Un año del gobierno del cambio en medio del affaire de Nicolás Petro
Por Pedro Santana Rodríguez*.
El pasado 7 de agosto el gobierno de Gustavo Petro cumplió un año. No pretendo aquí hacer un balance completo de los logros, las dificultades y los yerros del gobierno en estos doce meses. Mi objetivo es más modesto, a manera de paneo quiero eso si dar una visión de conjunto sobre lo que ha significado este primer año en el ejercicio del primer gobierno de izquierda en nuestra historia republicana. Ahora que se presentan balances y el propio presidente Petro lo hizo en el Puente de Boyacá, es bueno reflexionar sobre lo que se ha hecho, las limitaciones y los principales errores cometidos
En primer lugar, hay que reflexionar sobre los tres poderes el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, pero también sobre un cuarto poder, el de las Fuerzas Armadas y la Policía, y un quinto poder, el de la opinión pública y los medios de comunicación. Comenzaré precisamente por el Congreso de la República. En una transición democrática que fue el faro o la concepción que orientó el programa del entonces candidato Petro este concepto es clave y no fue ni ha sido asimilado por el país ni por buena parte de los actores políticos y sociales. Desde la izquierda radical se critica al gobierno y obviamente al presidente por no tener y llevar a la práctica un programa radical anticapitalista. Ni eso fue lo que prometió Petro ni las circunstancias políticas del país están para esos cambios.
La transición democrática, como período histórico al que nos enfrentamos, supone profundizar y hacer realidad el Estado Social y Democrático de Derecho, y eso implica varios retos, el primero desandar el camino neoliberal en que se embarcó el país desde los años noventa del siglo XX. Revisar a fondo el modelo extractivista propio de ese modelo que nos condujo a la precarización del trabajo, a la disminución de la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto, PIB, a la mercantilización de los derechos fundamentales como la salud, la educación, los servicios públicos esenciales, y por supuesto, a un segundo reto, la reindustrialización del país, al impulso de un nuevo modelo de desarrollo con base en el desarrollo de las actividades productivas, en medio del agravamiento de la crisis climática que tiene como motor principal la quema de los combustibles fósiles y como consecuencia el cambio climático.
Un tercer reto es el de la lucha por la concreción de un gran acuerdo nacional por sacar las armas de la política, sacar a las mafias de la política y subordinar a las economías ilícitas ligadas al narcotráfico, lo que supone doblegarlas mediante procesos de negociación y sometimiento a la justicia. En síntesis, son los contenidos esenciales de la transición democrática, obvio que hay otros componentes fundamentales como por ejemplo recuperar la soberanía alimentaria, hoy somos dependientes con la importación de cerca de quince millones de toneladas principalmente de maíz, trigo, frijoles y alimento para los animales. Supone ello una profunda transformación del campo donde durante cientos de años las políticas públicas se hicieron a favor de los terratenientes y los grandes propietarios siendo que cerca del 70% de los alimentos que consumimos los provee la economía campesina. Por ello forma parte de esa agenda un quinto elemento, que será además decisivo para lograr la paz y es el desarrollo de una política pública que redistribuya la tierra concentrada hoy con un Gini de más del 90 en que 100 sería la desigualdad total. Pero esa política tiene que tener como elementos complementarios el crédito de fomento, mecanismos de mercadeo y seguro de cosechas, etc.
La transición democrática para que sea viable y posible requería de un acuerdo con las bancadas parlamentarias y los partidos con representación en el Congreso, sobre puntos esenciales de esa transición como los señalados antes y ese acuerdo incluía dados los resultados electorales de las elecciones del mes de marzo en que se eligió al nuevo Congreso de la República y en que el Pacto Histórico y las Fuerzas Progresistas no lograron mayorías en el Congreso, un acuerdo con sectores de los partidos tradicionales. Parte de esa agenda como las reformas a la salud, a las pensiones y la reforma laboral, la reforma rural, el programa de transición energética, el marco jurídico para la paz, requerían y requieren de mayorías legislativas, pues requieren de leyes que posibiliten el desarrollo de esa agenda de transición. El gobierno así lo entendió. Desde su elección se dio a la tarea de armar una coalición amplia en donde en un primer circulo se concretaron acuerdos con el Partido Verde, los Comunes y las curules de paz en la Cámara de Representantes, pero aún así tampoco se lograrían las mayorías por lo cual esa coalición se amplio a los partidos tradicionales Liberal, Conservador y de la U.
El error es que se puso al frente de esa negociación a parlamentarios o personas ligadas al mundo tradicional de la política como Roy Barreras y Alfonso Prada. El resultado fue un acuerdo burocrático, puestero y de presupuesto sin un acuerdo de mínimos de esa Agenda de Transición, en esa coalición amplia. Mucho de ministerios y burocracia, pero nada de programa. En el primer período legislativo que permitió la aprobación entre otros importantes proyectos como la Reforma Tributaria progresista que dio como resultado unos 20 billones nuevos para las finanzas públicas, suma importante para el financiamiento de la inversión social; la aprobación del marco jurídico para la paz, el tratado de Escazú, el proyecto de armonización presupuestal y el presupuesto general de la Nación para el año 2023, entre los más significativos, fue aprobado porque los partidos tradicionales dieron libertad de voto a sus bancadas. Cuando llegaron en el segundo período legislativo las grandes reformas sociales la coalición amplia no respondió. Se opuso a los contenidos básicos de las reformas sociales. Querían que las reformas fueran cosméticas, el gatopardismo, que todo cambie para que todo siga igual. Esto llevó a la crisis de la coalición y a que los partidos Conservador y de la U se hayan declarado en independencia del gobierno.
En ese segundo período legislativo como lo hemos señalado en el balance que hicimos del mismo se aprobaron proyectos importantes como el Plan Nacional de Desarrollo, la jurisdicción nacional agraria, la reforma constitucional que confirió derechos al campesinado, el proyecto de matrícula cero para la educación superior, la adición presupuestal que privilegió la inversión social, pero naufragaron cuatro muy importantes el consumo recreativo del cannabis, la reforma laboral, el proyecto de sometimiento a la justicia para grupos ligados al narcotráfico y el proyecto de humanización de las cárceles y los otros dos programas banderas de la transición y del programa del presidente, la reforma a la salud y la reforma pensional, se estancaron en el Congreso y si bien no se han hundido su trámite legislativo es incierto. [1]
Se requiere una recomposición de la coalición, pero no a cualquier costo como pretendieron los directores de los partidos tradicionales que pusieron como condición rebajar los alcances en los contenidos de la reforma, en eso anda el gobierno, pero con resultados aún inciertos. El presidente hasta ahora ha sido claro y lo reitero en su balance este 7 de agosto, coalición sí, pero con unos contenidos programáticos mínimos en torno a la agenda de transición. Ese es el pulso que se libra sin que sea claro el futuro de las relaciones con los partidos tradicionales y con un sector minoritario del partido Verde.
Con la rama judicial del poder público las relaciones son diferenciadas. Hasta ahora las decisiones de la Corte Constitucional no han sido adversas al gobierno. Choques se han presentado, pero sin mayores sobresaltos. Excepto la aprobación de una amenazante sentencia en que la Corte Constitucional se abroga el derecho de suspender normas de forma transitoria hasta llegar a una sentencia definitiva. Esto había sido negado en otras ocasiones incluso por esta misma Corte que no impuso medidas cautelares para suspender provisionalmente la grosera reforma que permitió la contratación y los convenios interadministrativos en la ley del presupuesto reformando una ley estatutaria en una ley ordinaria, la Ley de Garantías Electorales, en el año 2021. Luego la Corte tumbó esa grosera reforma, pero el daño se hizo a las elecciones parlamentarias y presidenciales del año 2022. Ahora viene el control de constitucionalidad de la Emergencia Económica y Social decretada por el gobierno para la Guajira allí veremos de fondo cual será la posición de la Corte Constitucional frente al gobierno. Hay allí un estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte desde el año 2017, lo más lógico sería que el decreto que la aprobó pasara la revisión constitucional. Ya veremos. Con la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado las relaciones han tenido contradicciones normales en una democracia.
Otra cosa sucede en las relaciones del gobierno con la fiscalía General de la Nación y con la Procuraduría, en ambas hay uribistas al frente de las mismas. El manejo politiquero y de oposición del fiscal General, Francisco Barbosa, ha quedado claro. Varias de sus actuaciones dejan claro que se trata de una fiscalía al servicio del proyecto político de la oposición. Sin ningún pudor ha buscado que la investigación sobre la compra de testigos en donde el imputado es el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea archivada. Enterró la investigación sobre el ingreso de recursos del narcotráfico a la campaña de Iván Duque en el caso conocido como la ñeñe política. Nada hace frente a las graves denuncias de infiltración del Clan del Golfo en la fiscalía General. Actuó en la investigación sobre el financiamiento ilegal de la campaña de Oscar Iván Zuluaga solo después que en enero del presente año una Comisión del FBI estuviera en Colombia. El temor es que se lleven a Oscar Iván Zuluaga a los Estados Unidos. Se ha opuesto al marco jurídico para la Paz negándose a interpretar la ley que expresamente le confiere facultades al presidente de la República para el proceso de sometimiento a la justicia con las bandas armadas ligadas al narcotráfico. Las investigaciones sobre Reficar y Odebrecht, duermen el sueño de los justos. En cambio, montó un show mediático en la investigación contra Nicolás Petro y Day Vásquez. Al final como se ha señalado las pruebas que presentó la fiscalía en el proceso son endebles y solo la confesión de los dos implicados mantiene viva la investigación.
Todo parece indicar que el show mediático orquestado desde la Revista Semana por la activista Vicky Dávila y alimentado por la fiscalía, tenía como propósito evitar que el presidente Gustavo Petro, postulara la terna para que la Corte Suprema de Justicia elija a la nueva fiscal General de la Nación que deberá posesionarse en el mes de febrero del próximo año. En un pronunciamiento previo, que resolvió la solicitud de nombramiento de un fiscal ad hoc para el caso de Nicolás Petro la Corte Suprema señaló que no había lugar a la recusación de Barbosa porque el fiscal general no lleva casos concretos. De esta manera quedo despejado el camino para que, como sucedió, Petro conformara la terna con tres mujeres independientes todas ellas probas y penalistas para que la Corte elija al reemplazo de Barbosa. Lo que se libra es una verdadera batalla para mantener los privilegios y la impunidad en los delitos de alto impacto que comprometen a sectores muy poderosos del establecimiento. Ahora frente a las presuntas amenazas del ELN al fiscal general el gobierno ha obrado correctamente al comprometerse a la protección del funcionario uribista, como debe ser, y a brindarle protección. Así debe obrar el Estado, sin interferencia en los procesos y con el adelanto de investigaciones rigurosas cuando se trate de reales o presuntas amenazas a funcionarios del Estado.
El mismo camino de Barbosa al frente de la fiscalía lo ha seguido Margarita Cabello Blanco al frente de la Procuraduría General de la Nación. Choques con el gobierno que se negó a aplicar sanción al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, sancionado por la Procuraduría con tres meses de suspensión. Petro se negó a aplicar la sentencia de la Procuraduría por abierta violación y desconocimiento de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Éstas prohíben a organismos administrativos sancionar a funcionarios electos popularmente, solo un juez penal puede hacerlo. Hay otros casos como la proyectada sanción contra Daniel Rojas Medellín, director de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, por el caso de la negociación de las acciones de la empresa Triple A de Barranquilla que se zanjó con un acuerdo. Las amenazas sobre funcionarios públicos de este gobierno no cesan y son pan de cada día. La Procuraduría se ha convertido también en un organismo obstruccionista.
Sobre las relaciones con las Fuerzas Armadas y de Policía las cosas han marchado en general con normalidad. El retiro de 52 generales de lo cuales unos 20 pertenecían a la Policía y el resto a las Fuerzas Armadas no ocasionó ni el levantamiento de la fuerza pública ni el desbarajuste institucional que pregonó la oposición. Muchos rumores, pero pocos hechos de confrontación con el gobierno. Ahora allí el asunto es de efectividad contra las organizaciones criminales. Hay una labor importante en la interdicción de drogas ilícitas principalmente de cocaína. Faltan aún resultados contundentes en lavado de activos y mayores resultados en la lucha contra las organizaciones criminales de alto impacto. El reto sigue estando en materia de derechos humanos en que ha disminuido el asesinato de líderes, el desplazamiento, pero aún las cifras son altas lo mismo que las masacres, que han aumentado. Estos son retos que tienen las Fuerzas Armadas y de Policía.
Sobre las labores del ejecutivo nos ocuparemos más adelante, por ahora hay que decir que no ocurrió el desastre que la oposición pregonó aún antes de la posesión del nuevo gobierno. Hay retos importantes en la ejecución presupuestal que es baja en algunos ministerios y que el gobierno debe revisar con presteza. En el manejo macroeconómico se destacan el crecimiento económico que en el primer trimestre de este año fue del 3% del PIB, insuficiente pero dada la crisis de la economía mundial es significativo; el crecimiento de la inversión extranjera, la revaluación del peso, y quizás lo más importante el quiebre de la inflación por tercer mes consecutivo lo que hace probable que al final del año se logre la meta del gobierno de ubicarla en el 9%; la caída del desempleo a un 9.3% de la Población Económicamente Activa, PEA, con un crecimiento de la tasa de ocupación que pasó de 56,5% a 58,3% . De junio de 2022 a junio de 2023 se crearon 1,03 millones de empleos. Según el DANE alrededor del 98% de los nuevos empleos fueron formales.
En materia agraria el avance más significativo lo constituye los avances en la formalización de la propiedad agraria en donde se registra la titulación de 1.4 millones de hectáreas que ha beneficiado a 33.016 familias; la legalización de 4 nuevas zonas de reservas campesinas con 396.560 hectáreas y la entrega de un poco más de 30 mil hectáreas a familias campesinas de tierras obtenidas por extinción de dominio, baldíos y compra de tierras, una cifra baja para una meta de 3 millones de hectáreas que de todas formas es mas de lo que adjudicó todo el gobierno de Santos desde la firma de los Acuerdos de Paz en el año 2016 y los cuatro años del gobierno de Duque. Allí hay un reto enorme pues hoy el ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras cuenta con cerca de 5 billones de pesos para la compra de tierras. Sabemos que el proceso es lento y el reto es inmenso.
Otro logro importante en este somero paneo sobre las realizaciones del gobierno tiene que ver con la importante disminución de la deforestación en el territorio nacional. De acuerdo con las cifras de deforestación del IDEAM, en 2022 la deforestación en toda Colombia tuvo una disminución del 29,1% la más baja desde el 2013. En comparación con el año 2021 cuando se perdieron 174.103 hectáreas de cobertura forestal en Colombia, en 2022 la deforestación en el país comprometió 123.517 hectáreas. En la región amazónica, la pérdida de bosques disminuyó en un 36,4%. Si se compara el primer trimestre de 2022 con el primer trimestre del 2023 la reducción de la deforestación en la Amazonía colombiana fue del 76%. Esta comparación permite vislumbrar la acción de este gobierno máxime si se tiene en cuenta que en este período es donde la Amazonía colombiana enfrenta una de las temporadas más secas favorable a los incendios forestales. (Santana Andrés, julio 2023).
Finalmente, en materia de salud el presidente dio cifras importantes un incremento del 20% en los recursos destinados a la salud que pasó según Petro de 42 billones en 2022 a 50 billones para 2023, la puesta en marcha de 2000 equipos de salud preventiva en 677 municipios del país y 60 equipos de atención inmediata en la Mojana, Sucre y la Guajira. La inversión de 600 mil millones de pesos en infraestructura de salud y red de urgencias en 99 municipios con 128 proyectos de infraestructura.
Para terminar con este paneo hay que decir que la estrategia de comunicación y de lucha por la opinión pública es un faltante muy grande de este gobierno. No existe tal estrategia y apenas ahora se nombraron en propiedad los funcionarios de la Televisión y la Radio públicas. El gobierno y el presidente deberían trabajar de manera prioritaria en esta estrategia. La guerra mediática de los grandes medios no da tregua. El gobierno debe entender que este frente es prioritario, así como ajustes para acelerar la ejecución presupuestal y la coordinación interna del gobierno. Falta un/a jefe de gabinete que haga el seguimiento a la Agenda de Transición Democrática, los tiempos apremian.
Notas:
1.- Santana Pedro, Termina la primera legislatura: un balance agridulce, Revista Sur No 317, Bogotá junio de 2023.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
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