En España se tortura
Cuando alguien menciona que en España (o en otras democracias avanzadas) existe la tortura ejercida por instancias estatales, las reacciones suelen combinar sorpresa e incredulidad. Las respuestas acostumbran a ser del tipo: “eso ya no ocurre aquí, esto es una democracia” o “son solo casos aislados”. Los más cavernícolas podrán apuntar, incluso, que “algo habrán hecho” o que “seguro que eran de ETA”.
Como las cárceles y lo que en ellas ocurre, la tortura en España es un tabú. Amnistía Internacional ha denunciado en repetidas ocasiones que en la España de hoy se tortura. En su informe “Sal en la herida”, Amnistía afirmaba, por ejemplo, que “los casos de tortura policial en España no son hechos aislados”. En este mismo documento, se recogió la declaración de un Mosso d’Esquadra entrevistado el 19 de junio de 2007 en Barcelona, el cual aseveró que “la primera acción durante la detención era vencer su resistencia [la de los detenidos], hacerles ver quién mandaba, y que había que golpearlos”.
Solo en 2011, 853 personas denunciaron en España haber sido víctimas de torturas a manos de cuerpos deseguridad (policía, guardia civil) o en cárceles, centros de internamiento de extranjeros y centros de menores. Como recoge el informe “La tortura en el Estado Español en el año 2011”, más de un 50% de las denuncias (433) del pasado año se produjeron en contextos de movilizaciones sociales: del 15M, okupaciones, huelgas, etc. Es importante tener en cuenta que muchos casos de tortura no se denuncian ni ante los tribunales ni ante ningún organismo público o privado. Asimismo, otros casos sí denunciados han sido excluidos del cómputo por petición expresa de las víctimas.
En el CIE de Zapadores de la ciudad de Valencia, 22 personas denunciaron torturas el pasado año. El informe antes mencionado reproduce algunos de los testimonios de los denunciantes:
22 de enero de 2011. J.L.S.R., varón salvadoreño de 41 años internado en el CIE de Zapadores (València), denunció (…) haber sufrido puñetazos y patadas en pecho y piernas de un policía mientras otro observaba y reía. Tras esta primera situación, poco después un tercer policía también le agredió, golpeándole en espalda y nuca y advirtiéndole de que no presentase ninguna queja. Dos días tras estos hechos, comenzó a escupir sangre y fue trasladado al Hospital Doctor Peset, cuyo informe médico de urgencias refiere “traumatismo torácico”.
Darius Rejali, profesor de Ciencias Políticas de en el Reed College de Portland (EE.UU.), sostiene en su libro Torture and Democracy que las mayores y más brutales innovaciones en el ámbito de la tortura han sido obra de las democracias occidentales. Xabier Makazaga, autor de Manual del torturador español, cita entre otros a Oriol Martí, quien fue torturado durante el franquismo y tras la redada desarrollada contra el independentismo catalán antes de las Olimpiadas de 1992. Oriol ilustró a la perfección la tesis de Rejali:
Los torturadores torturan mejor ahora que veinte años atrás: han mejorado en técnicas, dejan menos marcas, hacen sufrir más y mejor en menos horas. Los torturadores del franquismo eran unos alocados, los de ahora lo hacen con bolsa de plástico.
El Estado español, al igual que otras democracias consolidadas, incumple sistemáticamente la Convención de Naciones Unidas contra la tortura. Además de las prácticas aludidas, España también ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar las torturas a detenidos. El último informe anual del Comité contra la Tortura de la ONU se hace eco de esto y de otras violaciones de Derechos Humanos, denunciando el incumplimiento que el Estado español hace de varios artículos de la Convención contra la Tortura. Además, en otra de las manifestaciones de este mundo al revés, denunciar haber sido víctima de malos tratos o torturas en España puede conllevar ser condenado por los tribunales de justicia. Por su parte, en 2011 solo un verdugo (un policía local de Santander) fue sancionado por acciones como estas y varios han sido absueltos.
Entre 2001 y 2011, 7.703 personas han denunciado en España haber sido víctimas del terrorismo de Estado a través de la tortura. Como se ha indicado, Amnistía Internacional o las Naciones Unidas también han denunciado la violación crónica de Derechos Humanos en la democracia española. Pero, ¿puede considerarse democrático un sistema político que ampara la tortura como práctica continuada? ¿Seguiremos negando la realidad o utilizaremos el pretexto de que solo son “excesos ocasionales”? No hace falta acercarse a ningún museo de la tortura de épocas pasadas. Mientras todo el mundo miramos hacia otro lado, el pasado de terror y tortura prosigue –y se perfecciona– en nuestra sacrosata democracia.
