España: ¿regeneración democrática o golpe de estado?
España ha sido condenada por torturas una vez más. En esta ocasión no ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya ha condenado a nuestro país por los casos de Mikel Iribarren, Mikel San Argimiro o Martxelo Otamendi, víctimas de la violencia policial y de unas leyes que promueven y amparan la tortura. Esta vez la condena procede del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Detenida en 1996, María Atxabal fue torturada por la Guardia Civil durante el período de incomunicación contemplado por la legislación antiterrorista. Su testimonio es estremecedor: golpes, amenazas de muerte, simulacro de violación con una botella. Su hija adolescente sufrió el mismo suplicio en una habitación contigua. Los gritos de ambas se mezclaron durante varios días de terror e impotencia. Es una técnica habitual para destruir psicológicamente a los detenidos. De hecho, María Atxabal aún sufre estrés postraumático crónico. Esperanza Aguirre asegura que España necesita una “regeneración democrática”, pero me temo que su regeneracionismo no apunta hacia un porvenir sin torturas, sino hacia una España Neoliberal que reforzará las leyes represivas mientras profundiza y consolida las desigualdades sociales.
Absuelta por la Audiencia Nacional, el relato de María Atxabal coincide con el de otros torturados por la Guardia Civil durante el régimen de incomunicación: los médicos forenses mantuvieron en todo momento una actitud de colaboración y encubrimiento, los jueces de la Audiencia Nacional no concedieron credibilidad a su testimonio, la prensa no investigó ni se preocupó de averiguar la verdad. Es inevitable pensar en la escena sexta de Luces de bohemia (1924), cuando Max Estrella se encuentra con un anarquista catalán en un calabozo y hablan sobre el terrorismo de Estado. “Conozco la suerte que me espera –afirma el anarquista-. Cuatro tiros por intento de fuga”. El anarquista ya se ha resignado y sólo anhela que no se diviertan dándole tormento. Indignado, Max Estrella explota: “¿Dónde está la bomba que destripe el terrón maldito de España?”. Poco después, aparece un agente y avisa al anarquista que se prepare para un “viaje de recreo”. “Van a matarme… –augura el detenido- ¿Qué dirá mañana esa Prensa canalla?”. “Lo que le manden”, replica el poeta, llorando de rabia e impotencia. En la escena undécima, Max Estrella, ya en libertad, escucha los gritos desgarrados de una madre con un niño en brazos. La policía ha disparado a la multitud y la criatura ha recibido un tiro en la sien. La madre increpa a los agentes, acusándoles de ser los verdugos del pueblo y de tener las entrañas negras. Al mismo tiempo, se escucha el tableteo de unos fusiles y Max, que está ciego, pregunta qué ha sucedido. Cuando le dicen que la policía ha abortado la fuga de un preso anarquista, disparándole por la espalda, el poeta se derrumba: “Ya no puedo gritar… Estoy mascando ortigas. Ese muerto sabía su fin… No le asustaba, pero temía el tormento… La Leyenda Negra, en estos días menguados, es la Historia de España. Nuestra vida es un círculo dantesco. Rabia y vergüenza”. Los grandes medios de comunicación apenas mencionan el caso de María Atxabal, pero destacan en titulares que el gobierno aprueba controles preventivos en internet para garantizar la seguridad nacional. El objetivo es erradicar “el proselitismo y la propaganda terrorista”. Muchos opinamos que en realidad se pretende erradicar cualquier forma de disidencia o resistencia en un país donde el Banco de España ya ha pedido la supresión del salario mínimo en algunos casos. La OCDE ha pronosticado un incremento del paro en 2014, que escalaría hasta un 28%, agravando aún más el sufrimiento de las familias pobres o en riesgo de exclusión social. La “marca España” ya es sinónimo de corrupción política, brutalidad policial, impunidad, desempleo masivo, desahucios y pobreza infantil. “Rabia y vergüenza”, no se me ocurren otras palabras, pero la indignación no debe inmiscuirse con la necesidad de comprender lo que está sucediendo. La crisis ha castigado a los sectores más vulnerables de la sociedad, pero también está a punto de liquidar a la España de siempre, la España negra del tricornio, los Borbones, el toro de Osborne y los obispos tridentinos. Aunque parezca una buena noticia, no lo es tanto, si averiguamos lo que nos espera en su lugar. El acoso de El Mundo y Libertad Digital contra la familia real no surge de una voluntad de transparencia y verdad, sino de una guerra interna entre el régimen gestado en 1978 y el neoliberalismo de raíz anglosajona. La impopularidad de la monarquía crece sin parar y no faltan razones. El salario bruto anual del rey asciende a 292.752 euros, pero las revistas Forbes y EuroBusiness le atribuyen una fortuna personal de 1.790 millones. Se ha dicho que estas estimaciones incluían bienes del Patrimonio Nacional. Es cierto, pero no es un argumento exculpatorio, pues la Casa Real ha adoptado las precauciones necesarias para mantener las apariencias de legalidad. Por ejemplo, el parque móvil con 60 vehículos de alta gama a disposición de la familia real es propiedad del Ministerio de Economía y su mantenimiento corre a cargo de Defensa o Asuntos Exteriores. En cuanto al yate Fortuna, que ha saltado a los medios recientemente, se financió con una colecta de 2.600 millones de euros aportados por empresarios mallorquines y una aportación de 400 millones del gobierno regional de Jaume Matas. La colecta empresarial respondió a una sugerencia de Juan Carlos I. Todo sugiere la existencia de una trama de favores y corruptelas que se escapan al dominio público, pero ni siquiera puede abrirse una investigación, pues el artículo 56 de la Constitución establece que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.
¿Por qué sale todo esto a la luz? ¿Por qué El Mundo y Libertad Digital han colocado en la picota a la familia real? ¿Alguien cree seriamente que Juan Carlos I se comportaba de una forma diferente en el pasado? ¿Por qué escandalizó tanto la fotografía del rey al lado de un elefante abatido, cuando el monarca lleva años matando toda clase de animales y fotografiándose con sus trofeos? Esperanza Aguirre ha hablado de una “necesaria y urgente regeneración democrática”. José María Aznar apoya esta vía, amagando con regresar a la arena política. El Mundo y Libertad Digital respaldan esta campaña, con todas sus consecuencias, incluida la caída de los Borbones. ¿En qué consistiría esa “regeneración democrática”? Desde luego, no en “dar el poder a los ciudadanos”, como ha asegurado cínicamente Esperanza Aguirre, sino en “liberalizar” el mercado laboral y los servicios públicos, privatizando sin restricciones la sanidad, la educación y las pensiones. La “regeneración democrática” cedería a los grandes grupos financieros la gestión de la sociedad española, liquidando el insuficiente Estado del bienestar y estableciendo un modelo de sociedad semejante al norteamericano. Esa liberalización no es más que un golpe de estado con guante blanco, donde los ciudadanos perderían sus derechos laborales y sociales para convertirse en simples peones de la economía de mercado. El Estado del bienestar de inspiración keynesiana sería reemplazado por un “Estado de bienestar para ricos”, de acuerdo con la expresión de Chomsky. En ese teatro sobra el pacto social firmado durante la transición, que permitió a las oligarquías políticas y financieras del franquismo conservar sus privilegios y no ser juzgadas por el genocidio cometido durante los años de la dictadura. La monarquía y el bipartidismo se consolidaron garantizando la educación, la sanidad, las pensiones y los convenios sindicales. La “regeneración democrática” rompería ese equilibrio para implantar un capitalismo malthusiano semejante al norteamericano, donde los índices de pobreza son dos veces superiores a los de cualquier país industrializado y los niños son las principales víctimas de la desigualdad. La liberalización prometida por Esperanza Aguirre no afectaría a las grandes empresas, que seguirían recibiendo la ayuda del Estado, como sucede en Estados Unidos. En el país del libre mercado y la competencia justa, la industria militar, la investigación aeroespacial y las empresas de alta tecnología son subvencionadas generosamente con fondos públicos procedentes de los impuestos. Desde 1950, la investigación en electrónica e informática es subvencionada por el gobierno norteamericano, alegando que las innovaciones se aprovechan en mejorar los equipos militares. Eso no impide que los bienes de consumo fabricados con dinero público se comercialicen, vendiendo a los ciudadanos los mismos productos que han costeado con su bolsillo.
La “regeneración democrática” del Estado español podría comenzar después del previsible descalabro del PP y el PSOE en las próximas elecciones generales. La fragmentación del Parlamento y la imposibilidad de realizar pactos impulsaría un “gobierno de salvación nacional”, con un tecnócrata a la cabeza. Evidentemente, su política consistiría en profundizar las reformas demandadas por la troika y los mercados. La corriente neoliberal del PP liquidaría a los marianistas (es decir, a la derecha católica, tradicional y neofranquista, que perdería influencia y protagonismo) y el PSOE protestaría con una retórica vagamente progresista para salvar la cara ante su electorado. La “regeneración democrática” sólo es otro nombre del Nuevo Orden Mundial. “En el Nuevo Orden Mundial –escribe Noam Chomsky-, el mundo debe ser gobernado por los ricos y para los ricos. El sistema mundial no se parece en nada al libre mercado clásico; la expresión mercantilismo empresarial sería más acertada. El ejercicio del gobierno se halla cada vez más en manos de unas enormes instituciones privadas y de sus representantes”. Todos los que se oponen al Nuevo Orden Mundial son “caudillistas” (Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa) o “antisistema”, por emplear dos términos que usa a menudo el diario El País, cada vez menos preocupado por mostrar su vertiente neoliberal. No sé si la salud o las circunstancias le permitirán a Esperanza Aguirre liderar la cruzada de la “regeneración democrática”, imitando a su admirada Margaret Thatcher o le cederá el testigo a Cristina Cifuentes u otra figura similar. Al margen de los actores elegidos para protagonizar esta pantomima, se intentará transmitir a la ciudadanía que las decisiones políticas y económicas son demasiado complejas para ser debatidas por gente corriente. “Gobernar es repartir dolor”, afirmó hace unos meses Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, sin aclarar que el dolor siempre recae sobre los más débiles. La presunta complejidad de la política y la economía “sólo es un fraude”, apunta Chomsky. Es el subterfugio utilizado para mantener a la población alejada de esa oligarquía que gobierna en la sombra, de acuerdo con la lógica de la acumulación y la dominación. Desde luego, habrá cambios. España puede convertirse en una república, sin que eso represente ninguna ventaja para la clase asalariada. La “regeneración democrática” incluirá una apertura en materia de costumbres y una apariencia de modernidad. El aborto, la eutanasia y el matrimonio homosexual no representan un problema para la mentalidad capitalista. La España Neoliberal seguirá los pasos de Obama, que se ha mostrado tolerante en esas cuestiones, sin renunciar a la tortura, los asesinatos extrajudiciales y las cárceles secretas. Se habla del cierre de Guantánamo, olvidando que sólo en la Base Aérea de Bagram (Afganistán) hay 6.000 personas detenidas, sin una acusación formal ni derecho a defensa jurídica. 6.000 personas que –según el periodista Adam Serwer- “pueden ser torturadas hasta la muerte, con absoluta impunidad”. El propio Jimmy Carter, ex presidente norteamericano, ha publicado un artículo en The New York Times, acusando al gobierno actual de violar claramente “al menos diez de los treinta artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos”. La América de Obama se parece a la España Neoliberal que enciende los sueños de Esperanza Aguirre y Aznar, donde ya no habría necesidad de pactar con los sindicatos ni de mantener el compromiso de una educación y una sanidad universales. ¿Se puede hacer algo contra todo esto? ¿Puede España escapar de la “regeneración democrática” y construir un Estado verdaderamente democrático, conforme a los principios de libertad, igualdad, justicia y solidaridad? Me temo que salir a la calle no será suficiente. La “sociedad de los dos tercios” de la que se habló en los ochenta (dos tercios bien abastecidos y un tercio hundido en la marginación y la exclusión social) se ha derrumbado para alumbrar la “sociedad de un tercio” (o tal vez menos), donde una minoría nada en la abundancia y una mayoría experimenta graves dificultades para sobrevivir de una forma digna. En Estados Unidos, los súper-ricos representan el 0’019% de la población y están concentrados en menos de doce ciudades. Al mismo tiempo, hay 42’2 millones de norteamericanos que subsisten con dos dólares al día y dependen del Food Stamp, el programa federal de auxilio para pobres que subvenciona comedores públicos gratuitos mediante estampillas. España avanza en esa dirección. Creo que estos contrastes merecen el nombre de tiranía y justifican el derecho de rebelión. Parece que la historia no sopla en esa dirección, pero los pueblos han reaccionado de la forma más inesperada en coyunturas históricas de opresión e iniquidad. La esperanza es un sentimiento revolucionario y yo me resisto a renunciar a la utopía de un futuro donde “el mundo llegue a ser un hogar para el ser humano” (Ernst Bloch) y no un escenario de explotación, violencia, desigualdad e injusticia.
