Guatemala. Familias desalojadas en el Polochic siguen sufriendo hambre y represión

El pasado 2 de julio, la capital guatemalteca fue el escenario de la presentación del informe final sobre el “Censo de condiciones de vida de las comunidades que fueron desalojadas en el Valle del Polochic en marzo de 2011”.

Realizado por el Colectivo Estudios Rurales “Ixim”, el Comité de Unidad Campesina (CUC) y la Fundación Guillermo Toriello (FGT), el estudio evidencia la dramática situación que viven 637 de las casi 800 familias q’eqchies’ desalojadas hace dos años por el ingenio Chabil Utzaj, actualmente propiedad del coloso agroindustrial nicaragüense Grupo Pellas.

El informe señala también que solamente 4 de cada 100 familias cuentan con energía eléctrica, 25 tienen acceso al agua entubada, mientras que 15 de cada 100 familias deben recorrer más de un kilómetro para obtener agua de río. A todo esto hay que agregar la falta casi total de acceso a educación, salud y vivienda propia.

“La situación es dramática y la desnutrición crónica y aguda afecta a casi 6 de cada 10 niños y niñas entre 0 y 5 años. La escasez de alimento, así como la falta de acceso a la tierra, a la vivienda y a los servicios básicos están dejando a miles de personas en un estado de total abandono y precariedad”, dijo a La Rel, Juan Pablo Ozaeta, coordinador del Informe.

Discriminación

El estudio revela también una clara actitud de retaliación de la empresa en contra de las familias indígenas q’eqchies’, las cuales son rechazadas “para trabajar en los monocultivos de caña y palma” y se les niega “la posibilidad de arrendar tierras fértiles para que cultiven sus alimentos”.

Asimismo, tienen restricciones, en muchos casos impuestas por el mismo ingenio Chabil Utzaj, “para acceder a ríos y bosques, donde abastecerse de agua y leña, y para poder pescar para su alimentación”, continúa el informe.

“Es evidente que todo lo que estamos viendo es el resultado de la implementación de un modelo de producción basado en la expansión de monocultivos, que genera concentración y despojo de territorios, así como graves impactos socio ambientales.

Las familias demandan y necesitan de tierra para vivir dignamente -continúa Ozaeta-, sin embargo han sido desarraigadas y desplazadas hacia las laderas, mientras toda la explanada del Valle del Polochic se ha llenado de caña y palma”, dijo el también investigador del Colectivo Estudios Rurales “Ixim”.

A lo largo de los últimos dos años se han multiplicado los casos de desalojos, destrucción de viviendas y de cultivos de alimentos, así como la detención y persecución de miembros de las familias q’eqchies’.

Represión

Otro de los elementos que generan profunda preocupación tiene que ver con la criminalización de la protesta de parte de militares y policías, así como de los guardias de seguridad de la empresa y el sistema judicial.

De acuerdo con la investigación, durante y después del desalojo se estima que al menos 17 personas han fallecido por situaciones de violencia, principalmente asesinatos.

De las muertes ocurridas en estos dos años, se destaca los asesinatos de Antonio Beb Ac, Óscar Reyes y Margarita Chub Ché y su vinculación con los cuerpos de seguridad del ingenio Chabil Utzaj.

“Aunque se ha investigado a los responsables, no ha habido justicia por estos hechos, y la seguridad privada del ingenio sigue operando fuera de los terrenos de la finca para agredir y amenazar a las comunidades”, se lee en el informe.

“La gente ha sido atacada, perseguida y ha vuelto a vivir los horrores de los años 80. Hay miedo por lo que ha pasado durante los desalojos y es algo que no se ha detenido, antes bien se está repitiendo con mayor fuerza y violencia”, dijo Ozaeta.

Demandas

Ante esta situación, el informe formuló una serie de recomendaciones, entre otras, que el gobierno cumpla con el compromiso adquirido de entregar tierra a las familias desalojadas y respete las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cuanto a vivienda, salud, alimentación y seguridad.

Asimismo, que atienda de manera inmediata la crisis alimentaria y tome medidas para detener las acciones arbitrarias de la seguridad privada del ingenio Chabil Utzaj (Grupo Pellas).

A la comunidad internacional se solicita mantener una vigilancia permanente del respeto de los derechos humanos de las comunidades del Polochic, observar las inversiones financieras que, desde sus países, se destinan hacia proyectos que promueven la concentración de tierra.

Finalmente, se pide al secretario general de la OEA una visita in situ, para corroborar todas las violaciones a los derechos humanos contra las comunidades q’eqchies’.