Pablo González preso desde hace 20 meses en Polonia sin cargos formales

Por Yarisley Urrutia*

Su caso es desconocido en Europa, sus derechos básicos se están vulnerando y no cabe estar indefinidamente en prisión a la espera de un juicio, afirman juristas y eurodiputados consultados por Sputnik. “El mito occidental de la libertad de expresión se derrumba si sus necesidades políticas lo requieren”, afirma su colega Pascual Serrano

Este 28 de octubre se han cumplido 20 meses del encarcelamiento de Pablo González en Polonia. Preso en régimen de severo aislamiento en la cárcel de Radom, a unos 100 km de Varsovia, el periodista fue arrestado en el país eslavo el 28 de febrero de 2022 mientras cubría la crisis de refugiados provocada por el conflicto en Ucrania.

La detención se produjo en la localidad de Przemysl a instancias de Ucrania y, supuestamente, contó con el visto bueno de los servicios especiales españoles. Periodista autónomo, González había estado en los días previos en la región del Donbás informando para medios como el diario Público y el canal de TV La Sexta. En el tiempo transcurrido desde su arresto no ha trascendido ninguna acusación formal ni cargos concretos, más allá de la acusación genérica de “ser un espía del GRU [Directorio Principal del Alto Estado Mayor de las FFAA rusas]”, el Departamento Central de Inteligencia del Ejército Federal ruso. Un tribunal de apelaciones renueva su reclusión cada tres meses.

En España sorprende el hecho de que se pueda mantener a una persona en prisión preventiva tanto tiempo (además, incomunicada), sin designarse una fecha para el juicio y sin presentarse una acusación concreta. A González se le detuvo supuestamente por “espiar” a favor de Rusia en Ucrania, pero no se ha esgrimido ninguna prueba fehaciente. En consecuencia, sus abogados no han podido elaborar una defensa al uso.

Para Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional de España, el asombro que causa este caso es también producto de la comparación con las leyes españolas, que garantizan el derecho “a un juicio justo” y a que la prisión provisional “solo se prolongue si la dicta un juez”. “Es casi una detención administrativa, algo prohibido en España y que debería estar prohibido casi en cualquier país, incluso bajo leyes de excepción”, declara a Sputnik.

“Lo importante no es que Pablo González sea inocente o culpable -cosa que no sabemos todavía-, sino que alguien, con acusaciones que solamente realiza la Administración, porque, al fin y al cabo, la policía depende de la Administración, no debe de estar privado de libertad más allá de un tiempo razonable”, señala Joaquín Urías

“Posiblemente se estén vulnerando algunos derechos fundamentales. El problema es que en Polonia no rige la Constitución española, por lo que no se puede decir exactamente que se estén vulnerando sus derechos constitucionales”, explica Urías. El máximo que una persona puede estar en España en prisión preventiva incomunicada son 13 días.

El rígido sistema judicial polaco

Los sucesivos Gobiernos del partido Ley y Justicia (PiS), en el poder desde 2015, han chocado con las autoridades de la UE precisamente por motivo de las reformas judiciales en el país. La prisión preventiva se aplica incluso a sospechosos de delitos de corrupción, cuando es una medida que normalmente se reservaba para delincuentes violentos o en casos de riesgo evidente de fuga.

“Los estándares para detener a la gente han bajado trágicamente”, manifestó al respecto al diario Financial Times Przemysław Rosati, presidente del Consejo de la Abogacía Polaca. “La gente está pasando mucho tiempo en prisión sin que se tengan en cuenta sus derechos fundamentales, incluida la presunción de inocencia”. Rosati califica esta situación de “catástrofe”.

De modo que las consecuencias de este sistema judicial para Pablo González se traducen en una estancia en prisión provisional de plazo exagerado y sin una fecha para el inicio del juicio. El encargado de su defensa es el abogado penalista Gonzalo Boyé, célebre por tener también como cliente al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Sin embargo, no fue sino hasta marzo de 2023, un año después de ser encarcelado, cuando Boyé pudo visitar personalmente a Pablo González en el presidio.

Boyé afirma que el centro penitenciario donde se halla el periodista español es “una cárcel dentro de otra cárcel” y que en su primer y único encuentro le pudo trasladar “la estrategia de defensa” que piensa seguir. Pero el margen de maniobra es estrecho.

“No hay una acusación formal y los abogados no tenemos pleno acceso a las actuaciones, lo cual genera una indefensión clara”, declaró al canal vasco EiTB. La primera abogada de oficio que se asignó a González, abandonó el caso casi de inmediato. Y el trabajo con el segundo letrado polaco se describe como “difícil”, aunque Boyé afirma que el hecho de que ya se le reconozca como su abogado, es una señal de que “algo ha empezado a cambiar”.

Baja repercusión mediática

El encarcelamiento de Pablo González no concita la atención de los grandes medios de comunicación en España y menos aún en la UE, donde las voces de indignación están contadas. A primera vista, pudiera parecer que el gremio se cohesiona en favor del veto a Sputnik y RT antes que en pos de su liberación.

El Gobierno español no ha liderado ninguna iniciativa para, al menos, lograr su excarcelación mientras llega el juicio, o su traslado a un centro penitenciario español. Y la acción visible del Ministerio de Exteriores se limita a constatar que González se halla bien de salud.

A juicio del periodista y autor Pascual Serrano, la detención de P. González cabe tildarse de “atropello a la libertad de expresión” con “complicidad y autoría europeas”, porque hasta entonces lo que existía eran casos en otros países, como el arresto de Julian Assange o “la decena y pico de periodistas asesinados en Gaza por Israel”.

“Hay todo un patrón de complicidad con los atropellos que proceden de nuestro entorno de intereses geopolíticos”, declara a Sputnik, convencido de que el discurso de la libertad de expresión y los derechos humanos en la UE “es una farsa”.

Preguntado sobre si el caso del periodista español es una muestra más del creciente control que se ejerce en la UE sobre el derecho a la información y la libre expresión (el último ejemplo, las amenazas de la Comisión Europea al dueño de la red X, Elon Musk), Pascual Serrano responde que es “precisamente en los momentos de crisis”, como el conflicto en Ucrania o “la masacre” de Gaza, “cuando un sistema demuestra si está dispuesto a dejar hablar y escuchar al díscolo”.

“Y lo que hemos comprobado es que todo el mito occidental de la libertad de expresión se derrumba si sus necesidades políticas lo requieren. Es decir, se respeta si todo va bien, pero se prohíben medios, se encarcela a periodistas y se pone de rodillas a las redes sociales, cuando la situación política lo requiere”, afirma Serrano

Iniciativa en el Europarlamento

A principios de octubre y a iniciativa del eurodiputado español Miguel Urbán (La Izquierda), 14 europarlamentarios suscribieron una carta dirigida al ministro de Justicia polaco, Zbigniew Zobro, solicitando la observación de los derechos fundamentales de Pablo González.

“Pese a la gravedad de la situación, tenemos la percepción de que el caso de Pablo González es muy desconocido fuera del Estado Español, pero también dentro”, explica a Sputnik Miguel Urbán. “El ambiente macartista que impera en el Parlamento Europeo en todo lo que pueda sonar a Rusia, especialmente cuando hay una acusación de espionaje sobre Pablo, hace que la mayoría de eurodiputados no conozcan el caso”.

Urbán cuenta que en julio, con el apoyo de los grupos de La Izquierda y Los Verdes, y también con el de familiares y amigos, se organizaron en Bruselas unas jornadas que, bajo el nombre de Journalism is not a crime, sirvieron para “visibilizar su situación” e intentar romper “el cerco informativo” en Europa. “El apoyo fue muy grande –asegura–. Se dio el caso de eurodiputadas holandesas e irlandesas que no podían creerse que esto estuviese sucediendo en un Estado miembro de la UE, que el caso no fuese más conocido y que la presión del Gobierno español estuviese siendo mínima”.

Una de estas diputadas, la irlandesa Clare Daly, denunció en sede parlamentaria el mutismo reinante en torno al caso. “Nunca hemos tenido un debate sobre el caso de Pablo González, encarcelado en Polonia durante este último año por su periodismo pacifista”, lamentó. El Europarlamento tampoco ha debatido nunca en torno a la situación de Julian Assange.

La carta enviada al ministro polaco de Justicia aglutina las firmas de europarlamentarios de tres grupos políticos distintos (La Izquierda, Los Verdes y Socialistas/Demócratas) y de diferentes nacionalidades. “No suele ocurrir a menudo”, subraya Miguel Urbán, convencido de que tal hecho es una prueba del impacto y “gran respaldo” obtenido. No espera recibir una respuesta, pero piensa que ha sido un mecanismo para que Polonia sepa “que tienen los ojos de toda Europa puestos sobre ellos”.

“Además, en la carta no pedimos la absolución y la libertad de Pablo, sino simplemente que sea trasladado a España en el régimen de prisión preventiva y que tenga un juicio justo con todas las garantías procesales necesarias”. Miguel Urbán, Eurodiputado

De esta manera, asegura Miguel Urbán, el caso de Pablo González ha podido “salir del marco estatal” y adquiere una “escala internacional”. “Seguiremos dando pasos hacia adelante para sostener esta presión y que cesen las vulneraciones de derechos fundamentales que está sufriendo Pablo. La solidaridad internacional es clave”, concluye este europarlamentario.

Régimen de aislamiento y comparaciones odiosas

Ni el Gobierno español de Pedro Sánchez ni el Ministerio de Exteriores dirigido por José Manuel Albares se han pronunciado de manera clara sobre el asunto. Albares se limita a asegurar que los derechos de Pablo González están siendo respetados y que se le garantiza asistencia consular (el cónsul español en Varsovia le visita cada 30 o 40 días).

Pero la verdad es que el periodista pasa 23 horas al día solo en una mazmorra con luz artificial, pasea solo por el patio durante el rato restante y vigilado por sus carceleros, tiene prohibido leer los libros que le llegan (y que son devueltos a su familia), solo se le permite ducharse dos veces a la semana y se le ha prohibido recibir la visita de sus hijos durante los 20 meses transcurridos, con quienes tampoco puede hablar por teléfono. A su esposa, Oihana Goiriena, que solo ha podido verlo en una ocasión y que ya en abril expresó a Sputnik su “frustación” y su “sensación de agravio”, le duelen las palabras de Albares.

En comparación, el Ministerio de Exteriores español se ha mostrado muy dirigente en otros casos. Por ejemplo, su labor de asistencia fue en agosto muy notoria en torno al caso de Daniel Sancho, asesino confeso de una persona de nacionalidad colombiana, a quien descuartizó en Tailandia. Exteriores trabaja para conseguir la extradición de Sancho, hijo de un célebre actor español, en caso de que no sea sentenciado a muerte en el país asiático y se le conmute tal pena por la perpetua.

Ese régimen de incomunicación y el desconocimiento de las pruebas que pudieran fundamentarlo, supone, a juicio de los 14 europarlamentarios firmantes de la carta, una evidente vulneración del derecho de defensa, reconocido por la Convención Europea de Derechos Humanos, cuyo artículo N°6 dispone que “toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable”.

El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas hace tiempo que considera la prisión en régimen de aislamiento una forma de tortura. Los 20 meses de encarcelamiento de Pablo González quebrantan varios de los Principios establecidos desde 1988 por la Asamblea General de la ONU para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, en particular el Principio 15, por el que, salvo excepciones muy concretas, “no se mantendrá a la persona presa o detenida incomunicada del mundo exterior, en particular de su familia o su abogado, por más de algunos días”.

¿Un aviso a navegantes?

Recordamos que las autoridades polacas aludieron como indicio a los dos pasaportes de los que es titular: uno ruso, que ostenta por haber nacido en Moscú en 1982, y otro, español, por haber recibido la nacionalidad en 1991, cuando se mudó junto a su madre a Bilbao (País Vasco). Nieto de un “niño de la guerra” [término con el que se conoce a los menores evacuados a la URSS en 1938 a causa de la guerra civil en España], para la adopción de la nacionalidad española cambió su nombre de Pavel a Pablo y su apellido paterno (Dubtsov) por los de su abuelo (González Yagüe).

Dada la vaguedad de la acusación y la falta de pruebas y cargos concretos, son muchas las voces que creen que el encarcelamiento de Pablo González es un “aviso a navegantes”, una acción para ejemplarizar y limitar los puntos de vista informativos hacia determinados enfoques, que suelen ser de bloque. Pascual Serrano estima “probable” que se quiera exhibir “la impunidad y la capacidad que tienen de actuar con total arbitrariedad y sin rendir cuentas”, más allá de la imagen de “falta de respeto a los derechos humanos” que pueda proyectarse en la UE.

En opinión concedida al diario Público, el fotógrafo Juan Teixeira, que trabajó junto con Pablo González durante el golpe de Estado del Maidán en 2014, piensa que fue precisamente esta cobertura lo que “dibujó una diana en su pecho”, pues el trabajo combinado de ambos buscó dar una perspectiva al conflicto que siguió en el Donbás desde los dos lados, no solo de uno.

“Pablo González no puede estar indefinidamente en la cárcel en espera de juicio”, insiste en su conclusión Joaquín Urías, que cree que su caso es el de “una persona privada de libertad a la que no se le están respetando lo que deberían ser sus derechos”, al menos desde la óptica de los estándares europeos e internacionales.

* Vía Portal digital Sputnik

¿Dónde están las garantías de DERECHO de un estado europeo?
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