Tenemos Ley de Vivienda, pero no soluciones
Por APDHA*. LQSomos.
Hasta ahora el gobierno solo ha tomado medidas cosméticas, como el mal llamado escudo social, o bien la reedición del código de buenas prácticas bancarias, cuya adhesión por parte de los bancos ni siquiera es obligatoria y cuyos supuestos de aplicación son irreales
Entre los días 18 y 19 de abril el Gobierno ha aprobado un Plan para movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SAREB, también conocida como el banco malo, para alquiler asequible y ha anunciado que va a financiar otras 43.000 viviendas destinadas a alquiler asequible, tanto viviendas reformadas como de nueva construcción.
El Gobierno pondrá 21.000 viviendas a disposición de los municipios y comunidades autónomas. Además, impulsará el alquiler social con las 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque y promoverá la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de la SAREB.
Ahora mismo el parque público supone el 3%, por debajo de la media de la UE (9%), y con este Plan se pretende, sin poner una fecha, que la vivienda pública llegue al 20%. El banco malo (SAREB) tenía a finales de 2022 unas 67.000 viviendas, aunque solo 47.000 se consideraban comercializables.
A pesar de estas medidas siguen faltando mecanismos para movilizar las viviendas vacías. Igualmente sigue sin abordarse el hecho de que tenemos una inmobiliaria pública, la SAREB, que el Gobierno ha dejado en manos de los fondos buitre y cuyo patrimonio está siendo vendido, en vez de poner todas esas viviendas a disposición de las comunidades autónomas y aumentar el parque público de vivienda.
El gobierno y los partidos tienen que aceptar el hecho de que en este país no hay vivienda pública y, por tanto, la Administración no tienen alternativas para aquellas familias que, por una razón u otra no puedan procurarse una vivienda.
Seguimos sin acabar con los desahucios de personas vulnerables que no tienen una alternativa habitacional. El proyecto de ley únicamente alarga los procesos de desalojo hasta los 2 años −lo que se traduce en alargar la agonía para las familias afectadas− y solo obliga a los propietarios a someterse a una mediación, cuya resolución no tienen por qué respetar. Es decir: grandes tenedores como bancos y fondos buitre podrán seguir desahuciando sin ningún tipo de obligación o penalización.
Asimismo, se contempla el uso de los fondos del Plan Estatal de Vivienda para pagar los realojos de las familias desahuciadas o incluso alquileres sociales “bonificados”, lo que a la práctica consistirá en otro nuevo traspaso de dinero público a manos de grandes tenedores, como bancos y fondos buitre, en vez de obligarlos a corresponsabilizarse de la actual emergencia habitacional y a movilizar sus viviendas vacías.
Además, las familias hipotecadas se han vuelto a quedar fuera de este marco normativo y de la futura ley en general. El Euríbor ha cerrado el mes de marzo en un 3,67%, lo que implica subidas de hasta 300€ mensuales. Hasta ahora el gobierno solo ha tomado medidas cosméticas, como el mal llamado escudo social, o bien la reedición del código de buenas prácticas bancarias, cuya adhesión por parte de los bancos ni siquiera es obligatoria y cuyos supuestos de aplicación son irreales.
El proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda introduce un tope permanente a la subida de los alquileres. Se ha acordado eliminar el IPC como índice de referencia al tope al alquiler, es decir al límite por encima del cual los caseros no podrán actualizar la renta de sus inquilinos. Este año se mantendrá el límite vigente del 2% anual, que subirá al 3% el año que viene. A partir de 2025 será sustituido por un nuevo índice.
También recoge una regulación de los precios de alquiler de todas las viviendas que se sitúan en aquellas zonas de mercado tensionado, es decir, donde el precio del alquiler está disparado. Y se redefine la figura del gran propietario, rebajando de diez a cinco las propiedades que hay que tener para ser considerado tal, y se relajan los requisitos para que una administración pueda declarar una zona de mercado tensionado.
A largo plazo, es posible que la norma modere relativamente los precios, pero no en el corto y medio plazo. Además, deja en manos de la Comunidad Autónoma la utilización o no de medidas correctoras, por lo que no se garantiza el derecho a la vivienda.
La ley se aprobará previsiblemente en plena precampaña de elecciones locales del 28 de mayo. Y aun teniendo claro que necesitábamos una ley de vivienda y seguir desarrollando las políticas necesarias para que la gente pueda tener una vivienda sin hipotecar el resto de su vida, este proyecto se queda corto, y no responde a nuestras expectativas.
Hacemos un llamamiento a los Ayuntamientos de la Comarca del Campo de Gibraltar para que publiquen su censo de viviendas de parque público y las demandas de sus registros de vivienda, así como el número de viviendas vacías tanto públicas como privadas junto a los proyectos de construcción de nueva vivienda pública que tengan previstos.
Entendemos que en este momento electoral también deben rendirse cuentas de las promesas adquiridas y de su grado de ejecución.
Se necesitan miles de viviendas de alquiler para la gente con renta normal y, sobre todo, para nuestros jóvenes y las personas vulnerables. El hogar no puede ser un bien del mercado, ni estar por encima los beneficios de los fondos especuladores. Hay que garantizar a los ciudadanos el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, promoviendo las condiciones necesarias y estableciendo las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
* Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos
