Aske gunea: ¿una primavera vasca?

Para Natalia y Oskar, que algún día pasearán con nosotros por el valle de Baztán.
El Aske Gunea organizado en Donosti para impedir la detención e ingreso en prisión de los jóvenes de Segi condenados por el Tribunal Supremo ha roto la imagen tradicional del conflicto vasco. La violencia del Estado español siempre ha existido, pero su escenario principal no era la calle, sino las comisarias, los cuarteles de la Guardia Civil o los calabozos donde se aplica el régimen de incomunicación contemplado por la ley antiterrorista. Desde que ETA anunció el fin de la lucha armada, la izquierda abertzale ha planteado sus reivindicaciones por vías exclusivamente pacíficas y democráticas, sin renunciar a la desobediencia civil radical no violenta. La acampada de Donosti no evitó la detención de seis jóvenes, que han ingresado en la prisión de Martutene, pero obligó a la Brigada Móvil de la Ertzaintza a arrastrar a ochocientas personas, empleando un aparatoso despliegue policial que contrastó con la resistencia cívica de un auténtico muro popular. El reciente informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), que considera “creíbles y consistentes” los testimonios de malos tratos, torturas y agresiones sexuales alegados por diez personas detenidas y torturadas por la Guardia Civil durante los seis primeros meses de 2011, contribuye a romper el mito de un Estado democrático que lucha contra los “violentos”, pues la violencia, lejos de ser unilateral y gratuita, es estructural y está asociada a las miserias de un modelo político gestado por las oligarquías políticas y financieras del franquismo.
Beatriz Etxebarria: un nuevo caso de tortura
El informe del CPT es un catálogo de horrores completamente impropio de un país europeo y presuntamente democrático. Después de visitar comisarías de policía, dependencias de la Guardia Civil y centros penitenciarios de Madrid, Barcelona, Córdoba, Álava y Cádiz, el equipo de delegados que realizó la investigación acusa a la Guardia Civil de utilizar la tortura de forma sistemática con los detenidos en régimen de incomunicación. La colocación de una bolsa de plástico en la cabeza es un procedimiento habitual. El objetivo es producir una sensación de asfixia que produce un grave daño físico y psíquico. Se combina con golpes, amenazas, vejaciones sexuales, privación de sueño y ejercicios extenuantes. El informe del Comité Europeo investiga la redada realizada en Bizkaia en marzo de 2011, cuando ETA ya había anunciado un alto el fuego unilateral e irreversible. Aunque el informe no incluye nombres, menciona un caso que coincide con el testimonio de Beatriz Etxebarria. La presunta activista de ETA denunció haber sido torturada y violada en los calabozos de la Dirección General de la Guardia Civil, situada en la calle de Guzmán el Bueno de Madrid. Durante el camino hacia la capital, Etxebarria afirma que sufrió la bolsa en dos ocasiones, además de constantes golpes, amenazas y agresiones sexuales. Un agente de la Guardia Civil que se presentó a sí mismo como “El Comisario” asumió desde el principio una actitud particularmente intimidatoria, advirtiéndole que era militar y que había sido entrenado para matar, repitiendo –no sé si inconscientemente- las palabras del capitán de fragata Alfredo Astiz, tristemente célebre por su papel en el genocidio perpetrado en Argentina entre 1976 y 1983 durante el gobierno de sucesivas juntas cívico-militares. Para disipar cualquier duda sobre sus intenciones, “El Comisario” se restregó obscenamente contra Beatriz y le anunció que en cualquier momento abriría el coche, la arrojaría sobre la nieve, la desnudaría y la abriría en canal. Sólo era el preludio de un infierno que se prolongaría cinco días.
Etxebarria refirió que en la Dirección General de la Guardia Civil había diferentes habitaciones. Algunas estaban completamente aisladas y presumiblemente eran el escenario de las peores torturas. Otras tenían las paredes más delgadas y permitían escuchar los gritos del resto de los detenidos. Etxebarria informó a un forense de las torturas y malos tratos que le habían infligido durante el viaje, pero éste reaccionó con hostilidad e indiferencia. Poco después, se la trasladó a un calabozo: “Me sientan en una silla y me mojan las manos, mientras escucho ruidos de algo que parecen electrodos. […] Me dicen que tengo que hablar y me empiezan a quitar la ropa hasta dejarme totalmente desnuda. Estando desnuda me echan agua fría por encima. Me vuelven a poner la bolsa hasta tres veces seguidas. Me amenazan con hacerme la bañera. Estando desnuda, me ponen a cuatro patas encima de una especie de taburete. Me dan vaselina en el ano y en la vagina y me meten un poco un objeto. Sigo desnuda y me envuelven en una manta y me dan golpes. Me agarran, me zarandean y me levantan del suelo”. Conducida de nuevo al forense, el médico oye sus quejas con desinterés y desagrado crecientes. Vuelve a la celda, pero al poco rato es conducida por “El Comisario” a una nueva sala de interrogatorios. Etxebarria distingue entre una sala “dura” y otra “muy dura”. Ahora está en la peor. “El Comisario” la obliga a desnudarse. La estira del pelo, le da golpes en la cabeza y le grita al oído: “Te voy a destrozar toda por dentro para que no puedas tener pequeños etarras”. Visita de nuevo al forense, pero se abstiene de contarle nada, pues ha comprendido que su función es garantizar la impunidad de los agentes, negando la tortura. El penúltimo día “El Comisario” la vuelve a desnudar. “Tira una manta al suelo, grita y me dice que me van a violar, otra vez”. Etxebarria firma dos declaraciones, sin leer su contenido. Durante los cinco días de incomunicación permanece con un antifaz. Los interrogatorios no se realizan de forma clandestina: “Siempre había mucha gente. Una vez conté hasta siete voces diferentes”. Cuando es conducida en un furgón a la Audiencia Nacional, “El Comisario” le advierte que le conviene ratificar las declaraciones. No obstante, Beatriz denuncia ante el juez que las declaraciones son falsas y que han sido obtenidas mediante torturas. El juez se comporta con la misma frialdad y desdén que el forense, evidenciando que la trama de la tortura sólo es posible gracias a la complicidad del poder judicial y el poder ejecutivo.
El informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura estima que el relato de Beatriz Etxebarria es verosímil, pero el gobierno español asegura que se trata de un falso testimonio y que se respetaron escrupulosamente los derechos humanos de los detenidos. El diario ABC apunta que el informe “no aporta pruebas” y que “desde los tiempos de Txomin, a finales de la década de los setenta, los manuales de ETA recomendaban denunciar torturas. […] Así que, en todo caso, de ‘consistencia’, nada: más bien, lección aprendida”. No puedo conceder ni un ápice de credibilidad a un periódico que respaldó la dictadura de Franco, justificando o encubriendo sus crímenes o aceptando publicar –según reconoció el propio Torcuato Luca de Tena- el presunto diario de Enrique Ruano, el estudiante de derecho asesinado por agentes de la Brigada Político Social el 20 de enero de 1969. Luca de Tena, director del ABC en esas fechas, admitió que Manuel Fraga le ordenó publicar el falso diario para presentar a Ruano como un joven inestable que se había suicidado. El cinismo del ABC no es menos escandaloso que la vergonzosa complicidad de jueces y forenses con los malos tratos y la tortura. El prestigioso antropólogo forense Francisco Etxebarria ha denunciado en infinidad de ocasiones que “los médicos forenses de la Audiencia Nacional son y han sido encubridores. Y yo, que les he conocido personalmente, se lo puede decir a la cara tranquilamente”. Algo semejante puede afirmarse de los jueces. No se acabarán las torturas hasta que “se pueda imputar estos hechos a los propios jueces”. Las Fuerzas de Seguridad del Estado no actúan de forma independiente, sino de acuerdo con instrucciones políticas y  con una garantía de impunidad proporcionada por jueces y forenses. En este caso, no está de más citar a Jon Sobrino: “No sólo existe la injusticia estructural, no sólo la violencia institucionalizada […], sino que existe también el encubrimiento, la tergiversación y la mentira institucionalizada. Y se invierten muchos recursos en ello”.
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura “solicita a las autoridades españolas que lleven a cabo una investigación rigurosa e independiente sobre los métodos utilizados por oficiales de la Guardia Civil cuando retengan e interroguen a personas detenidas”. Además, señala que no es la primera vez que pide al gobierno español adoptar “los criterios necesarios para que una investigación sobre los malos tratos sea eficaz”. La ausencia de avances en ese sentido invita a deducir que las denuncias de torturas alegadas por los afectados “son sistemáticamente consideradas como no fiables”. El Estado español ya ha sido condenado por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en tres ocasiones. En los casos de Mikel San Argimiro, Aritz Beristan y Martxelo Otamendi se consideró que no se habían investigado suficientemente las denuncias de torturas y se impusieron indemnizaciones por violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe el trato inhumano o degradante. El Comité Europeo valora positivamente que se haya incrementado el número de jueces de instrucción que aplican un protocolo de “salvaguardias específicas” (notificación a la familia, derecho a un médico de confianza, cámaras de grabación) para prevenir los malos tratos y la tortura durante el período de incomunicación, pero -en realidad- se trata de un avance risible, pues en 2007 lo pusieron en práctica dos magistrados y ahora son tres. Además, las grabaciones en vídeo sólo cubren el pequeño tramo del pasillo que separa los calabozos de la sala de interrogatorios. Se han realizado muy pocas grabaciones y en las imágenes sólo se aprecia a un agente de la Guardia Civil con pasamontañas, obligando a caminar de espaldas a un detenido con antifaz y con un paso vacilante que insinúa un estado de deterioro físico y mental. El Comité Europeo considera “sorprendente” que en los cinco meses investigados todas las detenciones en régimen de incomunicación procedieran del mismo juez. Aunque no cita su nombre, se refiere indudablemente a Fernando Grande-Marlaska, “un juez que no aplica ninguna de las salvaguardias específicas”. Marlaska ordenó la redada de Bizkaia en la que se detuvo a Beatriz Etxebarria, Iñigo Zapirain, Daniel Pastor y Lorena López. Durante el período de incomunicación, Pastor necesitó atención hospitalaria porque supuestamente “se autolesionó”.
El Comité Europeo ha expresado una queja formal por las dificultades halladas para acceder a la Unidad de Detención del Servicio de Información de la Guardia Civil. Se trata de la zona de la Dirección General de la Guardia Civil donde se han producido los casos más graves de torturas, incluido el de Beatriz Etxebarria. Durante más de una hora, varios oficiales denegaron el paso, pretextando que las llaves se encontraban en la Jefatura de Información de Barajas. No es una situación nueva, pues en 2007 ya se produjeron incidentes similares. Esta vez, la visita se pudo realizar gracias a la intervención de un empleado de la limpieza, que abrió fortuitamente una puerta trasera. Cuando la delegación pudo acceder al fin a la zona, constató que “las ocho celdas diseñadas para un único ocupante seguían sin tener acceso a la luz natural, tenían escasa ventilación y la iluminación artificial resultaba insuficiente”. El Comité Europeo exige una remodelación urgente de las instalaciones, pero en 2007 ya se reclamó y los calabozos no han experimentado ningún cambio desde entonces.
Libertad de expresión y voluntad de verdad
La violencia de ETA siempre ha sido visible y la violencia nunca es agradable, romántica o seductora. Sólo el que no ha contemplado de cerca los estragos de la violencia puede afirmar que es una vía deseable o ejemplarizante. Sin embargo, hay diferentes clases de violencia y cada una merece un juicio moral distinto. La violencia siempre es un fracaso colectivo. Es la expresión más amarga de un conflicto que no se ha resuelto por vías pacíficas y democráticas. La violencia es la esencia del capitalismo, pues rebaja al ser humano a la condición de simple mercancía y enfrenta a los pueblos en una lucha desigual por la riqueza y los recursos del planeta. La injusticia estructural del capitalismo es tan evidente que se disfraza de racionalidad económica bajo otros nombres, pero aunque disimule su carácter depredador e insolidario con expresiones como “economía de mercado”, “globalización”, “mundialización” o “neoliberalismo”, su efecto devastador se nota cada año con 50 millones de seres humanos que mueren de hambre o de enfermedades causadas por la desnutrición. No se trata de una tragedia inevitable, sino de un genocidio que ya no produce escándalo o indignación. Los intelectuales se han aliado con el poder y han renunciado a crear conciencia y compromiso. Salvo contadísimas excepciones (Galeano, Chomsky, Eva Forest, Alfonso Sastre), han preferido la “libertad de expresión” a la “voluntad de verdad”, por utilizar la distinción establecida por Jon Sobrino. La “libertad de expresión” no es real en una sociedad desigual, donde los grandes medios de comunicación están al servicio de las oligarquías financieras. La “libertad de expresión” es el terreno abonado del intelectual venal, que legitima la violencia del Estado mediante la deformación de la realidad, el silencio cómplice, el encubrimiento, la amnesia histórica, la tergiversación o la argumentación demagógica. Vargas Llosa, Fernando Savater o Bernard-Henry Lévi pertenecen a esta bochornosa categoría. La “voluntad de verdad” nace del propósito de comprender la realidad, sin aceptar otro principio que la honestidad, la coherencia y la autocrítica. Sólo la “voluntad de verdad” es capaz de denunciar que la violencia del Estado se autodefine como “guerra justa y necesaria”, pese a propagar un sufrimiento sin límites en naciones pobres o ricas en recursos naturales. Vietnam, Afganistán o Irak son un ejemplo de esa “guerra justa y necesaria” lanzada contra países del Tercer Mundo en nombre de la democracia y la libertad. Por el contrario, la resistencia del pueblo palestino se considera terrorismo y se justifica que el Estado de Israel, la “única democracia de Oriente Medio”, defienda su seguridad mediante la tortura, las cárceles secretas y los asesinatos extrajudiciales selectivos. En los ochenta, se utilizó el mismo razonamiento con las insurrecciones populares en Guatemala, El Salvador o Colombia. La guerra justa es una prerrogativa de Estados Unidos y sus aliados. Los pueblos que se rebelan contra la ocupación, la tortura y la represión sólo hacen terrorismo y sus combatientes pueden ser confinados en cárceles ilegales e inhumanas, como Guantánamo o Abu Ghraib. George H. W. Bush creó un “nuevo orden mundial” que representó el “fin de la historia”. Lo hizo atacando a Irak en la Primera Guerra del Golfo, que costó 30.000 vidas humanas. Ernesto Che Guevara participó en la Revolución cubana y murió en Bolivia, luchando contra las obscenas desigualdades sociales de América Latina. Indudablemente, se trata de un terrorista, pues recurrió a las armas para combatir la pobreza, el analfabetismo, la explotación laboral y las sangrientas dictaduras impuestas por Estados Unidos.
En el caso del conflicto vasco, se ha demonizado a la izquierda independentista, urdiendo la ficción de un Estado democrático que sufre la violencia de una banda de fanáticos, pero lo cierto es que no hay tal Estado democrático y no existe ningún argumento –democrático- para negar a un pueblo el derecho de autodeterminación. En un mundo que tiende a la uniformidad cultural y lingüística, el anhelo de conservar un idioma y unos rasgos diferenciales no constituye un signo de intolerancia o atavismo, sino la expresión de una voluntad popular que se resiste a perder su identidad y su herencia cultural. La globalización deshumaniza y despersonaliza a los pueblos. No se trata de un fenómeno meramente económico, sino de una agresiva forma de colonialismo que pretende liquidar de un plumazo los derechos nacionales e individuales. Ningún pueblo se resigna a perder sus raíces y  su sentido de pertenencia y comunidad. Casi nadie se atreve a reprochar a los mapuches, los palestinos o los saharauis que luchen por su independencia y su identidad, pero en el caso del pueblo vasco se aplica un criterio distinto, tal vez porque el Estado español es una nación problemática y con una identidad difusa, que se gestó en medio de guerras e invasiones y nunca ha cuajado como un proyecto colectivo. En Euskal Herria, hay una mayoría social que reclama la autodeterminación, pero hasta ahora se ha frenado esa reivindicación, alegando que las instituciones no podían aceptar el chantaje de los “violentos”. Sin embargo, este planteamiento ya no es convincente. En primer lugar, la violencia del Estado español nunca ha cesado. La dictadura planificó, organizó y ejecutó la transición, una operación concebida para garantizar la impunidad de los crímenes del franquismo y no alterar el orden social y económico. La continuidad entre ambas formas políticas (dictadura y monarquía parlamentaria) se refleja en la pervivencia de la tortura y los asesinatos cometidos por grupos parapoliciales financiados con fondos reservados (Batallón Vasco Español, GAL). Ningún país democrático conserva un mausoleo dedicado a un dictador que ha cometido un genocidio. A diferencia de Chile o Argentina, nunca se abrió un proceso contra los responsables de la dictadura. La impunidad y la amnesia histórica prosperaron frente a cualquier anhelo de justicia. Más de mil fosas comunes, con 130.000 víctimas de la represión franquista, aún esperan la exhumación y algún tipo de reparación moral o jurídica.
En segundo lugar, ETA anunció el 20 de octubre de 2011 “el cese definitivo de la actividad armada”, un gesto que no ha logrado una justa y necesaria reciprocidad. El Estado español ni siquiera ha contemplado el fin de la dispersión penitenciaria y, aunque el 10 de julio de 2012 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que la “doctrina Parot” viola los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, se mantiene la prolongación de las penas hasta que se resuelva un recurso presentado ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo. Parece que la España democrática sigue impregnada del espíritu de Manuel Fraga y Rodolfo Martín Villa.
Aske gunea
En el Primer Foro Social Europeo celebrado en Florencia entre el 7 y el 10 de noviembre de 2002, la escritora y editora Eva Forest ya señaló que “lo que ocurre en el País Vasco no sólo está íntimamente ligado a lo que ocurre en el mundo, sino que constituye un ejemplo muy a tener en cuenta en la búsqueda de diálogo y entendimiento”. En la izquierda abertzale, el objetivo de la autodeterminación nunca se ha disociado del socialismo y el internacionalismo. No se busca tan sólo la independencia, sino la creación de una sociedad más justa y solidaria, donde la soberanía popular no sea un principio retórico, sino una realidad efectiva. “Nosotros estamos por la vida –escribe Eva Forest, que nació en Barcelona, pero que militó en las filas de la izquierda abertzale-. Y la vida es participación, conocimiento, interesarse por los problemas, tener reflejos, saltar ante la injusticia, actuar. La vida es comunicación, intercambio de experiencias, enriquecerse los unos a los otros, estar informados. Romper la ignorancia y el aislamiento al que quieren condenarnos. Conexionarnos. Saber que no estamos solos, que aquí y allá, a lo largo y ancho del planeta, hay focos de lucha y resistencia, que somos más de lo que parece, y que es posible vencer si estamos juntos y somos solidarios”. El proceso de autodeterminación de Euskal Herria concita apoyos externos porque implica la posibilidad de una Europa diferente, donde los pueblos y no las instituciones financieras ejercen una soberanía real y solidaria. La Europa de los Pueblos es la utopía de un nuevo espacio político donde el capitalismo retrocede y el ser humano recobra sus derechos y dignidad, implicándose en la construcción de un futuro donde los ciudadanos son los protagonistas y las instituciones adquieren legitimidad al ser el fiel reflejo de su voluntad.
El Aske Gunea de Donosti puede interpretarse como una verdadera “primavera vasca”, pues –a pesar de las detenciones finales- ha constituido un ejercicio de desobediencia civil radical contra la arbitrariedad del Estado español, que ha criminalizado la simple pertenencia a una asociación política, legal en Francia hasta su autodisolución en 2012. El único delito de Segi fue constituirse como un movimiento juvenil a favor de la independencia y el socialismo. Las sentencias judiciales contra los condenados se han basado muchas veces en la incautación de libros, pegatinas y carteles, lo cual confirma que la “libertad de expresión” es un concepto engañoso en democracias con un trasfondo profundamente autoritario y represivo. Algunos medios han ridiculizado la expresión “primavera vasca”, acuñada por el diario Gara. Es innegable que explota la analogía con la fallida “primavera árabe”, pero en este caso no hay intereses ocultos para desestabilizar una región rica en petróleo y gas, sino el firme propósito de oponer a la violencia del Estado español los “arsenales de seducción y convicción” invocados por Arnaldo Otegi, actualmente cumpliendo condena en la cárcel de Logroño por el caso Bateragune. En El tiempo de las luces, Otegi afirma que la lucha armada es el último e indeseable recurso de los oprimidos y sólo se justifica en circunstancias políticas o sociales excepcionales. “Si hoy alguien me pidiera consejo sobre qué vías de lucha utilizar en cualesquiera circunstancias, le diría con claridad que emplee las vías de la lucha pacífica y desobediente, tanto por cuestiones éticas como políticas”. Otegi cita a Argala, según el cual “la lucha armada nos hace daño en términos humanos”. Argala no hablaba de oídas, sino de acuerdo con su experiencia. Las objeciones morales contra la violencia como instrumento de lucha no implican la impugnación incondicional del derecho de resistencia. Negar ese derecho a los pueblos oprimidos es un crimen contra la paz. No se puede pedir a ningún grupo humano que acepte lo inhumano, es decir, que se someta a una violencia estructural impuesta por un Estado que sólo vela por los intereses económicos de una minoría.
El Aske Gunea es una apuesta por la paz y la firmeza democrática. Es una rebelión contra una injusticia que afecta a ocho jóvenes condenados por razones políticas. No es un acto excluyente, sino una manifestación de solidaridad que nace de una utopía posible. Al igual que Kukutza, un proyecto social alternativo destruido por la intransigencia de Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbo, el Aske Gunea refleja la voluntad de transformar la sociedad por medios pacíficos, recurriendo a movilizaciones populares. El Estado nunca reconocerá la legitimidad de estas protestas. De hecho, siempre responderá con una violencia desmedida, criminalizando a los que han escogido la vía de la desobediencia civil radical. No importa que Martin Luther King, homenajeado por los mismos poderes que hoy reprimen cualquier manifestación de descontento, empleara este método para luchar contra la segregación racial y la pobreza. La hipocresía y la brutalidad del poder político no deben desviar a la izquierda abertzale de su hoja de ruta, pues iniciativas como el Aske Gunea o el Gaztetxe de Kukutza constituyen una verdadera primavera ética. No está en juego tan sólo el derecho de autodeterminación del pueblo vasco, sino la posibilidad de una Europa distinta que encienda la esperanza de los ciudadanos y reactive la conciencia política de la clase trabajadora, revelando que es posible una convivencia basada en la solidaridad, la igualdad, la voluntad de verdad y el respeto a la dignidad individual y colectiva. La Europa de los Pueblos no es una quimera, sino el único horizonte que nos permitiría construir un mundo más libre y más humano, donde la libertad y la soberanía popular ocuparían el centro de la vida política y nunca se abandonaría a su suerte a los más débiles y vulnerables. Un mundo donde ya no sería posible contemplar “ojos sin sueños, caras sin lágrimas, la miseria privada de deseos” (Johann Baptist Metz) y en el que la familia humana podría soñar con un mañana ético, sin odio ni exclusión. “Siempre hay razones para sonreír”, afirma Otegi al final de El tiempo de las luces. Ojalá nunca perdamos la esperanza y la violencia quede definitivamente atrás.

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