Ley Celáa: Mucho ruido y pocas nueces

Javier Sáenz Munilla*. LQS. Diciembre 2020

«El principio esencial del sueño igualitario es la educación. Su más equitativo y generoso instrumento es la educación pública, con la pedagogía de la justicia y la solidaridad». (Emilio Lledó. Filósofo)

Según los últimos informes de la OCDE, España es uno de los países europeos donde más crece la desigualdad. Y entre sus causas, después del nivel de renta, está el sistema educativo. Nuestro sistema educativo es mediocre y segregador. No promueve la igualdad. Distribuye a los niños en función de su nivel social y no según sus necesidades. Y esto ocurre en un sistema doble, público y privado, la escuela concertada, financiados ambos con los impuestos de todos. Las palabras altisonantes, «libertad de enseñanza» o «libertad religiosa» cuando se abre la espita de la educación en realidad significan «segregación», «desigualdad».

Añade Emilio Lledó: «El permitir que el poder económico pueda determinar la calidad de la enseñanza o, lo que es más sarcástico, que el Estado subvencione con dinero público ciertos intereses ideológicos de una buena parte de colegios más o menos elitistas parece, en principio, no sólo una aberración sino una clamorosa injusticia…».

Con tanto ruido, la Ley Celáa ha quedado en eso: ruido, alharaca y muchas mentiras. Sobre todo de quienes ven en la educación un negocio, unos privilegios ancestrales y un instrumento de adoctrinamiento. Cuando la escuela está para enseñar y educar y, sobre todo, para formar ciudadanos capaces de emanciparse, de ser libres, con criterio propio. ¿Lo consigue esta octava ley educativa de la democracia? Veamos.

En primer lugar y según algunos sindicatos de docentes, esta ley no se plantea siquiera como objetivo una educación laica, pública y gratuita. Tampoco ésta vez.

A juicio de los expertos, la ley Celáa cambiará poco o nada los ratios, la segregación y el fracaso escolar. No nace del consenso de la comunidad educativa ni exige cambios a las autonomías, que tienen traspasada la competencia.

Por mucho que el lobby de la concertada monte el pollo día sí día, día no, esta ley cambia muy poco los desfases establecidos en la LOMCE del PP-José Ignacio Wert. Se nota que la LOMLOE (la ley Celáa) no ha contado con los profesionales de la educación para su elaboración.

La enseñanza concertada es el 28%. La pública, el 67,5%. Más del 13% por debajo de la media europea. La Iglesia Católica controla más del 60% de los centros concertados.

La palabra ‘ratio’ no aparece en la ley. Sólo en una disposición final se cita el «compromiso» de llegar en dos años al 5% del PIB en gasto educativo. Sin concretar el % que iría a la pública y a la concertada. Mantiene los mismos ratios que fijó la LOGSE hace 30 años: 25 alumnos por clase en infantil, 30 en ESO y 35 en bachillerato.

El presupuesto de la concertada sigue en manos de los gobiernos autonómicos; la mayoría pro-concertada. Y además introduce en la escuela pública la posibilidad de conciertos para «obtener recursos complementarios». Es decir, acudir a la financiación privada.

El Informe Pisa de 2018 señala una tasa de repetición del 28,7% frente al 11% de los países de la OCDE. Y en abandono escolar del 17%.

Las tasas de abandono y repetición no van a cambiar por sí solas. Y la ley no prevé cambios pedagógicos profundos ni especial apoyo a la formación profesional ni revisión de la edad obligatoria. Tampoco contempla cambios en la selección del profesorado ni en la contratación. Casi el 40 % de la plantilla es interino. El ingreso a la práctica docente se limita al examen sobre 75 temas; puro ejercicio memorístico. Mal comienzo de la tarea docente, éste del memorión.

Entre las cosas buenas, alguna tiene, la Lomboe introduce por primera vez los Derechos de la Infancia, según los proclama la Convención de la ONU, la UE y la UNESCO. La igualdad de género por la coeducación; la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual. La importancia de respetar el desarrollo sostenible; de fortalecer la estrategia digital en la educación.

Impulsa la participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros, para contribuir a la autonomía pedagógica.

Algunos avances que, sin embargo, saben a nada ante lagunas que son mares. Como que la ley no va a acabar con la segregación educativa porque no contempla mecanismos más eficaces que la eviten. No hace una defensa valiente del laicismo. No garantiza la gratuidad de las guarderías y la universidad.

No garantiza la no confesionalidad. Y por mucho que se proclame, incluso en el Proyecto No de Ley aprobado en febrero de 2018, mientras no se denuncien en un nuevo Concordato los acuerdos con el Vaticano de 1979, será imposible, como dice esa PNL, que se pueda exigir al gobierno «garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como institución pública, dejando a la religión confesional fuera del sistema educativo oficial».

* Más artículos del autor. Periodista y analista internacional. Miembro del Colectivo LoQueSomos. En Twitter: @pepitorias

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