Colombia: el affaire Benedetti y la tormenta mediática
Por Pedro Santana Rodríguez*.
Debo insistir en el tema de la supuesta crisis de gobernabilidad desatada alrededor del hurto de dineros de la casa de la exjefa de gabinete Laura Sarabia a raíz de los audios de las conversaciones que se supone son entre Armando Benedetti exembajador en la República de Venezuela y la exjefa de gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro…
Digo se supone porque los audios son un monólogo de Benedetti pues no se oye la voz de su interlocutor. Es el periodismo que practica Semana, el del chisme, sin sustento. Benedetti luego de su publicación reconoció que estaba borracho y herido por el trato que habría recibido en la reunión que sostuvieron con Sarabia y Petro para tratar el escándalo originado en el hurto de unos dineros de la casa de Sarabia. Señaló así mismo que los audios habrían sido editados por la Revista Semana.
Es sabido que Marelbys Meza fue obligada, según ella, a someterse a una prueba de polígrafo y que alrededor de este caso se presentaron interceptaciones contra ella y otra persona al servicio de Sarabia. Lo que no se sabe y las autoridades deben averiguar es quién dio la orden de someter a la niñera a la prueba del polígrafo y porque las interceptaciones a las dos empleadas de Sarabia fueron a parar al Chocó en una investigación al Clan del Golfo y porqué esas interceptaciones se mantuvieron por siete días más, aunque los escuchas de dichas conversaciones advirtieron desde el tercer día que no tenían relación con las investigaciones contra el grupo criminal del Clan del Golfo. Debo repetir aquí lo que ya dije, la fiscalía esta en mora de explicar porqué un fiscal del Chocó termina ordenando esas interceptaciones y porqué se mantuvieron durante siete días más, pese a la advertencia de los agentes de la SIJIN que señalaron que no tenían relación con dichas investigaciones. Estos son los dos hechos ilegales que las autoridades deben investigar, aunque medio país dude de la imparcialidad de la fiscalía dirigida por Francisco Barbosa.
Pero luego de estos hechos sobrevinieron otros de mayor gravedad. El principal de ellos la muerte del Teniente Coronel, Oscar Dávila, el día viernes 9 de abril. Dávila adscrito a la seguridad del presidente de la República se habría suicidado según el propio presidente. Aún hoy Medicina Legal que debe certificar las causas de la muerte no ha entregado su informe forense. Hay que advertir al lector que el Instituto Nacional de Medicina Legal depende de la fiscalía General de la Nación. Mientras tanto La Revista Semana insiste en supuestas circunstancias que pondrían en duda el suicidio, lo cual también ha sido alimentado desde la Revista Cambio y la Wradio puesto que horas antes de su suicidio, Dávila, habría depositado una suma de dinero al buffet del abogado Miguel Ángel del Rio, reconocido abogado penalista que a su vez ha asumido la defensa de los agentes de la SIJIN que están vinculados a las interceptaciones a la niñera de Sarabia. Estos medios se preguntan ¿Por qué habría depositado esos dineros horas antes del suicidio? Claro, mientras Medicina Legal no certifique las causas de la muerte del Teniente Coronel, las especulaciones y las opiniones que se vierten en los medios seguirán su curso para ocasionar daño a la imagen del gobierno al cual estos y la mayor parte de los grandes medios de comunicación corporativos ejercen como verdadera oposición. Hay que lamentar eso sí que en este escándalo haya perdido la vida el teniente coronel Dávila.
Pero el colmo de la estulticia de los medios que gana de lejos la Revista Semana y su directora Vicky Dávila, se produjo durante esta semana. Según dicha Revista el hurto de la casa de Sarabia habría sido de tres mil millones de pesos que estaban en cinco maletas y que una fuente anónima atribuye a que eran del presidente de la República. Esta publicación que rayana en la más vulgar apología de la mentira y la difamación publica esta información de una fuente anónima que no aporta ninguna prueba y que es de la mayor gravedad porque trata de vincular de forma directa al jefe de Estado, es decir al presidente Gustavo Petro. Y entre tanto qué dice por ejemplo la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, nada, guarda silencio. Es esto libertad de información o simplemente libertad de difamación. Mientras los medios de comunicación no apliquen rigurosos mecanismos de autorregulación seguirán por el despeñadero de su descrédito. Todas las mediciones sobre la credibilidad de los ciudadanos sobre los medios de comunicación muestran cifras superiores al 60% de los encuestados que dicen no creerles.
Aquí hay que pedir celeridad a las investigaciones de las autoridades competentes. Medicina Legal debe publicar los resultados de su dictamen forense sobre la muerte del Teniente Coronel, Dávila, la Fiscalía General de la Nación debe esclarecer quién dio la orden de las interceptaciones y del uso del polígrafo y al mismo tiempo el resultado de las investigaciones sobre el hurto y la cuantía del dinero sustraído en la residencia de Sarabia.
Ahora bien, el gobierno debe ser consciente que tiene que dotarse de una estrategia de comunicación que le permita defenderse de los ataques de la verdadera oposición que está constituida en el país por los medios de comunicación que expresan los intereses de sus dueños que son los principales conglomerados económicos y financieros del país. El gobierno paga el error de no haber asumido esta tarea desde el comienzo y apenas ahora, diez meses después de su posesión nombra a un equipo para dirigir la radio y la televisión públicas. Es en el terreno de la cultura y de la información donde se está librando la batalla contra el gobierno progresista y del cambio. Claro que en la coyuntura hay otros elementos de la gobernabilidad que merecen atención como las relaciones con los partidos tradicionales y la agenda de reformas que hacen transito en el Congreso que aún no termina por clarificarse. Pero sobre ello volveremos más adelante.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
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