Lo que mal comienza…, o la Constitución del 78 y España

Domingo Sanz. LQS. Diciembre 2019

El hecho de que nuestra Constitución del 78 comenzara tan mal no sería motivo tan fuerte para cambiarla como la evidencia de la situación política a la que nos ha conducido

El pasado jueves, día 5, participé, junto a Josep Ignasi Aguiló, profesor de la Universidad de Illes Baleears, en el debate que, moderado por Biel Ramis, ocupó el primer cuarto de hora del Avui Actualitat que emite Canal 4 TV de Mallorca. Era el día previo a la fiesta de la Constitución y, por tanto, fue inevitable que habláramos de la ley principal.

Pero quedaron tantas cosas en el tintero que, unilateralmente, he decidido continuar con lo mismo aunque el formato sea menos entretenido. Esta es la primera entrega, quizás para la siguiente haya también un nuevo “youtube” que le pueda acompañar.

Entrando en materia, ¿sabe usted aquel que dice eso de que “lo que mal comienza mal acaba”, que nos hubiera dicho el gran Eugenio de haber creado un chiste con este dicho?

Pues sí, eso de que acaba mal lo que mal comienza es una de las sentencias populares que más porcentaje de acierto presentan, y España no iba a ser una excepción en lo del cumplimiento de las “leyes” nacidas de la sabiduría popular que, como bien sabemos, también castigan a quienes no las respetan.

Buscando pistas sobre si comenzamos bien o mal lo de la Constitución, nos encontramos al diputado Valle-Inclán, digo Mazarrón, pidiendo perdón por la “decimotercera” legislatura, la anterior y fracasada en su intento de formar gobierno, y, como no nos salen las cuentas, acudimos al propio Congreso, donde también afirman que la actual es la “decimocuarta”.

Pero resulta que desde la primera vez que pudimos votar en libertad salen quince legislaturas, pues en todas hubo urnas, Congreso, Senado, investidura, reuniones, votaciones y demás parafernalia. A saber, tras la muerte de Franco hubo elecciones generales los años 1977, 1979, 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2015, 2016, 2019 (28 de abril) y 2019 (10 de noviembre). Y cada vez con su legislatura correspondiente. En total, quince.

Resulta evidente que los políticos tienen un interés especial en que nos olvidemos de que el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones tras la dictadura, a pesar de que el Congreso que nació de aquellas urnas fue, entre otras cosas, el que el día 21 de julio de 1978 aprobó el mismo texto de la Constitución que se sometería a referéndum el 6 de diciembre de ese año.

Al igual que ocurre con quienes, recalcitrantes, se niegan a la “Memoria Histórica”, todos aquellos que defienden el olvido de algo en particular es porque esa particularidad los delata.

Se puede comprender, aunque no compartir, que a los descendientes directos de algunos franquistas no les haga gracia que algún día se certifique que el principal de su fortuna actual, por ejemplo, procede de la apropiación bajo amenaza de bienes pertenecientes a particulares republicanos, muchos de ellos asesinados, pero pretender también que nos olvidemos de las primeras elecciones democráticas resulta excesivo y, además, altamente sospechoso.

Para confirmar, o no, las sospechas, buscamos evidencias y, entre ellas, las más confiables son las que nos cuentan lo que hicieron los políticos con los votos depositados en las urnas de 1977 a la hora de convertirlos en escaños que, no nos dejemos engañar, es lo que buscan todos los candidatos cuando deciden concurrir a las elecciones.

El siguiente cuadro, cuyos datos los proporciona el Ministerio del Interior, presenta los resultados acumulados, en tres bloques diferentes, de las elecciones generales de 1977, celebradas bajo las normas del Real Decreto 20/1977, aprobado por el Gobierno de Adolfo Suárez.

Los políticos del bloque UCD + AP eran de origen franquista en su inmensa mayoría. De hecho, habían jurado los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional como después juraron la Constitución.

Los del bloque PSOE + PCE + PSP eran antifranquistas, bien por compromiso activo o por haberse tomado unas largas “vacaciones”, dado el peligro que significaba molestar al poder durante la dictadura.

Y de los del tercer bloque, el 94,7% de los votos y 23 escaños de los 25 correspondieron a partidos políticos catalanes o vascos, sobre los que no es necesario extenderse para confirmar su antifranquismo esencial.

Por tanto, la composición del Congreso que aprobó la misma Constitución que sería sometida a referéndum el 06/12/1978 no representaba el mapa político de la sociedad española en aquel momento.

Los franquistas dispusieron de 181 escaños, pero si todos los españoles hubieran sido iguales ante las urnas, les habrían correspondido 161, es decir, 15 menos de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

Por tanto, el Congreso nacido de las elecciones generales de 1977 no fue democrático, y no lo fue por dos motivos:

Primero, porque el Real Decreto 20/1977 no fue aprobado por un gobierno que hubiera sido el resultado de unas elecciones libres.

Y segundo, porque las normas de conversión de votos en escaños establecidas en el citado RD no respetaron la igualdad de todos los votantes ante la ley.

Si se hubiera respetado ese principio democrático esencial, el primer motivo habría sido irrelevante, pero, precisamente, la coincidencia de ambos hechos delata que la maldad se incorporó conscientemente a la norma electoral.

Esta evidencia no es la única falsedad que sirvió para comenzar la etapa regida por la Constitución más duradera de nuestra historia, un argumento tan repetido por sus defensores a ultranza pero que, en sí mismo, no tiene por qué implicar algo positivo. A mí, por ejemplo, me parece que es pura inercia del inmovilismo franquista.

En este punto, la pregunta que sí debemos hacernos es la siguiente:

¿Tendríamos hoy la misma Constitución y, por tanto, estaríamos en la misma situación de bloqueo político, si en las primeras elecciones libres las candidaturas antifranquistas hubieran dispuesto de los hasta 187 escaños, con holgada mayoría absoluta, que en justicia les habían correspondido?

Como decía, no solo fueron las normas que rigieron aquellas primeras elecciones tras la muerte de Franco, y su continuidad y derivadas a lo largo de los años, hasta hoy mismo, las que ayudan a explicar la situación actual. Es necesario recordar, y al menos desde aquí se hará en próximas entregas, el resto de trampas que utilizaron los franquistas designados por Juan Carlos I para que la democracia inevitable asegurara su perniciosa permanencia en las instituciones del Estado.

A pesar del tiempo transcurrido, en mi opinión sigue siendo necesaria una ruptura política de nuevo cuño, pacífica pero radical. Las últimas elecciones han arrojado, quizás, la última posibilidad de salvar la democracia mediante la formación de un gobierno en el que se impliquen todos los demócratas que quieran el cambio.

En medio de una sociedad que cambia sin descanso los políticos deben tener una actitud abierta hacia la actualización legislativa en todos los niveles. El hecho de que nuestra Constitución del 78 comenzara tan mal no sería motivo tan fuerte para cambiarla como la evidencia de la situación política a la que nos ha conducido.

Pero precisamente por eso, el inmovilismo de un Casado afirmando, antes de ayer mismo, que utilizará su porcentaje de bloqueo para impedir cualquier reforma de la Constitución es la prueba de que hay que hacer todo lo necesario para conseguir que fracase.

Quizás no todos en el PP quieran seguirle en su particular batalla con Abascal por liderar el camino de regreso hacia nuestro pasado más rancio.

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