¿Qué sucede en la enseñanza pública?

¿Se imagina un mundo en que se diera limosna al rico y se robara al pobre? ¿Se imagina a un médico que atendiera a una persona sana mientras desatiende a un enfermo? ¿Se imagina un mundo en el que se diera de comer al saciado y se le retirara el alimento al hambriento? ¿Y a un padre que quitase los libros a su hijo por sacar malas notas en la escuela?

Pues esta es la lógica que, desde la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, se aplica al sistema público de enseñanza: mientras se suprimen los programas de apoyo a los alumnos con dificultades, se inaugura, con gran pompa, el llamado bachillerato de excelencia.

Se reducen las becas de comedores en los centros de primaria pero se amplían los límites para desgravar fiscalmente conceptos que solo se abonan en colegios de élite.

Al fin y al cabo no es más que una reproducción de lo que actualmente vivimos en la mayoría de los sectores de nuestra sociedad.

Las rentas bajas y medias se sacrifican en apoyo de los grandes capitales: jubilados, funcionarios y trabajadores pagan de sus bolsillos los excesos de los grandes bancos y, en una comunidad en la que hay un 30% de fracaso escolar, se realizan recortes en la enseñanza pública por valor de ochenta millones de euros para pagar los uniformes de los chicos que van a la enseñanza privada.

Parece claro que, cuando la lógica del mercado se aplica a la Educación o a la Sanidad, el resultado es el reverso de lo que resultaría si aplicáramos la lógica que realmente le corresponde, la lógica de la justicia social.

¿Qué está pasando en los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid?

Los profesores que en los centros, en las asambleas, en la calle, unidos a los padres de nuestros alumnos y con el apoyo de muchos otros ciudadanos, que también visten la famosa camiseta verde, llevamos más de un mes intentando recuperar nuestra dignidad perdida en cien batallas no dadas, lo sabemos. Sabemos que lo que ocurre bien puede ser el principio del fin de la escuela pública.

El proceso es de todos conocido y es aplicable con igual éxito a la sanidad. Primero, como ha sucedido este curso, se eliminan recursos básicos y necesarios en la escuela pública, se masifican las aulas. Esto hará impracticable la docencia en los institutos de secundaria. El segundo paso es mostrar la ineficacia del sistema. La enseñanza privada o concertada aparecerá, en el tercer paso, como la única solución posible a un sistema público caótico.

La obligatoriedad actual de recibir educación hasta los 16 años garantiza, en teoría, el acceso a una formación igualitaria. Lógicamente entre los alumnos que acceden hay diferencias, de capacidad, de integración social, y la ley prevé todo un sistema de apoyos que garantice que estos alumnos puedan, superando esas deficiencias iniciales, integrarse con éxito en el sistema educativo. Únicamente en el marco de un sistema de enseñanza al que se tenga acceso en igualdad de condiciones, y que estipule los medios suficientes que permitan a niños y jóvenes desfavorecidos superar sus deficiencias iniciales, estaremos hablando de una sociedad igualitaria.

Desde siempre la educación concertada ha empleado filtros y mecanismos que impiden el acceso de estos alumnos con necesidades educativas especiales o perfiles conflictivos a las aulas. La integración no es cosa de la concertada. A pesar de la obligatoriedad que tienen dichos centros de admitir alumnos con dificultades, son muchas las estrategias que les permiten excluirlos de sus aulas con la mirada cómplice de la administración.

La diversidad siempre ha sido cosa de la pública pero, paralelamente, el sistema de mecanismos que permite al alumno superar las deficiencias iniciales para integrarse con éxito en el sistema educativo ha sido desmantelado desde comienzos de septiembre. Asumir este desmantelamiento supondrá, en un plazo no muy prolongado, convertir las aulas de la enseñanza pública en guetos de alumnos a los que se les niega, realmente, el acceso a la educación.

En ese momento, la posibilidad de elección entre un centro público y uno concertado será una vana ilusión. Pocos argumentos tendremos que dar a los padres para que escojan una enseñanza en la que su hijo estará abocado al fracaso.

Nos encontraremos entonces con la desaparición no sólo de una de las más importantes conquistas de la democracia: el derecho a la educación libre y verdaderamente gratuita, sino con la condena de una parte importante de la sociedad a la marginación social.

La perfecta excusa para justificar el desvío de los recursos económicos de la enseñanza pública a la privada, es decir, la razón misma de la existencia de la enseñanza concertada es la defensa de la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos.

Nosotros nos centramos en la defensa de la libertad de los ciudadanos entendiendo que los hijos no son propiedad de sus padres y, por lo tanto, debemos garantizarles el derecho a una educación libre de prejuicios e ideologías, fomentando el espíritu crítico que les permita, en un futuro, tomar sus propias decisiones.

Este tipo de educación sólo es viable si la enseñanza se rige por un sistema de instrucción pública cuyo acceso se realice a través de un proceso transparente sujeto a leyes. Sólo de esta forma, con una educación libre de prejuicios, ideologías y supersticiones podremos garantizar la libertad del ciudadano a elegir su futuro y el de la sociedad en la que vive y quiere vivir.