España sigue siendo diferente, es decir, la de siempre

Arturo del Villar*. LQSomos. Diciembre 2017

Han coincidido el 29 de noviembre de 2017 tres acontecimientos judiciales con un punto de unidad: la persecución a los militares culpables de crímenes de guerra, cometidos hace largo tiempo. Naturalmente, han ocurrido fuera de España, aunque en un caso nos afecta de forma directa.

Empezando por él, los Estados Unidos accedieron a la solicitud de extradición cursada por el reino de España, contra el coronel Inocente Orlando Montano, que era viceministro de Defensa en la República de El Salvador el 16 de noviembre de 1989. Ese día una banda militar, pero no de música, sino de metralletas, asesinó a seis jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres salvadoreñas que los atendían. Los militares del pequeño país centroamericano organizaron una feroz represión contra civiles considerados comunistas, una disculpa que siempre tiene éxito, y sirve para que los Estados Unidos aprueben los crímenes y armen a los asesinos.

El reino de España solicitó la extradición de los culpables, pero dada la nula importancia internacional del reino, las autoridades judiciales y gubernamentales responden que se están investigando los hechos desde entonces. Al Inocente, que al parecer no lo es más que de nombre, se le ocurrió exilar-se en los Estados Unidos, por suponer que estaría más seguro que en su pa-tria, con el resultado de ser entregado a las mazmorras españolas el 29 de noviembre, porque el Imperio concede pequeños dones a su colonia.
Se le acusa de ser el autor intelectual de la matanza, cosa complicada de probar, ya que no fue ejecutor. Aunque han pasado 28 años del suceso, los crímenes contra la humanidad no prescriben, por lo que podrá ser juzgado en España, y según el juez que le corresponda y según tenga el humor el día del juicio, podrá ser condenado. O no, porque con los jueces españoles nunca se sabe lo que pude pasar, excepto si se trata de acusados de delitos políticos, ya que en ese caso la condena esta asegurada.

Genocidios sin prescripción

También de América llega la noticia de que el mismo 29 de noviembre se dictó sentencia contra 54 militares argentinos, acusados de secuestros, torturas, desapariciones y exterminio de personas. Ocurrió tras el golpe de Estado militar contra la presidenta María Estela Martínez de Perón, perpetrado el 24 de marzo de 1976, hace 41 años. Con la disculpa de impedir una conjura comunista, que siempre es aceptada, los tres ejércitos se unieron para llevar a cabo un genocidio contra conocidos izquierdistas.

Se distinguió en el salvajismo la Escuela de Mecánica de la Armada, por sus siglas ESMA, de donde partían aviones cargados de izquierdistas que regresaban vacíos, una vez tirada la carga al mar o al Río de la Plata. Los calificados como vuelos de la muerte causaron alrededor de cinco mil víctimas. Los militares fueron culpables de otros delitos, como secuestros de niños hijos de izquierdistas asesinados, para darlos a matrimonios sin hijos probadamente fieles a sus ideas. Todavía la asociación de Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo sigue reclamando justicia, que llega con cuentagotas, como ahora mismo se ha comprobado. Pero los crímenes contra la humanidad no prescriben, por lo que se han dictado 29 sentencias de cadena perpetua, 19 de penas variadas de cárcel, y seis absoluciones.

El tercer suceso es europeo. Ocurrió también el 29 de noviembre en La Haya, en el Tribunal Internacional de Justicia creado expresamente para juzgar los crímenes de guerra cometidos en los países independizados de la antigua Yugoslavia. El exgeneral croata Slobodan Praljak fue juzgado por este Tribunal, acusado de cometer crímenes de guerra en Bosnia. Ese con-flicto ensangrentó a la antigua Yugoslavia entre 1991 y 1995, y se calcula que causó alrededor de cien mil víctimas.

Cuando el tribunal estaba dictando la sentencia que rechazaba la apelación del acusado, y le condenaba a veinte años de cárcel, el exgeneral, que también era dramaturgo, tuvo un gesto teatral muy efectista: sacó de un bolsillo un botellín que contenía veneno, y se aplicó él mismo una sentencia de muerte ante las cámaras de televisión que retransmitieron la escena a todo el mundo que quiso verla. Un final épico sin duda, pero nadie aplaudió el mutis definitivo.

España es la excepción

Los países que sufrieron dictaduras militares, al acceder a la democracia han acusado, juzgado y condenado a los genocidas. Se exceptúa España, porque aquí el propio dictadorísimo genocida decidió organizar la perpetuación de su régimen, y para ello instauró la llamada monarquía del 18 de julio, por el día de su rebelión, y designó a un sucesor a título de rey para que perpetuase su régimen criminal. Propuso al designado por su voluntad omnímoda que le jurase lealtad a su minúscula personilla y lealtad a sus criminales leyes genocidas, para convertirse en su delfín, lo que el designado hizo con gran vehemencia.

De esta manera, el designado sucedió antidemocráticamente al exgeneral rebelde que protagonizó un golpe de Estado contra el sistema constitucional, del que derivó una terrible guerra causante de un millón de muertos, medio millón de exiliados, un número imposible de saber de represaliados, y una dictadura militar presidida durante 36 años por el dictadorísimo y con-tinuada por el designado hasta que le pasó la sucesión a su hijo, sin que ninguno de ellos se molestase en preguntar su opinión al pueblo español mediante un referéndum, como se hace en las naciones democráticas.

El dictadorísimo fue un grandísimo genocida, pero pudo perpetrar sus crí-menes porque contó con la complicidad de militares, policías, jueces, fiscales, banqueros, periodistas, empresarios, carceleros y verdugos, así como con la bendición de los más altos jerarcas de la Iglesia nazionalcatólica. A nadie se le ha juzgado en España como criminal contra la humanidad, aunque la dictadura militar española es más larga y más sanguinaria que las de El Salvador, Argentina o Bosnia, por no citar más que las puestas de actualidad por una coincidencia en el calendario. Todos los que en su día juraron lealtad a la personilla del dictadorísimo y fidelidad a sus leyes son culpables de genocidio, y tendrían que ser juzgados, condenados y encarcelados los que todavía viven, y anatematizada para siempre la memoria de los fallecidos, sin que pueda aparecer su nombre en ningún lugar público, y en los manuales de historia se denuncien sus crímenes.

Pero es cierto el eslogan lanzado con éxito por la dictadura: España es di-ferente. O sea, la misma de la dictadura. Por eso siguen en libertad los cóm-plices supervivientes del dictadorísimo, y continúa habiendo presos políticos y exiliados por sus ideas. No hay mayor vergüenza que ser español. Los ciudadanos de los pases democráticos lo saben, y debido a ello no se interesan por la mala suerte que nos persigue. Cosas de españoles, dicen. Y permiten que la dictadura militar se mantenga con diversos nombres desde hace 81 años.

LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS!

* Presidente del Colectivo Republicano Tercer Milenio