La Constitución borbónica es incumplible

Arturo del Villar*. LQS. Octubre 2019

Con nocturnidad, a las cuatro de la madrugada del 4 de octubre de 2019, fecha histórica para Madrid, y con alevosía, pegando palos en las tiendas, la Policía Municipal de la capital del reino de España ordenó a los que dormían en las 141 tiendas de campaña instaladas en el paseo del Prado que recogieran sus enseres en diez minutos, porque iban a desmantelarlas pasado ese plazo. Llevaban allí 170 días y noches, desde el 16 de abril, bajo el sol implacable del verano y bajo los chaparrones otoñales, que de todo ha habido.

Intervinieron en la Operación Desalojo 94 policías municipales, protegidos por 50 nacionales que formaron un cordón alrededor del campamento, más 45 empleados del Servicio Municipal de Limpieza dedicados a cargar en 16 camiones las 141 tiendas de campaña que habían llegado a reunirse en el bulevar del paseo del Prado, desde Cibeles al Ministerio de Sanidad, más los objetos que sus ocupantes no tuvieron tiempo de recoger.
Esta actuación es absolutamente anticonstitucional, una demostración más de la inseguridad jurídica que padecemos en la borbonidad, pese a que la Constitución fue elaborada y aprobada en 1978 precisamente para su disfrute. El punto 2 del artículo 18 proclama, por si alguien lo cree:

El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo caso de flagrante delito.

Considerando que el domicilio, según la última edición del Diccionario de la lengua española elaborado por la Real Academia Española, se define como “Casa en que alguien habita o se hospeda”, y teniendo en cuenta que los acampados habitaban desde el 16 de abril en las tiendas de campaña, durante cinco meses y medio, es indudable que constituían su domicilio, y por lo tanto era inviolable. En consecuencia el alcalde José Luis Martínez-Almeida, afiliado a ese partido que se titula Popular, incurrió en un delito contra los derechos garantizados a los vasallos de su majestad, sean ricos o pobres, porque el texto legal no distingue entre unos y otros. Los policías y limpiadores que efectuaron la destrucción del campamento alegarán que lo hicieron por obediencia debida, una defensa injustificable, ya que la jurisprudencia tiene confirmado que las órdenes contrarias a Derecho no deben ser obedecidas. Si, pero esto es una monarquía borbónica.

Siguen en la calle, y al aire libre

Los agentes identificaron a 87 personas que protestaban, y que por ello han quedado fichadas como sujetos peligrosos: en los ficheros policiales estamos incluidos tantos vasallos de su majestad que cualquier día se desbordarán. El Samur Social trasladó al Albergue San Isidro a 48 hombres y nueve mujeres. Los demás siguen en la calle, pero ahora sin refugio.
Estos desalojados se manifestaron a las once de la mañana en las cercanías del palacio municipal, vigilados por los policías, y anunciaron que demandarán al Ayuntamiento por el delito de haberles quitado sus propiedades privadas, empezando por las tiendas. Asimismo advirtieron al alcalde que volverán a acampar en el mismo lugar, porque no tienen adónde ir: son personas sin trabajo o jubilados con pensiones mínimas. ¿Cómo es posible que esto ocurra bajo el reinado de nuestro señor el rey católico Felipe VI? El primer punto del artículo 40 de su Constitución, porque para su dinastía se elaboró, dispone taxativamente:

Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

Ja, ja, ja, qué graciosa es la vigente Constitución borbónica. Para morirse de risa los que no se mueren de hambre. Los poderes públicos solamente se ocupan de su enriquecimiento personal, sin importarles la situación de los vasallos de su majestad. Según comunicó el Ministerio de Trabajo el pasado día 2 de octubre, el número de parados en España ascendía a 3.079.711. Eso es el pleno empleo bajo la borbonidad. Pero no debemos quejarnos, para no ser identificados por la Policía borbónica. Como yo lo estoy ya por intervenir en manifestaciones republicanas, no me importa ser reincidente.
Se personó en el lugar el alcalde madrileño, para contemplar cómo se habían cumplido sus órdenes de destruir el campamento y dejar expedito el bulevar. Un periodista le preguntó si el desalojo a los 170 días de ocupación se debía a la próxima visita de una delegación de la UNESCO, encargada de examinar las motivaciones del Ayuntamiento para presentar a ese organismo internacional la candidatura del eje Retiro—Prado como patrimonio mundial de la humanidad, pero lo negó. Declaró que el desalojo del campamento se debía a los informes sanitarios que alertaban sobre el peligro de infecciones, debido a que allí convivían personas y perros sin condiciones higiénicas. Pues sí que tardaron en darse cuenta de ello.

¿Hay derechos constitucionales?

¿Y ahora qué? Porque allí habitaban unas 150 personas, de las que se ha albergado a 57, sin que se haya tomado ninguna medida sobre las restantes. Aquí existe un problema de orden público que debe resolverse. Yo no sé cómo, ni tengo por qué saberlo, puesto que no cobro un sueldo del Ayuntamiento. Lo que sí sé es que el artículo 47 de la actual Constitución borbónica asegura:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

¿Qué hacen esos “poderes públicos” que incumplen la obligación constitucional de facilitar “una vivienda digna” a los vasallos de su majestad? Dirán que carecen de presupuesto para ejecutar ese precepto. ¿Para qué sirve una Constitución incumplible? Que se anule ya. Que se celebre un referéndum en el que podamos decidir la forma de Estado que preferimos. Que todos los españoles tengamos derechos efectivos, como sucede en los países civilizados. Que se termine el régimen implantado por la voluntad del dictadorísimo al designar a un sucesor suyo a título de rey, para que perpetuase el genocidio contra el pueblo español. ¿Y para qué escribo esto si sé que no sirve para nada? Pues para poder repetir ¡Viva España con honra!

* Presidente del Colectivo Republicano Tercer Milenio.
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