Reforma tributaria y laboral son desafíos para El Salvador
Profundización de programas sociales y respeto a los derechos laborales cuidando la macroeconomía.
A mediados de 2009, cuando asumió el presidente Mauricio Funes, El Salvador ya estaba sufriendo los violentos embates de la crisis económica mundial y de un modelo de desarrollo interno excluyente y clasista. Entre 2008 y 2009, el PIB (Producto Interno Bruto) cayó del 3.1%, al tiempo que las entradas fiscales, las exportaciones, el crédito, el consumo privado y hasta las remesas familiares, que en El Salvador representan la segunda fuente de divisa, se reducían de forma acelerada.
Esta situación impactó directamente sobre el empleo, generando un repunte significativo del desempleo abierto y el subempleo. “El país estaba postrado y sin señales de recuperación. Funes se encontró con las cajas del Estado vacías y con la necesidad de recaudar 800 millones de dólares para poder terminar el año, honrando compromisos y deudas heredadas de las pasadas administraciones”, dijo César Villalona, economista dominicano radicado en El Salvador, a Opera Mundi.
La recuperación del comercio estadounidense, la austeridad presupuestaria del nuevo gobierno, sumado a la implementación de nuevos programas dirigidos a la pequeña y mediana empresa y la aplicación de estrategias económico-financieras, permitieron a El Salvador una lenta recuperación y un crecimiento promedio anual del 2%. “El país se salió del hoyo y entró a una leve recuperación, reduciendo el déficit fiscal, aumentando los ingresos públicos y reactivando la economía. Sin embargo, el verdadero problema es que las grandes empresas privadas siguen sin invertir en el país y prefieren sacar su dinero hacia el exterior”, explicó Villalona.
De acuerdo con datos del economista, entre 2001 y 2010, los 8 grandes grupos económicos salvadoreños habrían sacado del país unos 8.700 millones de dólares para invertirlos en el exterior. Pese a las limitaciones para desarrollar sus estrategias, el primer gobierno de corte progresista en la historia de El Salvador aumentó sensiblemente la inversión social, sobre todo con programas dirigidos a reformar y mejorar la salud y la educación.
También invirtió en obras públicas y en la reactivación de la producción agrícola, privilegiando la pequeña y mediana empresa y las cooperativas agropecuarias. Esto permitió reducir sensiblemente la importación de alimentos, el desempleo abierto y el subempleo.
De acuerdo con datos de la DIGESTYC (Dirección General de Estadística y Censo), entre 2009 y 2013, los hogares que vivían en pobreza bajaron del 38% al 29% y los que estaban en pobreza extrema del 12% al 6%. “El futuro gobierno tendrá que mantener este corte progresista, cuidando la macroeconomía al tiempo que sigue implementando los programas sociales, la redistribución de la riqueza y el apoyo a la pequeña y mediana empresa”, afirmó el economista.
Para hacer esto, Villalona cree necesario aumentar los ingresos públicos, ampliar el acceso al crédito y reducir el déficit fiscal, atacando con fuerza la evasión de impuestos – que se contabiliza en unos 1,700 millones de dólares – y combatiendo la “evasión legalizada” de las exoneraciones fiscales. Además, deberá recuperar casi 400 millones de dólares que las grande empresas le adeudan al Estado en concepto de mora e impulsar una reforma tributaria progresiva.
Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) El Salvador sigue siendo uno de los países con la tasa impositiva más baja de América Latina, limitando la inversión del Estado en obras y programas sociales y aumentando el endeudamiento público y el déficit fiscal. “Los neoliberales dicen que para eliminar el déficit hay que reducir el gasto público. Yo prefiero pensar que el verdadero desafío es dinamizar el mercado interno para que el Estado tenga más dinero y pueda ampliar la inversión pública y sus programas”, afirmó Villalona.
Derechos laborales y sindicales
Cuando, después de la primera ronda electoral del 2 de febrero pasado, el Ministerio del Trabajo salvadoreño informó que 164 empresas – incluyendo 22 municipalidades – fueron demandadas por haber coaccionado el voto a sus trabajadores para votar por un determinado partido, en casi todos los casos por el partido de oposición Arena (Alianza Republicana Nacionalista), nadie se sorprendió de verdad.
Para Gilberto García, coordinador del CEAL (Centro de Estudios y Apoyo Laboral), esta situación anacrónica es el reflejo de una oligarquía empresarial salvadoreña que “no quiere perder el control económico del país, ni mucho menos pagar impuestos. Simplemente pretende volver al pasado y detener la historia”.
Durante los 20 años de gobiernos de la derecha salvadoreña se implementaron las recetas más duras del modelo neoliberal. Después de la firma de los Acuerdos de Paz (1992), el partido Arena brindó todas las facilidades para que el sector financiero se impusiera a la industria nacional. “Dolarizaron la economía y entregaron las reservas internacionales a la banca; sustituyeron la industria nacional con las importaciones de bienes y la instalación de empresas maquiladoras, y vendieron los bancos a compañías extranjeras quedándose como accionistas minoritarios y administradores. Finalmente, se aliaron con el capital transnacional y todos los industriales se convirtieron en importadores”, recordó García.
Según él, las dificultades que el actual gobierno ha enfrentado y los desafíos para el futuro tienen que ver con elementos macroeconómicos, modelos de desarrollo, pero también con la necesidad de reformar la legislación laboral y garantizar los derechos laborales y sindicales y un empleo digno. “El movimiento sindical es un sobreviviente de 60 años de dictadura militar, de 12 años de conflicto armado interno y de 20 años de neoliberalismo. Necesitamos de reformas profundas de toda la legislación que rige el sector trabajo y la previsión social”, afirmó García.
Entre 2009 y 2013 se crearon 13 mil nuevas empresas y se generaron 113 mil nuevos empleos. Sin embargo, en El Salvador, el empleo informa continúa representando más del 50% del total.
Entre los puntos más urgentes que deberá abordar el presidente que saldrá electo este domingo (9/03), el experto en cuestiones sindicales señala una reforma legal-institucional que promueva la negociación colectiva a nivel de ramas de industria y que elimine los requisitos excesivo a nivel de centros de trabajo. Además, “hay que contrarrestar el antisindicalismo generalizado que hay en el sector privado y promover un nuevo censo sindical nacional”, sentenció.
Actualmente, la tasa de sindicalización en El Salvador es del 7.38% de la PEA (Población Económicamente Activa) y está concentrada en el sector público. Además, en el sector privado, solamente el 0.46% está cubierto bajo la negociación colectiva. “Si bien durante los últimos años ha habido un aumento de la tasa de sindicalización, necesitamos de reformas que permitan combatir de frente al antisindicalismo y que otorguen una mayor capacidad coercitiva a las autoridades laborales”, afirmó García.
El coordinador del CEAL pidió al futuro gobierno que condicione los incentivos económicos previstos para las empresas al respeto irrestricto de las libertades sindicales y los derechos laborales. “Los trabajadores son víctimas de chantaje por la necesidad de trabajar y el miedo a ser objeto de acciones de represalia por organizarse. El futuro gobierno deberá, no solamente implementar la creación de empleo, sino promover el empleo digno, luchando contra las violaciones laborales y sindicales que se siguen dando en El Salvador”, concluyó.
* Opera Mundi
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