Colombia. Acuerdo Nacional alrededor de las reformas sociales y a la paz

Colombia. Acuerdo Nacional alrededor de las reformas sociales y a la paz

Por Pedro Santana Rodríguez*.

En la alocución de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso realizada este pasado 20 de julio el presidente de la República, Gustavo Petro, terminó su intervención haciendo un llamado a la concertación de un gran acuerdo nacional alrededor de las reformas sociales que están en trámite en el Congreso de la República, que son las reformas a la salud y la reforma pensional, y a las reformas a la educación superior, al código minero, al marco jurídico de sometimiento de las bandas criminales y de nuevo a la reforma laboral, que serán presentadas por el gobierno en esta nueva legislatura

La propuesta de Acuerdo Nacional estuvo precedida de una larga disertación sobre los dos ejes que Petro considera que son los pilares del gobierno del cambio. La justicia ambiental y la justicia social. Sobre la primera y en una entrevista posterior concedida a la periodista María Jimena Duzán, el presidente desarrolló una amplia exposición sobre la crisis civilizatoria por la que atraviesa la humanidad que no es simplemente una crisis energética, una crisis social, una crisis política y climática, sino que todas estas crisis desembocan en una crisis civilizatoria.

La forma como la sociedad capitalista moderna ha organizado la producción, la convivencia, la estructura de sus instituciones políticas, la producción de los alimentos y los graves problemas sociales que la pandemia puso sobre la opinión pública mundial como el hambre o el poder de las grandes industrias farmacéuticas que subordinaron el derecho a la vida a los negocios derivados de la producción y distribución de las vacunas. La vida subordinada al negocio. Pensar en una sociedad poscapitalista pues la humanidad se enfrenta a su destrucción sino se actúa de manera rápida como lo proponen y aconsejan el panel de más de 11 mil científicos de todas las nacionalidades agrupados en el panel de expertos que hace un seguimiento a la crisis climática que amenaza seriamente la vida en el planeta. Este panel funciona como organismo de consulta de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Trajo a colación las altas temperaturas en China y en el mundo donde se han presentado las más altas temperaturas y el papel central que juega la quema de los combustibles fósiles, el petróleo y el carbón, que son los principales causantes del calentamiento global. Esta es la crisis ambiental, social y civilizatoria a la cual nos enfrentamos. Es además una crisis cultural, una crisis de los valores alrededor de los cuales se organiza la vida en el planeta, la competencia individual desbordada que subordina el trabajo colaborativo y la solidaridad, que en la actual fase neoliberal subordina el interés público al interés de los negocios y de la acumulación de riqueza mientras la mayoría de los habitantes del planeta viven en la pobreza y en la exclusión social. Los países del Sur global reclaman justicia ambiental, canje de deuda por acciones que buscan la reducción de los factores que conllevan la crisis climática.

La justicia social fue el otro eje sobre el que discurrió su discurso en el Congreso. Desarrolló ampliamente el tema de la reforma laboral quizás porque fue la que menos discusión y consenso tuvo en las sesiones anteriores del Congreso de la República. En este terreno habló de la productividad del trabajo y de la necesidad de devolver a los trabajadores sus derechos conculcados por las reformas que disminuyeron sus ingresos y su estabilidad laboral y de la necesidad de reindustrializar al país. En la entrevista a María Jimena Duzán profundizó en el tema de la reforma a la salud y a las pensiones. En ambos casos lo que se busca es que los recursos públicos sean administrados por el sector público con transparencia, con control y veeduría ciudadana. En la salud es que el fondo público que administra los recursos no solo sea girador único que ya lo es hoy sino pagador único a quienes presten los servicios de salud, es decir a clínicas, hospitales y centros de ayudas diagnósticas y desarrollar y financiar con recursos públicos la atención primaria en salud, predictiva y preventiva. Eliminar la intermediación de los particulares que no ha resultado eficaz para garantizar el derecho fundamental a la salud.

Y en las pensiones retornar a que todos los trabajadores coticen hasta tres salarios mínimos en el fondo público de Colpensiones para que el Estado pueda dedicar recursos para otorgar una pensión o ingreso mínimo vital a los 3.5 millones de adultos mayores que no tienen ningún ingreso. No es que se vayan a utilizar los ahorros pensionales de los trabajadores, sino que Colpensiones recibiría nuevos ingresos y de esta manera, no tendría que acudir a las finanzas públicas para pagar las pensiones, como tiene que hacer hoy donde anualmente el presupuesto tiene que destinar más de 15 billones de pesos para cubrir las mesadas pensionales de Colpensiones. Muy claramente lo dijo en la entrevista con María Jimena Duzán la oposición a esas reformas proviene hoy de los sectores que manejan estos recursos públicos, es decir, de las Empresas Promotoras de Salud, EPS, y de los Fondos Privados de pensiones que manejan hoy más de 350 billones de pesos de los ahorros pensionales de los trabajadores. Estos intermediarios se han enriquecido del manejo privado de estos recursos públicos y lo peor es que el resultado no es bueno ni en salud ni en pensiones.

El acuerdo nacional al que llamó el presidente Gustavo Petro es alrededor de la agenda de cambios y transformaciones que demanda el país. La coalición del gobierno debe reestructurarse sí, pero alrededor de los contenidos reformistas no rebajando el alcance y los contenidos de las reformas sino partiendo de reconocer que la lucha por la justicia social demanda la aprobación de esas reformas necesarias para avanzar en la construcción de una sociedad más justa y democrática. Es lo que está hoy en juego. ¿Es posible construir ese Acuerdo Nacional?, el presidente considera que es posible y su intervención ante el Congreso fue el llamado a construir ese pacto, ese acuerdo nacional.

Finalmente, en el mismo sentido llamó a que sea parte de ese Acuerdo Nacional el esfuerzo por construir una sociedad en paz mediante lo que ha dado en llamar su estrategia de la Paz Total. Terminar la negociación con las organizaciones que se levantaron en armas contra el Estado que según el jefe de Estado hoy no tiene razón de ser. En ese sentido hizo un llamado a esas organizaciones a culminar con éxito el proceso de negociación ya acordado y en marcha. La lucha armada revolucionaria para conquistar las reformas económicas y sociales no es necesaria hoy. Y frente a la crisis de los negocios alrededor de la coca que vive una crisis por la disminución de la demanda en EEUU y en los países desarrollados, es necesario dijo, aprovechar esa ventana de oportunidad para reincorporar a esos cientos de miles de familias campesinas al desarrollo productivo mediante el avance y profundización de la reforma rural integral. Todo ello debe ser complementado con el sometimiento a la justicia de las bandas criminales ligadas a las economías ilícitas de la coca y de la extracción ilegal de oro que depredan nuestros recursos naturales.

Hay una hoja de ruta para lograr la conformación de un bloque social y político mayoritario, que lleve adelante las reformas, que se aprueben en el Congreso y que se pongan en marcha. Ello por supuesto pasa porque en las bancadas de los partidos con presencia en el Congreso se adelanten los debates y a que la sociedad civil apoye los cambios que son la esencia de su programa de gobierno. ¿Lograrán las corrientes progresistas que hacen presencia en el seno de los partidos tradicionales el apoyo a este paquete reformista? Es lo que está en juego. Amanecerá y veremos.

* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur

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