Puerto Rico: el experimento caribeño de Monsanto
La principal productora de semillas transgénicas del mundo, Monsanto, alquila parte de las mejores tierras agrícolas de la Isla con un esquema de legalidad cuestionable, mientras recibe incentivos de la administración Fortuño.
Cuando el ecologista Juan Rosario viajó a una comunidad de los religiosos amish en Illinois, para aprender a hacer composta, allí en medio de una extensa planicie sembrada de maíz, se sorprendió de que ésta tuviera un laboratorio y hasta los servicios de una experta en química. ¿Qué hacía la científica en un pueblito donde los habitantes se alejan de la tecnología y practican agricultura ecológica con los métodos más simples?
Un amish vestido a la usanza, con sombrero de ala ancha, camisa blanca, pantalones y chaqueta negra, señaló a un extenso maizal que crecía en una finca aledaña. “La científica nos ayuda a estudiar el agua de escorrentía que llega desde allí, donde Pioneer Hi-Breed siembra maíz modificado genéticamente y usa muchos químicos”.
“¿Cómo ustedes permitieron que ellos sembraran eso ahí?”, preguntó Rosario.
El amish replicó: “Es el mismo maíz que la compañía desarrolla en Salinas. ¿Cómo ustedes permiten eso?”.
Puerto Rico, laboratorio del maíz, sorgo, algodón y soya transgénica.
Acá se cocina una realidad que el Gobierno oculta y auspicia: la Isla es un importante centro para ocho empresas, siete de ellas multinacionales, que desarrollan las primeras generaciones de semillas modificadas genéticamente para distribuirlas a Estados Unidos y alrededor del mundo. Los dominios de estas corporaciones se expanden en fincas públicas y privadas, sobre todo en las mejores tierras cultivables del sur de la isla, donde en el siglo pasado mandaba el imperio de su majestad la caña, aupada por grandes terratenientes que buscaban acaparar la tierra.
La mayoría de estas semilleras ocupa más del límite de 500 acres que permite la Constitución de Puerto Rico, mientras reciben jugosos beneficios del gobierno y gozan de la Ley de Promoción y Desarrollo de Empresas de Biotecnología Agrícola de 2009, hecha a la medida para favorecerlas.
Entre estas se encuentra la principal semillera de transgénicos del planeta, Monsanto, que arrienda unos 1.500 acres de tierra entre Juana Díaz, Santa Isabel, Isabela y Aguadilla. De estos acres, 500 pertenecen a patrimonio público administrado por la Autoridad de Tierras y el resto pertenece mayormente a la Sucesión Serrallés en varios pueblos del sur, confirmó Juan Santiago, jefe de operaciones de la multinacional en Puerto Rico.
Pero contar con más de 500 acres representa una violación aparente a lo que dispone la Constitución de Puerto Rico, que impide a una corporación agrícola poseer más de 500 acres. El objetivo de la sección 14 del artículo VI era evitar que terratenientes estadounidenses vinieran a implantar el monopolio y desplazar al pequeño agricultor local.
Nuevos colonos
¿Estamos ante una nueva colonización de la agricultura? ¿Es el principio de un nuevo monopolio? “Aunque Monsanto esté alquilando esas tierras y aunque muchas de estas tierras sean privadas, yo interpreto que puede estar violando la Constitución porque su intención era que una misma corporación no tenga el control de los más de 500 acres para dominar la agricultura”, sostiene el catedrático Carlos Ramos, especialista en el tema y profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad Interamericana. “Si esta ley ya no tiene sentido, vamos a abrir el debate. La intención de la ley es tan vigente hoy como en los años de 1900. El Secretario de Justicia está obligado a hacer cumplir la Constitución y tiene que pronunciarse”.
Los sucesos de la historia agrícola vuelven a repetirse. Al igual que ocurría con algunas corporaciones azucareras durante el siglo pasado, una de estas compañías, Monsanto, cambia de nombre para acceder a más tierras de lo que permite la ley, sostuvo una fuente al Centro de Periodismo Investigativo. Así que este medio fue al registro de corporaciones en el Departamento de Estado a corroborarlo. Monsanto Caribe LLC había sido incorporada en 2004 por Carlos Morales Figueroa, quien era el vicepresidente de la empresa en ese momento. Dos años después, él mismo incorporó a Monsanto AG Products LLC.
¿A qué se debe este esquema? “Se hizo para tener la posibilidad de rentar más tierra… Las dos son Monsanto. Las dos entidades pertenecen a la compañía matriz”, aceptó el propio sucesor de Carlos Morales, Juan Santiago. “Tendría que verificar el dato, pero Monsanto AG no tiene adjudicado todavía ningún contrato de arrendamiento”. Sin embargo, una fuente de este medio sostuvo que esta otra corporación también alquila terrenos en Juana Díaz.
La Constitución de Puerto Rico prohíbe, además, que cualquier miembro de una corporación agrícola tenga interés en una corporación de igual índole. “Ese esquema, de crear otra empresa con otro nombre hace más dramática la situación. Ahora hay que ver si el gobierno se hace de la vista larga porque entiende que esta gente está creando empleos”, advirtió Carlos Ramos.
El mismo gobierno está poniendo las mejores tierras en bandeja de plata a las semilleras. Una fuente del Centro de Periodismo Investigativo sostuvo que la Autoridad de Tierras les ofrece unas 2.518 cuerdas (2.445 acres), alrededor de un 8% de todas las tierras de patrimonio público en el sur de la Isla. Entre todas ocupan unos 6.000 acres públicos y privados alrededor de toda la isla, según Juan Carlos Justiniano, quien representa a las semilleras al presidir la Asociación de la Industria de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico.
Experimento “a la carta”
Una paradoja es que, mientras gran parte del resto de la agricultura agoniza, el año pasado Puerto Rico fue el quinto centro de investigación de transgénicos más importante de todo Estados Unidos, después de Iowa, Illinois, Hawai y Nebraska, según informó el Departamento de Agricultura federal al Centro de Periodismo Investigativo.
El negocio radica en desarrollar las semillas que piden por encargo agricultores de Estados Unidos mayormente. Las semilleras manipulan genéticamente el maíz, sorgo, algodón y soja y agregan genes de otros organismos para hacerlas resistentes a plagas, cambios climatológicos extremos o para tener más valor nutricional y resistir a herbicidas.
Entre estas corporaciones se encuentra la estadounidense AgReliant Genetics LLC (con sede en Santa Isabel), la alemana Bayer CropScience LP (en Sabana Grande), la estadounidense Dow Agrosciences LLC (en Santa Isabel), la estadounidense Illinois Crop Improvement Association Inc. (Juana Díaz), la estadounidense y segunda semillera de transgénicos más grande del mundo Pioneer Hi-Breed (en Salinas, Santa Isabel, Guayama y Juana Díaz), la suiza Syngenta AG (en Juana Díaz y Salinas) y la estadounidense Rice Tec Inc (en Lajas). Al grupo se une la boricua 3rd Millennium Genetics Inc. (en Santa Isabel). Entre todas produjeron unos 70 millones de dólares el año pasado, según Juan Carlos Justiniano, también dueño de 3rd Millennium Genetics Inc.
A pesar de las ganancias que éstas obtienen en la isla y de los negocios multimillonarios que mantienen alrededor del mundo, el gobierno de Puerto Rico les da las mismas exenciones contributivas que a un agricultor local bonafide. Además, les reembolsa 2,72 dólares por cada hora de trabajo que pagan en salario a los obreros de campo. Así, el gobierno de Puerto Rico pagó a Monsanto, tan solo el cuatrimestre de abril, mayo y junio pasado, un total de 121.040 dólares, según una fuente cercana al departamento de Agricultura. El subsidio con fondos públicos a esa empresa durante este año pudo ascender a casi medio millón de dólares.
“Yo no me opongo en principios a que se haga algún experimento con transgénicos”, sostuvo un agrónomo cercano al negocio de las semilleras. “Lo que me molesta es que se les subsidie por producir un producto que no es para aquí, que no aporta a la economía de la agricultura local y que no se auspicie mejor a los salarios de agricultores que están pasando una situación difícil, como los del café”.
Así están las cosas mientras Monsanto refuerza su presencia en Puerto Rico. La noticia la anunció el secretario del departamento de Desarrollo Económico y Comercio, José Pérez Riera, durante la convención de desarrollo de biotecnología más importante del mundo, Bio 2011, en junio pasado en Washington DC. Allí sostuvo que Monsanto está invirtiendo 4,3 millones de dólares para establecer un laboratorio de 20.000 pies cuadrados en Juana Díaz, con el fin de desarrollar más semillas modificadas genéticamente de maíz y algodón, lo que creará 45 nuevos empleos.
“El proyecto de Monsanto es precisamente el tipo de inversión que el gobierno de Puerto Rico ha fomentado. Esta inversión de Monsanto sirve para consolidar nuestra posición como un destino óptimo para la industria de las biociencias, a la vez que adelanta nuestra misión de promover una economía de innovación”, dijo Pérez-Riera, en un comunicado de prensa. Este anuncio se suma al de una inversión de 6 millones de dólares de Pioneer Hi-Bred, para establecer un laboratorio de investigación en biotecnología agrícola en Salinas. Y en mayo pasado, AgReliant Genetics LLC inauguró en Santa Isabel un centro de desarrollo de maíz híbrido a un costo de 800.000 dólares.
¿Cuáles son los incentivos noveles que les da el gobierno? ¿Fue éste el que invirtió los 4,3 millones para el laboratorio de Monsanto? ¿Por qué subvencionan los sueldos de los empleados de estas empresas multimillonarias? ¿Qué les parece los esquemas supuestamente ilegales de Monsanto para acceder a más tierras? El Centro de Periodismo Investigativo ha estado intentando conseguir una entrevista con Pérez Riera desde el pasado 21 de octubre para tocar estos temas, sin recibir respuesta. El jueves 3 de noviembre, el CPI lo interceptó en la Comisión Estatal de Elecciones y éste aseguró que iba a conceder la entrevista. La solicitud se le reenvió por correo electrónico a Susana González, relaciones públicas del funcionario, quien estaba con él en el momento que el CPI lo abordó, pero ella tampoco ha respondido. El secretario de Agricultura, Javier Rivera Aquino, también se ha negado a conceder una entrevista.
¿Legislación a la medida?
Las semilleras de transgénicos operan con total libertad y el gobierno las protege. Todo el andamiaje para seguir convirtiendo a Puerto Rico en paraíso transgénico se fundamenta en la Ley 62 de 2009, más conocida como la Ley de Promoción y Desarrollo de Empresas de Biotecnología Agrícola, impulsada por Luis Fortuño. Ésta establece una política pública “vanguardista” para que Puerto Rico se convierta en meca de estas empresas, otorgándoles permisos fast-track, facilitando la adquisición de edificios y dando incentivos económicos a través de la Compañía de Fomento Industrial y del Departamento de Agricultura.
Durante las vistas públicas para crear la ley, sólo depusieron compañías y entidades gubernamentales con intereses en la industria, según la información del trámite legislativo en la Cámara de Representantes. La Ley ordena a la Compañía de Fomento Industrial y al departamento de Agricultura a asesorar a estas corporaciones respecto a la obtención de permisos y a asistirlas en su establecimiento o expansión en un periodo máximo de un año. De lo contrario, deben indemnizarlas por los costos invertidos. El secretario de Agricultura puede cambiar la ley “para atemperar los reglamentos y normas administrativas necesarias, para viabilizar la eficiente operación de estas empresas, salvaguardando los mejores intereses de la agricultura local y del Pueblo de Puerto Rico, en general”.
Eso quiere decir que la ley está redactada a la medida de las semilleras que acceden ilegalmente a gran parte de las mejores tierras cultivables del país. “Si por un lado le permites la producción masiva y por otro lado le delegas que el ordenamiento jurídico sea enmendado para atender sus necesidades ―denuncia la catedrática de Derecho y directora del Programa de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana Jessica Rodríguez Martin― les estas poniendo en sus manos el poder de manipular a su gusto nuestro ordenamiento jurídico”.
