. Pero otras armas, igual de peligrosas siguen actuando:
La mentira, fiel compañera del Régimen, de uso cada vez más frecuente, véase algunos pretendidos periodistas o historiadores.
La ocultación, mediante montajes jurídicos: Caso del juez Garzón o mediante tergiversaciones en libros de texto o series de TV.
La calumnia: Se trata de historias de abuelos cebolleta: “fue inevitable, no fue para tanto, todos tuvieron su parte de culpa”…

Nos encontramos ante hechos muy graves. A los cientos de miles de asesinatos extrajudiciales de la guerra civil, hay que sumarles los miles de asesinatos, los encarcelamientos de miles de personas y la privación de todo tipo de libertades durante los más de 39 años que duró la criminal dictadura. No podemos permitir que el inexorable paso del tiempo, la mentira, la ocultación y el silencio condene a todas estas víctimas al olvido, a la muerte histórica. Ni los asesinados, ni los presos ni toda la ciudadanía española merecen semejante afrenta. No obstante debemos ser conscientes de que el tiempo juega en contra nuestra, la muerte y la enfermedad han dejado al margen a muchos de los que sufrimos esos horrores, pero nos queda una última tarea que cumplir: Dejar permanente recuerdo de tanta ignominia. Para ello, dejemos pruebas y testimonios de lo que sucedió. Publiquemos, con los mayores detalles y documentos nuestras relatos y constituyamos (o aportemos a los ya constituidos) un gran fondo documental de denuncia de los crímenes de la dictadura para que el sacrificio de tantos, no haya sido en balde.

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