Protestar no és terrorisme – Protestar no es terrorismo
Por Leticia Palaciós (Traducción)*
Protestar. Manifestar-se. Mobilitzar-se. Són drets fonamentals.
En los últimos años hemos visto cómo desde la política y la justicia se ha llevado a cabo una clara criminalización de la protesta, con graves repercusiones para las personas que ejercían el derecho de reunión y manifestación, vulnerando reiteradamente la libertad de expresión a cantantes, actores y actrices, obstaculizando el ejercicio del derecho a la información por parte de profesionales de la información, censurando obras de teatro, persiguiendo el independentismo, el feminismo, la lucha por el derecho a la vivienda, el antirracismo, el ecologismo y atacando el derecho de huelga y la libertad sindical.
En los últimos años hemos visto cómo desde la política y la justicia se ha llevado a cabo una clara criminalización de la protesta, con graves repercusiones para las personas que ejercían el derecho de reunión y manifestación, vulnerando reiteradamente la libertad de expresión a cantantes, actores y actrices, obstaculizando el ejercicio del derecho a la información por parte de profesionales de la información, censurando obras de teatro, persiguiendo el independentismo, el feminismo, la lucha por el derecho a la vivienda, el antirracismo, el ecologismo y atacando el derecho de huelga y la libertad sindical.
Hoy vivimos una nueva escalada contra el Derecho a la Protesta. Ante la persecución e investigación por terrorismo de once personas dentro de la causa contra Tsunami Democràtic, la sociedad civil manifestamos que:
La investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra Tsunami Democràtic supone un ataque directo al ejercicio de derechos fundamentales, especialmente del derecho de manifestación y libertad de expresión y a la libertad de información. Un nuevo ejemplo de la aplicación extensiva del código penal en la criminalización de la protesta.
Miles de personas salieron legítima y democráticamente a la calle para expresar su rechazo a una sentencia que condenaba a los líderes políticos y sociales a un encarcelamiento injusto contra el que también se habían pronunciado tanto el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas como el Consejo de Europa, así como diversas organizaciones internacionales de derechos humanos.
Las movilizaciones ciudadanas vehiculadas a través de Tsunami Democràtic solicitaban diálogo bajo el lema “sit and talk” y se enmarcaban en la acción noviolenta, que forma parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta, protegido por el derecho internacional de los derechos humanos, que es también derecho interno.
La decisión de la Audiencia Nacional de investigar por terrorismo representantes políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil, en el contexto actual, muestra una clara intención de desgastar al gobierno estatal y a la mayoría parlamentaria en la tramitación de la Ley de Amnistía, hecho que supone una injerencia del poder judicial sobre el legislativo y que debilita la democracia y la voluntad de la ciudadanía que se expresó con su voto el pasado 23 de julio.
Investigar por terrorismo a un movimiento pacífico con el único objetivo de criminalizar la protesta, limitar los derechos fundamentales y silenciar a la disidencia política es una actuación de carácter autoritario que restringe el espacio de la sociedad civil y pone en peligro los principios democráticos y del estado de derecho.
Esta criminalización tiene un efecto disuasorio dirigido a toda la sociedad porque persigue el mecanismo principal mediante el cual defienden los derechos y libertades todo tipo de colectivos y organizaciones, ya sean de carácter sindical, feminista, ecologista, independentista, antirracista o cualquier otra lucha social.
Como personas y organizaciones que trabajamos por una sociedad más justa y consideramos el derecho a la protesta como un mecanismo esencial para conseguir cambios sociales, exigimos que se tomen las medidas necesarias para detener la utilización de la justicia en una nueva persecución política contra las movilizaciones sociales y el ejercicio de derechos fundamentales, y que se retiren las imputaciones de terrorismo.
– Traducido para LoQueSomos por Leticia Palacios
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