Honduras. Desalojo violento contra población lenca

Desalojo violento contra población lenca deja un saldo de varios heridos y detenidos.
 
Autoridades locales y judiciales coludidas contra derechos ancestrales de comunidades indígenas.

Durante la jornada de ayer (23/5), un fuerte contingente de policías y agentes antimotines llevó a cabo un desalojo violento contra miembros de las comunidades lencas en San Antonio Chuchuitepeque, departamento de Santa Bárbara, haciendo uso de bombas lacrimógenas, disparando balas vivas, y dejando un saldo de varios heridos y no menos de cinco personas detenidas.

Según el Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras, Copinh, la población originaria de la zona, que cuenta con títulos ancestrales de los siglos XVII y XIX, decidió recuperar su derecho de posesión y propiedad sobre las tierras cercanas al río Ulúa, que fueron invadidas y usurpadas por la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera.

"Llegaron como un centenar entre policías y agentes antimotines y comenzaron a desalojarnos con gases lacrimógenos y balas. Nos desalojaron dos veces y fue un ataque muy violento que dejó un saldo de varios heridos y detenidos, entre ellos los compañeros y compañeras Manuel Bardales, Gonzalo Muñoz, Leonarda Cruz, Gustavo Adolfo Barahona e Isaias Hernández Garcías", explicó a la LINyM, Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh.

La dirigente indígena dijo que uno de los afluentes más importantes del río Ulúa es justamente el río Gualcarque, en la zona de Río Blanco, donde desde hace casi 50 días las comunidades lencas de la zona protestan contra el proyecto hidroeléctrico "Agua Zarca", impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V.(DESA), y realizado, entre otros, con fondos del BCIE (Banco Interamericano de Integracvión Económica) por 24.4 millones de dólares.

Pese al desalojo perpetrado hace unas semanas contra la población indígena lenca, la protesta contra la invasión de territorios, la explotación de los recursos naturales y la ejecución de proyectos sin consulta previa con las poblaciones locales, continúa con fuerza en la zona de Río Blanco.

"Hay un claro contubernio y complicidad del alcalde de San Francisco de Ojuera con las empresas privadas que tienen los ojos puestos en nuestros territorios. Su servilismo es total y ha aprovechado la orden del tribunal, que no ha tomado en cuenta los títulos ancestrales de las comunidades, para proceder con este desalojo", aseveró Cáceres.

Cáceres hizo un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a mantenerse en alerta ante un posible recrudecimiento de la violencia y la represión.

"Hay mucha tensión y preocupación entre la gente y estamos presionando para que dejen en libertad a los compañeros detenidos. La represión ha sido brutal y desde ya responsabilizamos a las autoridades locales y los tres poderes del Estado por lo que pueda ocurrir en las próximas horas", concluyó la dirigente indígena.

 
 * LINyM
 
 

 

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