Costa Rica. Monocultivos, transgénicos, agrotóxicos y precarización afectan población rural
Productor de banano y piña, el país privilegia la agroexportación y tiene una de las más bajas tasas de sindicalización en la región.
Costa Rica, comúnmente conocida como la “Suiza de Centroamérica”, ha sido galardonada por segunda vez consecutiva como el país más feliz del planeta. Una nación, asegura el Índice Happy Planet de la Fundación Nueva Economía, donde “sus habitantes viven vidas largas y felices utilizando solo una fracción de los recursos del planeta”. Ese reconocimiento se suma al que Naciones Unidas le entregó al colocarla en el puesto 12 de los países con más dicha en el mundo y en el primero en América Latina.
Para la pequeña nación centroamericana, que en 1948 hasta abolió su Ejército, la imagen de país verde, seguro y feliz ha sido un sello de garantía ampliamente aprovechado y explotado a nivel internacional para promover el turismo y la inversión extranjera. Sin embargo, detrás del papel satinado y brillante hay mucho más por descubrir e historias para contar.
Durante las últimas décadas, Costa Rica ha venido impulsando un modelo agroindustrial basado en la expansión de monocultivos a gran escala. De las 580 mil hectáreas (ha) de tierras sembradas en el país, casi el 61% corresponde a cultivos industriales para la exportación, donde destacan el café (19.7%), la palma aceitera (12%), la caña de azúcar (11,5%), la piña (9%) y el banano (8.4%). Solamente el 22% se destina al cultivo de granos básicos, de acuerdo con la Sepsa (Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria)
De acuerdo con datos del IICA (Instituto Interamericano para la Agricultura), Costa Rica produce solamente el 25 por ciento del consumo nacional de frijol y sufre un profunda dependencia de la importación de soya y trigo (100%), maíz (94,57%) y arroz (31,24%).
Prueba de ello es la situación que, por ejemplo, vive la población de Pococí, en el Caribe costarricense, donde, a partir de los años 80, el monocultivo del banano fue desplazando rápidamente la producción de granos básicos. Ahora, con la proliferación también de la producción piñera, los habitantes de esta vasta zona caribeña sufren el grave desabastecimiento de alimentos y el fuerte aumento de sus precios.
Además, la expansión descontrolada de la siembra de piña ha ocasionado serios problemas ambientales. Las comunidades de la provincia de Limón han repetidamente denunciado la contaminación de las aguas subterráneas y las difíciles condiciones de trabajo, dando inicio a una campaña para que se declare una moratoria de la siembra de piña a nivel nacional.
Expansión de la piña
Pese a la creciente importación de alimentos y su efecto sobre el aumento del déficit en la balanza de pago, Costa Rica sigue con el proyecto de expansión de su modelo agroexportador, con un aumento de la presión sobre el suelo y los recursos naturales.
En la última década, la producción de piña ha tenido un auge nunca antes visto en otros rubros, igualando en poco tiempo el histórico cultivo de banano. De acuerdo con datos del Sepsa, el área sembrada de piña se cuadruplicó entre 2002 y 2012, al pasar de 11 mil a 45 mil hectáreas. Sin embargo, el Frenasapp (Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera) asegura que su extensión alcanzaría hasta unas 60 mil ha.
En este mismo período, el valor de las exportaciones de la fruta se incrementó en un 650%, pasando de 121 millones de dólares en el año 2000 hasta 791 millones en 2012 (Procomer – Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica).
Actualmente, este sector está en manos de unos 1.330 productores – entre pequeños (1,200), medianos (95) y grandes (35) – y genera unos 27 mil empleos directos. El área de producción pertenece por un 35% a las grandes comercializadora y transnacionales fruteras norteamericanas, y el 65% a productores independientes.
De acuerdo con Abel Chaves, ex presidente de la junta directiva de la Canapep (Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña), el sector ya se ha expandido a lo largo y ancho del país y estaría llegando al tope del área de cultivo, Por el gran aporte económico y el impacto que ha tenido sobre la creación de empleo, Chaves asegura que el país necesita seguir expandiendo ese tipo de cultivo. “Si el mercado está pidiendo más piña, pues sembramos más piña”, dijo.
La Canapep siempre ha minimizado el impacto negativo de la expansión de la piña sobre el medio ambiente y el ser humano. Sin embargo, para varias organizaciones sociales y sindicales, la búsqueda de nuevos territorios aumentaría aún más la presión sobre el recurso tierra, agua y fuerza de trabajo, y han reforzado las denuncias que en los últimos años se han multiplicado, tanto nacional como internacionalmente.
Contra los sindicatos
Didier Leitón Valverde es el secretario general del SITRAP (Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas), organización radicada en el cantón (municipio) de Siquirres, provincia de Limón, en el Atlántico costarricense.
Él recuerda muy bien cuando, en 1999, las principales transnacionales bananeras norteamericanas – Del Monte, Dole, Chiquita – arremetieron contra las organizaciones sindicales. Despidieron a todos los trabajadores y volvieron a recontratarlos, pero con salarios reducidos a la mitad y desmejorando todas las garantías de la convención colectiva y los beneficios sociales.
Leitón y buena parte de los activistas sindicales fueron incluidos en una “lista negra” y nunca más encontraron trabajo en las plantaciones. Fue así que comenzó a dedicarse por tiempo completo a organizar sindicalmente a las personas trabajadoras de las plantaciones.
“En Costa Rica existe una actitud antisindical institucional y la empresa privada aprovecha de ello. Hay una cultura, que ha sido inculcada en las nuevas generaciones, que equipara el sindicalismo a huelga, confrontación, violencia, destrucción de la empresa y corrupción. Eso es algo muy radicado y los empresarios han impuesto el modelo ‘solidarista’ pro-patronal como alternativa”, explica el dirigente sindical a Opera Mundi.
Actualmente, el 92% de la población económicamente activa de Costa Rica se desempeña en el sector privado y la tasa de afiliación sindical no llega al 2%, una de las más bajas de América Latina.
Las plantaciones, sobre todo el monocultivo de piña, es donde más se siente la ola antisindical. “La mayoría de denuncias que recibimos se refieren a la violación de la libertad sindical y la convención colectiva, derechos que son protegidos por los Convenios 87 y 98 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Asimismo, hay fuertes quejas por las difíciles condiciones laborales, las extenuantes jornadas de trabajo, el maltrato, la falta de seguridad e higiene ocupacional y la exposición a agrotóxicos”, subraya Leitón.
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Trabajadores de las plantaciones relatan malas condiciones y amenazas contra sindicalización
Cuentan que la presión y el hostigamiento de los patrones se han radicalizado a partir de su afiliación al sindicato
Efraín Zúñiga es nicaragüense y se mudó a Costa Rica con su familia cuando tenía 12 años. Tiene ocho años de estar trabajando en Finca Piñas del Muelle, propiedad de Standard Fruit Company, subsidiaria de la transnacional frutera Dole. Por su cercanía con la frontera con Nicaragua, la finca emplea un muy alto porcentaje de trabajadores migrantes.
“Salgo de mi casa a las 4 de la mañana y regreso a las 4 de la tarde. Siempre trabajamos en condiciones difíciles, expuestos a las intemperies y con mucha presión para que tengamos mayor rendimiento y cumplamos con la meta que nos asignan. Sin embargo, todo eso nunca se traduce en un mejor salario, porque (el salario) depende siempre de la producción y la temporada”, explica Zúñiga, uno de los pocos trabajadores que se atrevieron a brindar declaraciones.
Para Pedro Landero Picado, nueve años laborando en la misma finca, la única opción de trabajo son las plantaciones. “Durante la jornada tenemos 15 minutos para desayunar y media hora para almorzar. Comemos en el lugar donde estamos, sentados en el suelo y bajo sol. Y, cuando llueve, nos cubrimos con un plástico para que la comida no se llene de agua”, dice.
Landero Picado explica que las fincas de piña son muy extensas y pueden llegar a hasta 2 o 3 mil hectáreas. Para hacer sus necesidades fisiológicas casi no hay estructuras y deben ‘arreglársela’ como pueden. Para combatir las altas temperaturas, los trabajadores acarrean agua y la empresa regala un par de sobrecitos de suero. “A mi casi no me los dan, pero trato de tomar mucha agua, porque el nivel de deshidratación es tan alto que al final del día la ropa está remojada y hasta las botas chorrean sudor”, relata el trabajador.
Ambos coinciden en que la presión y el hostigamiento de la empresa se ha radicalizado desde que decidieron afiliarse al Sintrapifrut (Sindicato de Trabajadores de la Piña y Frutas Tropicales). “Desde que se supo que me había afiliado al sindicato, mi supervisor comenzó a hostigarme. Me decía que dejara de quejarme del pago, que me iban a despedir, que no iban a permitir que una fruta podrida dañara las otras, y que por uno que se va, hay 20 que están esperando”, recuerda Zúñiga.
La costumbre de muchas empresas piñeras es contratar a las personas por algunos meses, despedirlas y volverla a contratar por el mismo periodo. De esa manera, las personas trabajadoras nunca van a acumular antigüedad, ni derecho a prestaciones. Además, resulta más fácil chantajearlas para que no se afilien a sindicatos y convencerlas a acercarse a las asociaciones solidaristas o a los Comités Permanentes, otra estructura pro-patronal.
“Los trabajadores tienen miedo a perder el trabajo y no quieren saber nada de sindicato. Pese a que les expliquemos los beneficios y la importancia de defender nuestros derechos, dicen que no quieren ‘quedar manchados’”, explica Landero.
Zúñiga recuerda como en varias ocasiones (la empresa) reunió a todos los trabajadores para decirles que no se afiliaran al sindicato porque era algo que perjudicaba a las personas y a la empresa. “Nos decían que los sindicatos sólo quieren quebrar a la empresa. Nos lavaban el celebro y mucha gente salía de estas reuniones muy enojada y resentida con todo lo que olía a sindicalismo”.
Lista Negra
La Lista Negra es otra de las tantas herramientas que los patrones usan para atemorizar al trabajador. José Luis Conejo trabaja como promotor sindical del Sintrapifrut. Su tarea no es sencilla: debe girar por la zona de las piñeras para hablar con trabajadores y trabajadoras, explicándoles la importancia de afiliarse. Hace unos años era obrero agrícola, hasta que cometió el “grave delito” de protestar.
“Yo fui víctima de la lista negra. Trabajé casi 8 meses para Agrícola Agromonte y me despidieron porque solicité una inspección laboral al Ministerio del Trabajo”. Conejo recuerda que el encargado le dijo textualmente. “Me quito el nombre si usted algún día vuelve a trabajar en una piñera”.
Y así fue. “Hice varios intentos, pero todas las empresas me decían que para mí no había trabajo. Pasé cuatro años así, hasta que comencé a dedicarme a lo que de verdad sentía que era mi misión. No es fácil, porque la represión es brutal y usan un sinfín de artimañas contra el sindicalismo. Sobre todo para las mujeres, que sufren discriminación y acoso sexual”, asegura el promotor sindical.
Pese la dura realidad de las grandes plantaciones y del modelo agroexportador implementado en Costa Rica, Leitón asegura que sí es posible hacer algo. “Los sindicatos hemos conformado la FENTRAG (Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines) y estamos fortaleciéndonos y quebrando esa cultura antisindical que hay en el país.
Además – continuó Leitón – el SITRAP ya consiguió llevar a los tribunales cerca de 70 casos de trabajadores cuyos derechos han sido violados. De ellos, 25 que habían sido despedidos ya fueron reintegrados”, concluyó.
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Mayor consumidor mundial de agrotóxicos, Costa Rica tiene alta incidencia de leucemia infantil
Graves efectos causados por el contacto directo no sólo sobre los trabajadores, sino también sobre su descendencia
Datos del WRI (World Resources Institute), organización dedicada a investigar sobre temas ambientales, presentan a Costa Rica como el mayor consumidor de agrotóxicos en el mundo, con 51.2 kg por hectárea. En 2009, el país centroamericano importó más de 300 TM (toneladas métricas) de formulaciones con bromuro de metilo, un agroquímico y componente señalado como destructor de la capa de ozono (XVI Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2010).
El IRET (Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas) de la Universidad Nacional de Costa Rica, reveló a principios del 2011 que la cantidad de agrotóxicos importados entre 1977 y el 2006 aumentó en 340%, alcanzando un total de 184,817 TM en casi 30 años.
Aún más preocupante es la tendencia al aumento del uso de estos productos. En 1977, con unas 345 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, el país importó 2.800 toneladas de plaguicidas. En el 2006, con unas 451 mil hectáreas sembradas (30.7% más de territorio), la importación de esos productos llegó prácticamente a las 12 mil toneladas (328% más de agroquímicos). En el 2010, el Servicio Fitosanitario del MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) reportó el uso de 14 mil toneladas de ingredientes activos de agrotóxicos, es decir tres kilográmos consumidos por cada costarricense.
Según el ingeniero agrónomo Fernando Ramírez, uno de los productos tóxicos más usados es el Macozeb. En declaraciones a medios nacionales, Ramírez explicó que este producto genera efectos tóxicos a largo plazo y enfermedades crónicas. Además son comúnmente usados algunos fosforados y fungicidas como el Paraquat o el Endosulfan, productos que ya muchos países han suspendido por sus efectos en la salud y en el medioambiente.
Fuentes académicas estiman que el 4.5% de los trabajadores agrícolas costarricenses sufre una intoxicación cada año. Pero las graves afectaciones por el contacto directo con agrotóxicos no parecen estar golpeando solamente a las y los trabajadores agrícolas, sino también a sus descendencias.
Con el objetivo de “contribuir al conocimiento científico acerca de los riesgos carcinogénicos de los agrotóxicos y otras sustancias tóxicas” y servir como base en la toma de decisiones regulatorias a nivel nacional e internacional, el IRET y el Instituto Karolinska de Suecia realizaron en 2008 el estudio “Exposición ocupacional y ambiental de padres y madres a agrotóxicos, otros contaminantes y leucemia”.
La doctora Patricia Monge Guevara, entonces coordinadora de la Maestría en Salud Ocupacional e investigadora del IRET, dijo que “dos factores nos motivaron a impulsar esta investigación. El primero es que Costa Rica tiene una de las incidencias mundiales más altas de leucemia infantil, y el segundo aspecto es que entre las causas que se mencionan en la literatura internacional figura la exposición o contacto con sustancias químicas”. Dentro de estas sustancias están los agrotóxicos.
El estudio demostró que existe una relación clara y directa entre estos dos factores –exposición de los padres a agrotóxicos y la leucemia – y que el riesgo de desarrollar esta enfermedad es hasta tres veces mayor de lo normal. Además, esta relación resulta ser aún más alta cuando el contacto con estas sustancias lo tiene la madre en el embarazo y durante el primer año de vida del niño o niña.
“Los resultados son claros. Podemos concluir que el contacto con agrotóxicos de padres y madres antes del nacimiento y en el primer año de vida del niño contribuye a la aparición de leucemia infantil. Pero es más, porque resultó una clara asociación con grupos definidos de estas sustancias, como por ejemplo los órganofosforados, entre ellos el Diclorvos, Fenamifos, Malatión, Metamidofos, Foxim y Terbufos, algunos herbicidas como el Paraquat y Picloram y funguicidas como el Benomil y Mancozeb”, detalló la doctora Monge.
A pesar de que el estudio no incluyó un análisis por zona geográfica, se estima que las áreas más afectadas resultan ser rurales, donde las y los trabajadores están expuestos al contacto con agrotóxicos, y de manera particular en los monocultivos.
Maíz transgénico
La casi inexistente producción de maíz en el país ha despertado los apetitos de las grandes compañías que controlan el mercado de semilla en el mundo, y que están inundando los países con sus productos genéticamente modificados (OGM).
En noviembre de 2012, la empresa D&PL Semillas Ltda, subsidiaria de la compañía Delta & Pine Land, controlada por Monsanto, presentó ante la CTNBio (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad) una solicitud para sembrar en la región del Guanacaste varias hectáreas de maíces transgénicos MON-88017, MON-603 y MON-89034.
Un reciente estudio conducido por el biólogo francés Gilles Eric Seralini demostró que las ratas alimentadas con maíz transgénico MON-603, patentado por Monsanto, murieron prematuramente y tuvieron una frecuencia de tumores del 60-70%, frente a un 20-30% del grupo al que no se le proporcionó ese alimento.
Tras la decisión de la mayoría de los integrantes de la CTNBio de aprobar la solicitud de D&PL Semillas Ltda, varias organizaciones ecologistas y sectores de la sociedad costarricense interpusieron un recurso ante la Sala Constitucional, planteando la inconstitucionalidad de tres artículos (117, 118 y 132) del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria.
De esa manera, se logró la suspensión de todos aquellos trámites que estaban pendientes de resolver, entre ellos el permiso otorgado a Monsanto, hasta tanto los magistrados no escuchen las partes, adquieran más informaciones y emitan un fallo sobre el fondo del recurso.
Esta renovada lucha de David contra Goliat incluyó una componente de concientización en los territorios, cuyos resultados fueron de lo más inesperados. Durante la histórica movilización “Caminata en Defensa del Maíz”, que en noviembre de 2012 atravesó toda Costa Rica, fueron organizadas múltiples actividades con las poblaciones locales y las autoridades municipales, se recolectaron más de siete mil firmas y se difundieron más de 18 mil volantes informativos.
Además, un creciente número de sectores académicos e institucionales se expresaron públicamente contra la siembra de transgénicos. “Se ha reactivado el músculo social, capitalizando el descontento generalizado que hay en el país. En estos meses nos hemos dedicado a trabajar en los municipios y hemos logrado que 62 de los 81 municipios que existen en Costa Rica se declararan libres de transgénicos, es decir el 77% de los gobiernos locales del país”, dijo a Opera Mundi, Fabián Pacheco, miembro de la Federación Ecologista y master en Agrobiología Ambiental.
Pese a que las autoridades gubernamentales no reconozcan este resultado, por considerar que la potestad sobre el modelo de desarrollo agrícola la tiene el gobierno central y no los locales, Pacheco aseguró que este proceso permitió “visibilizar cada vez más el tema de los transgénicos y empoderar a la gente de esta discusión”.
Ante este avance y los resultados logrados, las organizaciones ecologistas presentaron este 16 de octubre, Día mundial de la Alimentación, un proyecto de ley de moratoria a la siembra de transgénico en Costa Rica.
“Lo que se ha logrado en los territorios nos da la suficiente legitimidad y respaldo, en palabras y votos, para presentar, ante la Asamblea Legislativa, un proyecto de esta magnitud. Es un paso más de esta larga lucha para declarar a Costa Rica como un país libre de transgénicos”, aseguró.
