El ministro de economía, Carlos Cuerpo, premia a empresas colonizadoras como CAF

Por Santiago González Vallejo*

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha realizado una visita a Kiev junto con una delegación empresarial española, acompañada por la CEOE y la Cámara de Comercio, para explorar oportunidades de reconstrucción e intercambio comercial. Sin embargo, la participación de empresas implicadas en la ocupación y colonización de Palestina ha generado controversia sobre la coherencia y los principios del gobierno español en materia de derecho internacional.

La inclusión de empresas que se lucran con la colonización de Palestina en la delegación empresarial a Ucrania cuestiona la coherencia del gobierno español en su política de sanciones y apoyo al derecho internacional.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se fue a Kiev (Ucrania), el 27 de junio pasado junto con una delegación empresarial española, arropada por la CEOE y la Cámara de Comercio, entre la que se encontraban directivos de Acciona Energía, Adif, CAF, Grupo Cobra, Matachana y Renfe, para estudiar las posibilidades de la participación empresarial española en la posible reconstrucción y mejorar el intercambio comercial.

Es habitual que los miembros del Gobierno hagan visitas políticas junto a comerciales de empresas nacionales. Su tarjeta de visita es el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa y el compromiso de España con la resistencia y recuperación del país. Todo lo anterior, en un contexto de sanciones a empresas y particulares rusos por su participación en el esfuerzo militar o economía rusa y bajo un paraguas argumental de apoyo al derecho internacional y que la fuerza no hace derecho.
Ese mismo criterio, y la búsqueda de una paz justa, es el esgrimido por el Gobierno español para rechazar la ocupación y colonización de Palestina por parte israelí con, hasta ahora, su culminación en el reconocimiento del Estado Palestino con las fronteras de 1967, que incluye Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza.

Pero, entonces ¿por qué participan algunas de las empresas mencionadas en la delegación político económica española en Ucrania? ¿Por sus buenas prácticas y defensa del derecho internacional, como defiende el gobierno español?
En esa delegación empresarial hay varias empresas que se están lucrando con la ocupación y colonización de Palestina, como CAF, que gestiona y desarrolla líneas de tren ligero entre la zona israelí y las colonias próximas en Territorio Ocupado, o la empresa SEMI, del Grupo Cobra, implicada en el ferrocarril Tel Aviv-Jerusalén, traspasando territorio palestino ocupado.
No tiene sentido jugar, como hacen el ministerio de Economía y el de Asuntos Exteriores, a que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. ¿Sanciones selectivas, doble rasero? Y a eso juega, parece, este Gobierno.

El Gobierno muestra interés por las buenas prácticas empresariales, fomenta las Líneas Directrices de la OCDE sobre multinacionales y apoya la directiva europea de diligencia debida, en vigor desde el 26 de julio y que establece el deber de la empresa de prevenir, mitigar, corregir y reparar los efectos adversos en el medioambiente y en los derechos humanos resultantes de sus operaciones, de las de sus filiales y de las operaciones en su cadena de actividades. Pero no quiere sacar conclusiones, ni tomar medidas, si conoce, como conoce, conductas vulneradoras del derecho internacional.

Al servicio de las autoridades de ocupación israelí, que actúan en contra de los deseos de los representantes palestinos, están las empresas CAF y sus socios en el tren del apartheid, GMV y TYPSA; la que hace los túneles de la ruta 60 que atraviesa de norte a sur Cisjordania, OSSA. O, al servicio de los colonos, la empresa online de servicios turísticos en los asentamientos, Edreams. Todas ellas seguro que hacen una ‘diligencia debida’ que, ante la falta de mecanismos de denuncia y sanción, son un camelo y un medio para practicar el greenwashing o lavado de la realidad de la actividad empresarial dictada por el Consejo de Administración. Esas decisiones perjudicarán a trabajadores, inversores y consumidores, y también a las empresas realmente cumplidoras a las que se les hace competencia desleal. Los avales de auditores y ‘sellos’ de buenas prácticas de esas malas empresas, eso sí, permiten unas facturaciones extra para los acreditadores.

Todo esto, para explicar la falta de coherencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, del Gobierno, de la CEOE y de la Cámara de Comercio que apoyan a algunas empresas en Kiev cuando esas mismas empresas se lucran en la colonización israelí de Territorio Palestino Ocupado, dañando la imagen de España al visibilizarse el doble rasero:
–Se castiga a empresas rusas por ayudar a la maquinaria de guerra y a la ruptura del derecho internacional.
–No se ponen sanciones a las empresas que se lucran con la colonización de Palestina.
–Conocen que existen empresas españolas que se lucran con la colonización de Palestina, al servicio de las autoridades de ocupación y colonos, y éstas son invitadas a mejorar su cuenta de resultados gracias a la gira comercial en Ucrania.
–Y, mientras habla a favor del desarrollo de buenas prácticas empresariales y de transponer una norma europea sobre la diligencia debida, no establece criterios sancionadores en la ley de contratos públicos o subvenciones, aún con el precedente de exclusión de los ERTE durante la pandemia a empresas ligadas a paraísos fiscales.

Y en esto, ratificándose, llegó la Opinión Consultiva de la Corte internacional de Justicia, fuente de derecho, que dice en su punto 278: “Tomando nota de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, el Tribunal de Justicia considera que los Estados miembros tienen la obligación de no reconocer ningún cambio en el carácter físico o la composición demográfica, la estructura institucional o el estatuto del territorio ocupado por Israel el 5 de junio de 1967, incluido Jerusalén Este, salvo lo acordado por las partes mediante negociaciones, y de distinguir en sus relaciones con Israel entre el territorio del Estado de Israel y el Territorio palestino ocupado desde 1967. El Tribunal de Justicia considera que el deber de distinguir en sus relaciones con Israel entre su propio territorio y el Territorio Palestino Ocupado comprende, entre otras cosas, la obligación de abstenerse de mantener relaciones convencionales con Israel en todos los casos en que pretenda actuar en nombre del Territorio Palestino Ocupado o de una parte de éste en asuntos que afecten al Territorio Palestino Ocupado o a una parte de su territorio; abstenerse de entablar relaciones económicas o comerciales con Israel en relación con el Territorio Palestino Ocupado o partes del mismo que puedan consolidar su presencia ilegal en el territorio; abstenerse, en el establecimiento y mantenimiento de misiones diplomáticas en Israel, de cualquier reconocimiento de su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado; y tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado”.

¿Para cuándo prohibir el comercio con los asentamientos israelíes ilegales?
¿Para cuándo sancionar a las empresas que se lucran con la colonización israelí e impedirlas que puedan formar parte de licitaciones y compras públicas o tener subvenciones?
El ministro Carlos Cuerpo debería responder coherentemente y no dañar al cumplimiento del derecho internacional que el Gobierno del que forma parte dice defender.