Revuelta popular tumbó el paquetazo del FMI…
Eduardo Tamayo G*. LQS. Octubre 2019
La revuelta popular logró que se derogara el decreto 883, pero esto es un aviso de lo que puede pasar si el gobierno de Lenín Moreno insiste en aplicar otras medidas neoliberales que ya anunció…
… pero las heridas quedan
Un entendimiento entre el movimiento indígena y el gobierno de Lenín Moreno logrado en la noche del 13 de octubre permitió poner fin al paro nacional que se prolongó por 11 días consecutivos, mismo que contempla la derogatoria del decreto 883 que liberalizó e incrementó los precios del diésel y de la gasolina extra, la de mayor consumo popular.
Con la mediación del coordinador residente de las Naciones Unidas en Ecuador y de la Iglesia Católica, las dos partes llegaron a un acuerdo mediante el cual el gobierno deroga el decreto 883 y los indígenas suspenden el paro.
En horas de la tarde del ayer, el Presidente Moreno dejó sin efecto el mencionado decreto, lo que implica que los precios de los combustibles y de los pasajes deben volver a sus valores anteriores, a partir del 15 de octubre.
El Ejecutivo también dispone la “elaboración de un nuevo decreto ejecutivo que permita una política de subsidio de combustibles, con un enfoque integral, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización, que precautele que éstos no se destinen a personas de mayores recursos económicos, ni a contrabandistas de combustibles”.
Lo que no acepta Moreno es el pedido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que sean separados la ministra de Gobierno, María Paula Romo y el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, a quienes responsabiliza de encabezar la represión y la violación de los derechos humanos.
Tras 11 días de convulsión social, las actividades cotidianas vuelven poco a poco a la normalidad. En Quito, este 14 de octubre empleados municipales, ciudadanos, estudiantes voluntarios y los propios indígenas realizaron en la capital una minga (trabajo comunitario) para limpiar la basura y los escombros que dejaron los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el parque El Arbolito, lugares donde se concentraron los indígenas y sectores populares.
El “paquetazo”, como se conoce al decreto 883, que se enmarca en el acuerdo de servicio ampliado del Fondo Monetario Internacional, firmado por el gobierno de Lenin Moreno a cambio de un préstamo de 4200 millones de dólares, fue diseñado por los grandes grupos empresariales representados por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y nunca se lo sometió a una consulta o debate previos. Su intención era recabar unos 1300 millones anuales para financiar el déficit fiscal y asegurar el pago de la deuda externa. Pero en estos 11 días de paralización, según la Cámara de Comercio de Quito, el país dejó de percibir 1.600 millones de dólares por las protestas, una cantidad que supera la suma que se pensaba recaudar con el alza de los combustibles, a lo que hay que añadir los gastos que ha incurrido el Estado en la represión, en la que se movilizaron 24.000 soldados y 50.000 policías, que utilizaron bombas lacrimógenas, alimentación, combustible para los helicópteros, carros de combate, etc. A ello se debe añadir, las pérdidas ocasionadas por la suspensión de la producción y exportación de petróleo. Solo para restablecer la producción de los pozos se requiere 30 millones de dólares, según el ministro de Energía, Carlos Pérez. (1)
Reparar los daños materiales ocasionados a bienes públicos y privados se puede hacerlo y seguramente tomará algún tiempo, pero hay cosas que difícilmente se pueden recuperar: las vidas pérdidas, los cientos de heridos, los sufrimientos causados a muchas personas que fueron atropelladas, apaleadas, vejadas o torturadas, las afectaciones a las víctimas del desprecio y del racismo, así como los daños económicos, sociales y psicológicos causados a toda la población.
El séptimo informe de la Defensoría del Pueblo, da cuenta que del 3 al 13 de octubre, hubo ocho fallecidos: Raúl Chilpe, Marco Otto, José Daniel Chaluisa Cusco, Inocencio Tucumbi, José Rodrigo Chaluisa, Abelardo Vega Caizaguano, Silvia Marlene Mera Navarrete y Edison Eduardo Mosquera Amagua. Hubo 1192 detenidos (97% hombres, 3% mujeres), de los cuales 878 salieron en libertad sin acusación fiscal o responsabilidad penal, en tanto que 274 (24%) personas han sido procesadas. 1.340 personas resultaron heridas, sin contabilizar las atenciones realizadas por personas voluntarias. De este total, 913 son de la provincia de Pichincha.
Se generaliza la movilización
La movilización contra el “paquetazo” del FMI fue creciendo poco a poco. Se inició con los transportistas, cuyas dirigencias pactaron con el gobierno a cambio de alza de los pasajes y otras prebendas, pero luego entró con fuerza el movimiento indígena, en alianza con otras organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular, cuyo aporte, en realidad, ha sido muy modesto.
Tras la brutal represión a los indígenas, la declaratoria del estado de excepción por parte de Lenin Moreno y su negativa a derogar el decreto 883, se sumaron amplios sectores urbanos no solo del sector popular sino de la clase media. La protesta se convirtió en una revuelta social general el sábado 12 de octubre cuando miles de pobladores de Quito se unieron a las manifestaciones. Luego en la noche se autoconvocaron a un “cacerolazo” y salieron a las calles, desafiando el toque de queda decretado por el Gobierno que disponía que la ciudad y el país quedaran sujetos a las disposiciones del alto mando militar, algo que nunca se había vivido en el Ecuador.
En las capitales provinciales como Guaranda, Ambato y Riobamba, los indígenas permanecían en las gobernaciones que se habían tomado días atrás, mientras en Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Machala y otras ciudades proliferaban las manifestaciones de protesta, bajo la consigna “Quito aguanta, el pueblo se levanta”.
En estos días, también se produjeron saqueos, intentos de saqueos y acciones vandálicas de delincuentes que, aprovechando la ausencia de la policía nacional que fue destinada por el gobierno a la represión, pescan a río revuelto. Incluso se registraron hechos graves, como el incendio a la Contraloría del Estado en Quito, cuyas circunstancias están todavía por esclarecerse, pero que algunos insinúan, sin ninguna prueba, que detrás de estos hechos se encuentra la “mano del correísmo interesado en destruir la información de los casos de corrupción”.
En estas condiciones, se llegó a la noche de 13 de octubre en la que se sentaron a negociar la dirigencia indígena y el presidente Lenín Moreno, en una mesa que fue retransmitida por televisión abierta, a pedido de los indígenas. Moreno, como en varias ocasiones lo ha hecho, reiteró un libreto que ha venido repitiendo desde hace días: que los responsables de las protestas son Rafael Correa, que se encuentra en Bélgica, y Nicolás Maduro, que reside en Caracas. También ha culpabilizado a las FARC y hasta a los Latín Kings.
El dirigente indígena de la provincia de Cotopaxi, Leónidas Iza, discrepó con Moreno señalando que ellos mismos están sorprendidos por la cantidad de gente que se ha sumado a la movilización, poniendo en duda el papel que juega Correa:
Para bajar los niveles de violencia en Ecuador queda únicamente en la responsabilidad del presidente de la República, nosotros queremos ser absolutamente claros, me parece un acto irresponsable creer que es un acto vandálico de la gente o de los correístas. No estamos viendo bien. No estamos viendo con objetividad.
Nosotros mismos nos sorprendemos la cantidad de gente, no creo que Correa en este momento tenga la capacidad de mover aquello, estamos dando mucho crédito compañeros a una posibilidad, en consecuencia, querer en este momento tapar una realidad, es también un acto de irresponsabilidad.
Por otro lado, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, dijo que en medio de una convulsión social se han conculcado los derechos humanos, y que ha habido una violencia desmedida contra el pueblo y terrorismo de estado. Demandó que sean separados de sus cargos la ministra de Gobierno María Paula Romo y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, quienes “no midieron, nunca analizaron para tomar decisiones”.
Vargas le dijo textualmente a Moreno: “Tiene ministros vagos que no hacen nada por la Patria, y le hacen quedar mal señor Presidente. Nunca contestan los celulares. Y hoy en este evento importante, ahí sí, cada minuto, cada segundo, cada diez segundos, hemos tenido llamadas”. Vargas agregó que en dos años de diálogo no se ha avanzado en los temas de la educación bilingüe, ni en la universidad indígena a la cual se le ofreció que ocupe las instalaciones de UNASUR, organismo regional del cual el gobierno se retiró.
Miriam Cisneros, dirigente del pueblo amazónico de Sarayaku, denunció los atropellos que han sufrido los indígenas por parte de la fuerza pública:
Se me han secado las lágrimas de tanto estar llorando por nuestros hijos que han dejado sus vidas en la calle. Nuestras mujeres (…) han tenido que sufrir los atropellos, los golpes de los policías y de los militares. Ayer justamente estuvimos en la Casa de la Cultura. No nos tuvieron compasión señor Presidente. Acaso no te duele cuando tus hijos tendrán que estar en la calle gritando y tengas que ordenar a hombres armados que nos vengan a enfrentar a mujeres, a jóvenes, a quienes estamos luchando por una vida justa, reclamando nuestros derechos, porque esta patria tiene que ser digna y soberana señor Presidente. Eso vine a decirle como mujer amazónica, que en su conciencia queden todos los hermanos caídos en esta lucha.
Persecución al correísmo
En estos días de protestas y de estado de excepción, se ha profundizado la persecución al correísmo, acusándolo de promover la desestabilización y el golpismo. “El objetivo es descabezar a toda la cúpula de Compromiso Social -Revolución Ciudadana, así como a las autoridades electas por este movimiento y anular la acción del su bloque legislativo”, señaló una fuente cercana a este movimiento.
Varios procesos judiciales se han entablado en contra de militantes de este movimiento. Han sido detenidos Yofre Poma, asambleísta de la provincia de Sucumbíos, y Alexandra Arce, ex alcaldesa de Durán. La Fiscalía allanó la casa de Virgilio Hernández, dirigente de este movimiento, pero él no se encontraba en su domicilio. La asambleísta Gabriela Rivadeneira, se asiló el 12 de octubre en la Embajada de México en Quito luego que en los últimos días se había intensificado la persecución, pero su domicilio fue allanado. Su esposo Luis Alberto Flores dos días después también se asilo en la sede diplomática.
También pidieron protección en dicha embajada la asambleísta Soledad Buendía y su cónyuge Edwin Jarrín; el asambleísta Carlos Viteri y su cónyuge, Tania Pauker; el asambleísta alterno Luis Molina; y el procurador de la provincia de Pichincha, Leónidas Moreno.
Paola Pabón, prefecta de la provincia Pichincha, fue detenida el 14 de octubre: “Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevaron detenida sin pruebas. Ser de oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos”, señaló Pabón en su cuenta personal de twitter.
Según la Fiscalía, también fueron detenidos Cristian G. y Pablo D. En el marco de este proceso, el 14 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) allanó la sede del movimiento Compromiso Social RC5 en Quito y confiscó 5 computadoras portátiles, 2 CPU y 2 celulares. Este 15 de octubre, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, dictó prisión preventiva por el presunto delito de rebelión contra Paola P. y Christian G. y medidas alternativas a Pablo D., a más de inmovilización de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes
Paola Pabón colaboró activamente para el triunfo de Lenin Moreno. Cuando éste giró hacia la derecha, adhirió al movimiento Compromiso Social Revolución Ciudadana y a nombre de éste ganó la Prefectura de Pichincha en las pasadas elecciones seccionales del 24 de marzo.
La Alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri ordenó bloquear las vías de la ciudad para impedir el paso de los indígenas, pero ningún proceso judicial se ha abierto en su contra.
El excanciller Ricardo Patiño se encuentra como asilado político en México, luego de que se abriera un proceso judicial y se ordenara su prisión preventiva tras hacer unas declaraciones internas en su movimiento.
La revuelta popular logró que se derogara el decreto 883, pero esto es un aviso de lo que puede pasar si el gobierno de Lenín Moreno insiste en aplicar otras medidas neoliberales que ya anunció, como el envío a la Asamblea Nacional de su propuesta de reformas económicas y laborales, las privatizaciones de las empresas publicas, la flexibilización laboral, los despidos de empleados públicos.
Notas:
1.- Ecuador tardará 15 días en restablecer el bombeo de crudo en sus bloques petroleros, tras protestas
*.- ALAI. América Latina en movimiento
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