Un lustro de “okupas” en el CGPJ… y cobrando
Por Por Selodi Gasan Adie
Carlos Lesmes pronunció hasta cuatro discursos de inauguración del curso judicial, estando en funciones. El último, el del 7 de septiembre de 2022, ahí deslizó una amenaza de dimisión que cumplió un mes después…
A modo cronológico de cinco años de insurgencia togada
A principios de mes la periodista Ana Pardo de Vera definía muy bien la situación, en el diario Público que estamos viviendo con el CGPJ: “Lo fácil que resulta desalojar a la gente de sus casas por impago de unos cientos de euros, tenga o no donde caerse muerta; sean o no asociaciones del movimiento okupa que hacen uso de propiedades deshabitadas, y lo difícil que es echar de su sueldo de decenas de miles de euros y su poltrona a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial”.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple hoy lunes 4 de diciembre, cinco años en funciones, que se suman a otros cinco de mandato vigente, una década en la que se ha ido descomponiendo hasta el punto de ver pasar tres presidentes, debido al bloqueo impuesto por el PP y la incapacidad del PSOE para realizar la renovación.
El actual CGPJ se conformó el 4 de diciembre 2013 con 20 vocales que ahora son 16 porque en estos años Rafael Fernández Valverde y Rafael Mozo se han jubilado, Concepción Sáez ha dimitido y Victoria Cinto ha fallecido. A ello se suma la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo y del Tribunal Supremo (TS) en octubre de 2022.
El (supuesto) proceso de renovación arrancó el 3 de agosto de 2018, cuando Lesmes comunicó a Congreso y Senado la apertura del plazo para presentar candidaturas, ya que los 20 vocales son elegidos a partes iguales por ambas cámaras, con 10 cada una –6 entre jueces y magistrados, y 4 entre juristas de prestigio–. Poco después, les remitía la lista con los 51 precandidatos de las asociaciones judiciales para ocupar los 12 asientos del turno judicial.
El 12 de noviembre, se dio a conocer un acuerdo por el que PSOE y PP colocaban al presidente de la Sala de lo Penal del TS, Manuel Marchena, en la cúspide del Poder Judicial, a cambio de que hubiera 11 vocales progresistas y 9 conservadores.
A los pocos días el acuerdo descarriló. La causa era un mensaje enviado por el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el chat de WhatsApp de los 146 senadores ‘populares’ del momento. Según se publicó entonces, su intención era apaciguar los ánimos ante las críticas internas por el pacto: “Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional, (…) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y ‘auctoritas’ para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la Sala Segunda desde detrás”.
Carlos Lesmes pronunció hasta cuatro discursos de inauguración del curso judicial, estando en funciones. El último, el del 7 de septiembre de 2022, ahí deslizó una amenaza de dimisión que cumplió un mes después.
Ya situados en la segunda mitad de 2020, las negociaciones PSOE-PP sobre el CGPJ estuvieron íntimamente ligadas al calendario electoral y otros hitos políticos que fueron acercando y alejando el acuerdo sucesivamente.
Ese otoño, el Gobierno lanzó dos iniciativas parlamentarias para empujar al PP a pactar: una para rebajar la mayoría por la que Congreso y Senado eligen a los vocales judiciales y otra para prohibir que un CGPJ caducado haga nombramientos en la cúpula judicial. Ante las críticas de Bruselas, oposición y asociaciones judiciales, el Ejecutivo retiró la primera pero mantuvo la segunda, que se aprobó en marzo de 2021. La maniobra propició que los negociadores volvieran a sentarse a la mesa. Las conversaciones entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea dieron sus frutos y pactaron otras renovaciones pendientes –como la del Tribunal Constitucional (TC)–, dejando el CGPJ para más adelante.
En ese punto, el PP volvió a dinamitar el acuerdo: Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, los dos grandes juristas que Podemos proponía al Consejo y que el PP se negó a aceptar. El PSOE aceptando esta negativa, seguía la negociación tal como aseguró el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, confirmando que las conversaciones seguían y que la lista estaba hecha, a falta de que el PP quisiera hacerla pública. Campo habló expresamente de la conveniencia de esperar a que se celebraran las elecciones madrileñas del 4 de mayo de 2021. Pero el devenir político se impuso de nuevo a la ‘hoja de ruta’. El 22 de junio de ese año el Gobierno indultó a los condenados por el ‘procés’ y la renovación volvió a naufragar.
El 20 de septiembre, el PP trazó una línea roja al someter a un debate parlamentario su propuesta de cambiar el sistema de elección de los vocales judiciales –para que sean elegidos por los propios jueces–, una idea que con el tiempo se ha convertido en condición ‘sine qua non’, y que por supuesto significaría la rancia continuidad.
El forzado cambio en el liderazgo del PP, de Pablo Casado a Alberto Núñez Feijóo, en abril de 2022 avivó otra vez una esperanza que finalmente se disipó por la convocatoria electoral en Andalucía para ese 19 de junio. Esa nueva fecha se superó también sin resultados.
Entretanto, venció también el mandato de 4 de los 12 magistrados del TC, el tercio que corresponde proponer a Gobierno y CGPJ, y Moncloa deslizó la posibilidad de nombrar a los suyos sin esperar al Consejo. Ante las dudas legales, ¡Por fin!, promovió una reforma exprés de la LOPJ para que los vocales pudieran designar a sus dos candidatos.
En ese contexto, Bolaños y Esteban González Pons retomaron discretamente los contactos para renovar el CGPJ pero la mañana de ese domingo 9 de octubre un ‘whatsapp’ de cada uno transmitió a Lesmes que la negociación estaba muerta, según las fuentes consultadas. Esa misma tarde, anunció su dimisión, dando lugar a una bicefalia en el Poder Judicial, con Mozo al frente del CGPJ –por ser su vocal de mayor edad– y Francisco Marín Castán, del TS.
La renuncia de Lesmes sirvió para forzar a PSOE y PP a reanudar las conversaciones. Las mismas fuentes aseguran que en las semanas siguientes, los partidos perfilaron un acuerdo global que contemplaba la renovación del CGPJ y hasta del TC, incluida la quinta plaza que Alfredo Montoya dejó vacante por enfermedad y que corresponde cubrir al Senado. Pero todo volvió a desmoronarse cuando el Gobierno ratificó que pretendía reformar el delito de sedición. Ese 27 de octubre, el PP rompía las conversaciones. Desde ese momento, la atención se centró en la renovación parcial del TC, que se logró propiciando un vuelco a una mayoría progresista que ha sido clave para validar la agenda legislativa del Gobierno.
Tras ello, la situación se congeló, hasta que el pasado marzo la vocal progresista Concepción Sáez dimitió, un movimiento que llevó a que su colega Álvaro Cuesta planteara la posibilidad de que el bloque progresista renunciara en bloque, si bien no contó con el respaldo de sus colegas.
La última crisis del CGPJ se vivió el pasado 19 de julio por la jubilación de Mozo, que llevó a designar al tercer presidente del CGPJ –y el segundo interino–, el vocal conservador Vicente Guilarte, que ha fijado como objetivo prioritario de su mandato la renovación.
El arranque de una nueva Legislatura ha dibujado dos posibilidades: el acuerdo político o una reforma legal que permita al Gobierno sortear al PP en las Cortes Generales, aunque abocaría a una renovación parcial por cuanto la forma de elección de los ocho vocales del turno de juristas está blindada constitucionalmente…
Continuará!
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