La España soviética de los ochenta

Cristina Ridruejo*. LQS. Mayo 2021

Parece ahora que quienes defendemos lo público solo aspiramos a que la educación y la sanidad públicas sean de calidad, y si me apuras, con que sigan siendo públicas nos conformamos…

Desde hace unos años, parece que nos hemos caído de un guindo sin saber cómo nos habíamos encaramado a él. Muchas veces nos lamentamos de que los cargos políticos no pueden hacer nada, que están de manos atadas, que el poder real lo tienen las élites económicas o las multinacionales. Por supuesto, es cierto. Pero se dice como si fuera algo inevitable, como si siempre hubiera sido así desde el inicio de los tiempos.

No era así. Recordémoslo, por favor, no hace tanto tiempo.

Hubo una época —no tan lejana— en la que los cargos políticos tenían poder real sobre las élites económicas, al menos en cierta medida, y eso se debía a que el sector público constituía un porcentaje considerable de la economía española.

En la España soviética de los ochenta, el Estado poseía la empresa de comunicaciones Telefónica (hoy Movistar), la importación, distribución y suministro de hidrocarburos con su red de gasolineras: Campsa-Repsol; la gran compañía eléctrica Endesa (siglas de Empresa Nacional de Energía, SA), la compañía de gas natural Enagas (siglas de Empresa Nacional del Gas); la línea aérea nacional, Iberia; la compañía Trasatlántica de transporte marítimo; la red de ferrocarriles Renfe; la compañía nacional de tabacos, Tabacalera (que comercializaba Fortuna, Nobel, Ducados); en automoción, la SEAT (fue una de las primeras en privatizarse, desde mediados de los ochenta se vendió parte mayoritaria a Wolkswagen); los Astilleros Españoles, la CASA (Construcciones Aeronáuticas SA)… La lista es interminable, solo cito algunas de las más grandes. En el sector bancario también existían varios bancos públicos: Banco Exterior de España, Caja Postal de Ahorros, Banco Hipotecario de España, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Agrícola y Banco de Crédito Industrial (con los que en los noventa se creó Argentaria), y por otro lado estaban las Cajas de Ahorros, controladas por las provincias o las comunidades autónomas. De las antiguas grandes empresas públicas solo quedan RTVE, Correos, Loterías y Apuestas del Estado y poco más.

Parece que a fuerza de pisotearnos, arrinconarnos, abrumarnos con información tergiversada, algo ha conseguido el sistema neoliberal, y es reducir el tamaño de nuestros sueños. Parece ahora que quienes defendemos lo público solo aspiramos a que la educación y la sanidad públicas sean de calidad, y si me apuras, con que sigan siendo públicas nos conformamos.

La reclamación de lo público debería abarcar mucho más, y tiene una trascendencia que quizás nos han hecho olvidar a golpe de tertulia televisiva.

Que el Estado controle una parte considerable de la economía nacional tiene una consecuencia fundamental: el Estado (es decir, los sucesivos gobiernos que la ciudadanía vota para ser sus representantes) tiene algo que decir en la economía. Por tanto, la ciudadanía tiene poder sobre la economía y no al contrario.

Sin entrar al detalle en el hecho de que ciertos sectores deberían siempre tener una opción pública, sin excluir por ello las privadas, por ser necesidades de la población en la vida actual (energía, vivienda, telefonía, banca y otros, al mismo título que la sanidad y la educación, pues estamos en España en 2021, tener una cuenta bancaria o acceso a internet sí es una necesidad, más aún ahora que la mayoría de los propios trámites administrativos públicos hay que hacerlos obligatoriamente por internet), lo que quiero comentar aquí es que la existencia de un sector público grande y pujante tiene otras consecuencias, beneficios para todas las ciudadanas y ciudadanos, que son, entre otras cosas:

1) El Estado tiene peso en la fijación de precios de bienes y servicios (desde el precio de la telefonía o la luz, al de la gasolina y el transporte en general, con sus implicaciones para los precios de todos los demás productos), no porque “fije” los precios, sino porque las empresas privadas, si quieren ser competitivas frente a los precios de las empresas públicas, deben contener sus subidas; y tiene peso por ejemplo en el sector bancario, no solo en la trastienda de los mercados financieros, sino de cara al público, ofreciendo unas condiciones a las que el resto de la banca está obligada a aproximarse si quiere tener clientes.

2) El Estado influye los salarios y en las condiciones laborales generales. Los funcionarios y las funcionarias, que eran a menudo detestadas por mucha gente por pura envidia, gozaban no solo de un empleo fijo (habrá jóvenes que no entiendan el concepto) sino de salarios decentes, contratación sin discriminación y unos derechos laborales admirables. Pero además estaba todo el personal de las empresas públicas, sin estatus de funcionarios pero con condiciones decentes. En un mercado laboral en el que un buen porcentaje de la población activa está contratada por el Estado o por empresas públicas, las empresas privadas se ven obligadas a acercarse, o al menos a no apartarse mucho de las condiciones que estas fijan.

3) El Estado es uno de los actores clave de la economía nacional, y gracias a ello les representantes de la ciudadanía tienen poder para imponer sus decisiones en materia de economía, en lugar de ser meras marionetas manejadas por el poder económico.

Esta transferencia de poder desde el ámbito político (accesible a la ciudadanía mediante sus representantes) al ámbito económico (completamente inaccesible) no se ha producido de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso gradual pero ininterrumpido de privatización.

La palabra “privatización” se ha convertido en cotidiana, la tenemos adoptada como parte de nuestro día a día. Tanto que incluso hemos olvidado lo que significa, perdidas en la espesa niebla de las tramas de corrupción, como si lo único perjudicial de privatizar fuera que algún cuñado se lleve la tajada de beneficiarse de la explotación de empresas o infraestructuras construidas con fondos y medios del Estado. Ese mal solo es una parte, y no la peor: la peor es que se priva a representantes elegidas y elegidos por la ciudadanía del poder de decidir o influir en esas cuestiones, y por tanto cada vez que se privatiza algo, se está cercenando un poco más el poder popular. Por añadidura, ciertas empresas públicas daban beneficios: los impuestos no son la única forma deconseguir ingresos para el Estado.

Pero el proceso de privatización —contrariamente a lo que el poder (económico, claro) nos quiere hacer creer— no es irreversible.

Para la operación inversa se usa un término que, a diferencia de “privatización”, es una palabra que en el imaginario colectivo español suena ajena y remota, radical y peligrosa: “nacionalización”.

En el mundo contestatario casi nadie se atreve a reclamar la “nacionalización” de empresas que una vez fueron públicas, porque suena soviético. ¿Era soviética la España de los años ochenta, dueña de Telefónica, Repsol, Enagas o Seat? ¿Lo era la Francia de Miterrand? ¿Era soviético el Estado del bienestar?

¿Qué ha pasado, cómo hemos desplazado el eje de esa manera, para que la forma en que eran las cosas no hace tanto en nuestros países occidentales capitalistas, ahora sea un planteamiento radical?

Lo que pasó es de todos sabido: se acabaron los soviéticos. Pero recordemos que el campo occidental no era uniforme, en él pugnaban dos modelos de capitalismo: el anglosajón ultraliberal y el europeo del Estado del bienestar.

A principios de los noventa, tras la disolución de la URSS, el economista francés Michel Albert ya anunciaba en su libro Capitalismo contra capitalismo (1992) la batalla que se veía venir entre esos dos modelos de capitalismo: “será una guerra subterránea, violenta, implacable, pero amortiguada e incluso hipócrita, como son todas las guerras de capillas dentro de una misma iglesia. Una guerra de hermanos enemigos armados de dos modelos salidos de un mismo sistema, portadores de dos lógicas antagónicas del capitalismo en el seno del mismo liberalismo. E incluso de dos sistemas de valores opuestos respecto al lugar de las personas en la empresa, al lugar del mercado en la sociedad y del papel del marco legal en la economía internacional. […] Todo nuestro futuro depende de esto: la educación de nuestros hijos, la atención sanitaria de nuestros padres, el aumento de la pobreza en las sociedades ricas, las políticas de emigración y para terminar, nuestros salarios, nuestros ahorros, y nuestra declaración de impuestos”.

Esto lo escribió Albert en 1992, con el paso del tiempo ya podemos decir quién ganó esa batalla: el capitalismo anglosajón, cuyo fin es reducir a su mínima —minimísima— expresión al Estado y cuyas consecuencias son por un lado la hiperconcentración de las riquezas y la precarización del grueso de la población, y por otro lado la pérdida de poder real de les gobernantes elegides por la población; y sin duda se ha impuesto de manera aplastante al capitalismo europeo del Estado del bienestar.

Pero una consecuencia inesperada es que hoy en día, reclamar el Estado del bienestar, es decir, el CAPITALISMO EUROPEO, se considere tan radical como antaño reclamar el comunismo.

¿No será que los mismos beneficiarios de las privatizaciones, propietarios por cierto de los grandes medios de comunicación, sean quienes nos están inculcando la identificación sector público / radicalismo, a nosotres que tuvimos un sector público pujante y nada soviético no hace tanto?

Se tilda despectivamente de “comunista” a partidos políticos y colectivos sociales que no reclaman ni siquiera un sector público que permita al Estado recuperar su peso en la economía, solo reclaman unas migajas: que el Estado siga garantizando unos “servicios mínimos” para satisfacer los derechos básicos. La mayoría parece aceptar sin pestañear que se repartan esos calificativos (radical, extremista) y se lo acaba creyendo, pues nos lo repiten hasta la saciedad. Pero vamos a ver: no se está reclamando ni siquiera la mitad de lo que había en la España del Estado del bienestar, la España “soviética” de los años ochenta.

Por otra parte, las reivindicaciones de la izquierda en general se me quedan muy cortas, muy limitadas. Como decía, parece que se ha reducido el tamaño de nuestros sueños y no se plantean grandes reclamaciones, solo se lucha por salvar los poquísimos muebles que quedan del Estado del bienestar. Vamos a rueda del neoliberalismo, no a la vanguardia de la sociedad, quizás por eso no nos encontramos.

Sanidad y educación públicas y de calidad. Pero también empresas públicas en el sector energético, las telecomunicaciones, la banca, etc. Como mínimo en todos aquellos sectores que se puedan considerar necesidades, y si puede ser en otros, mejor que mejor. Poder económico para les representantes, y bienes y servicios públicos: beneficios para la ciudadanía por partida doble.

El objetivo es que, cuando la ciudadanía vota a una persona como representante, esta tenga PODER REAL. Creo que se llama democracia.

– Ilustración de cabecera: Russeus

* Miembro de Mujeres x la República. Forma parte del colectivo LoQueSomos
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