Por APDHA*

El 10 de abril de 2024, el Parlamento Europeo aprobó el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, un marco normativo que profundiza en las políticas más lesivas para los derechos de las personas migrantes y refugiadas

El proyecto de construcción de la Unión Europea tuvo como uno de sus objetivos primordiales el reforzamiento de las fronteras exteriores. De esta manera, la consideración de la movilidad como ejercicio de la libertad de circulación desaparece del discurso político, y los migrantes que atraviesan las fronteras sin la documentación pertinente empiezan a ser considerados, o bien víctimas, o bien criminales, pero nunca sujetos.

Viñeta de Acacio Puig

Es a partir de 2013, coincidiendo con el naufragio de Lampedusa, cuando se empieza a hablar del desafío que supone lo que, en lugar de llamarse crisis del modelo de gestión de la movilidad de la Unión Europea, acabó llamándose crisis de refugiados. Esta crisis tuvo su punto de inflexión en el ahogamiento de unas 900 personas en el Canal de Sicilia. A partir de ahí, se establece una “nueva Agenda Europea de Inmigración”, en la que los derechos humanos quedan supeditados a la seguridad de las fronteras y al control de los flujos.

Este nuevo Pacto no supone una innovación, sino una profundización en la externalización de las fronteras y en la obsesión por las expulsiones —denominadas retornos o, en algunos discursos, remigración—. Limita sensiblemente la protección internacional y el derecho al refugio y, en términos del discurso político, reduce los derechos de las personas refugiadas a un ejercicio de caridad por parte de los Estados europeos. La nueva legislación que se está implementando supone una degradación de los valores y principios morales que sustentan el carácter fundacional de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Una prueba evidente de lo que afirmamos es la falta de transparencia y la opacidad que están caracterizando el proceso de implementación de estas medidas legislativas por parte de los Estados miembros.

Pese a esta opacidad, las filtraciones que se han producido nos dejan entrever un panorama desolador, en el que las personas refugiadas podrían ser devueltas a un denominado “tercer país seguro”, con el que no tengan conexión y que puede no ser firmante de la Convención del Refugiado, profundizando en la externalización, en la línea de las medidas adoptadas por países como Australia, el Reino Unido o, últimamente, Italia. Todo ello, aun sabiendo que estas medidas no solo no resuelven el problema, sino que causan un sufrimiento intolerable a las personas que huyen de situaciones que dificultan enormemente —o son incompatibles con— sus vidas.

El nuevo Sistema Europeo de Asilo (SECA) constituye un clavo más, y probablemente el definitivo, en el ataúd del derecho de asilo. Es por ello que, en el aniversario de su aprobación por el Parlamento Europeo, exigimos que, en la implementación por parte de los Estados, se prioricen las demandas de los solicitantes de asilo y se respeten escrupulosamente los derechos de estas personas. Ante este retroceso en los valores fundamentales de la Unión Europea, desde la APDHA exigimos una implementación que ponga en el centro los derechos humanos y no la lógica del control fronterizo.

Basta de criminalizar a las personas refugiadas. No en nuestro nombre.

* Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Comparte este artículo, tus amig@s lo agradecerán…
Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es; Bluesky: LQSomos;
Telegram: LoQueSomosWeb; Twitter (X): @LQSomos;
Facebook: LoQueSomos; Instagram: LoQueSomos;