“Los mataron como a animales”: masacre en Ayacucho, Perú
Por Zoe Alexandra*. LQSomos.
Sobrevivientes y familiares de las víctimas de la matanza ocurrida en Ayacucho el 15 de diciembre denuncian que el ejército trató a los manifestantes como objetivos de guerra, lo que recuerda la violencia sufrida durante el conflicto armado interno
El 15 de diciembre de 2022, mientras sobrevolaban helicópteros, miembros del ejército nacional de Perú abatieron a civiles con balas reales en las afueras de la ciudad de Ayacucho. Esta acción fue la respuesta a una huelga y movilización nacional en protesta por el golpe de Estado que depuso al presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre.
El 15 de diciembre, cientos de estudiantes universitarios, comerciantes, vendedores ambulantes, trabajadores agrícolas y activistas se reunieron en el centro de Ayacucho para expresar su descontento por la destitución de Castillo y continuaron su movilización hacia el aeropuerto. Una acción similar se presenció en varias otras ciudades de la región andina del sur del país.
A medida que los manifestantes se acercaban al aeropuerto, miembros de las fuerzas armadas abrieron fuego y dispararon gas lacrimógeno directamente contra ellos. Los disparos del ejército desde los helicópteros resultaron ser los más letales. Mientras los cientos de personas desarmadas corrían para salvar sus vidas, los disparos continuaban.
Diez personas murieron a consecuencia de esta violencia infligida por el ejército, y docenas más resultaron heridas, según cifras oficiales facilitadas por la oficina del defensor del pueblo. Al menos seis personas siguen luchando por su vida en hospitales de Lima, la capital de Perú, y de Ayacucho. Las autopsias de 10 de los fallecidos en Ayacucho muestran que seis de las víctimas murieron por heridas de bala en el pecho. El más joven tenía sólo 15 años.
Ataúdes con nombres de las víctimas en la vigilia en Ayacucho.
El 27 de diciembre, Reuters informó de cómo una de estas víctimas mortales de Ayacucho, Edgar Prado, de 51 años, murió de un disparo cuando intentaba ayudar a otra persona que había sido abatida durante las protestas.
La respuesta extremadamente violenta de las fuerzas de seguridad a las protestas antigolpistas en todo Perú fue ampliamente condenada. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país del 20 al 22 de diciembre para recibir testimonios de organizaciones locales de derechos humanos y de víctimas sobre la violenta represión sufrida por los manifestantes, y también habló con familiares de las 28 víctimas mortales. La delegación viajó a Ayacucho el 22 de diciembre.
Más de una docena de familiares, habitantes de Ayacucho, organizadores y un par de periodistas independientes -entre los que me encontraba- esperaban en la acera de una de las estrechas y coloridas calles de la ciudad mientras se celebraba la reunión. Mientras la gente entraba y salía, se relataron gran parte de los acontecimientos y tragedias del 15 de diciembre.
Familiares de víctimas y testigos de la masacre con un cartel que dice
“Justicia para nuestros hermanos asesinados en la masacre del 15 de diciembre”.
La masacre
“Aquí no te lo van a enseñar en las noticias”, me dijo Carmen (nombre ficticio) mientras me mostraba un vídeo de su teléfono en el que se veía a un niño con la camisa manchada de sangre que era arrastrado a un lugar seguro por otros manifestantes. “Es su sobrino”, me dijo, señalando a una mujer sentada en el suelo.
Pedro Huamani, un hombre de 70 años miembro del Frente en Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), acompañaba a las víctimas que esperaban fuera de la reunión de la CIDH. “Hemos sufrido una pérdida terrible», me dijo, «yo estaba presente ese día en una marcha pacífica hacia el aeropuerto”.
Pedro Huamani.
“Cuando empezaron a dispararnos granadas de gas lacrimógeno y balas, empecé a asfixiarme, casi muero allí”, dijo Huamani. “Escapé y bajé al cementerio, pero fue lo mismo, intentábamos entrar y empezaron a dispararnos por detrás. Sobrevolaban helicópteros y desde allí nos disparaban granadas de gas lacrimógeno, intentando matarnos”.
Carmen trajo a algunos de sus amigos y uno de ellos, que llevaba un chándal gris, me dijo: “Todos vivimos cerca del aeropuerto y vimos cómo ocurría todo. Tendrías que haber visto cómo les disparaban… como a animales. Intentamos ayudar a algunos heridos, pero fue difícil”.
La masacre de Ayacucho, así como la violenta represión en todo el país, no ha hecho sino intensificar la exigencia popular de que Dina Boluarte dimita. Boluarte juró su cargo el 7 de diciembre, inmediatamente después del golpe contra Castillo. En entrevistas e intervenciones públicas, ha justificado el uso de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes calificando sus acciones de actos de “terrorismo” y “vandalismo“.
Huamani, mientras temblaba y contenía las lágrimas, dijo: “Es una presidenta asesina y en Huamanga no la queremos, ni la reconocemos como presidenta porque esta mujer ordenó a la policía y al ejército disparar contra nosotros los peruanos. Y esas balas, esas armas, realmente las compramos nosotros, no el ejército, ni los soldados, sino el pueblo. Y que nos maten es realmente horrible”.
La rabia que sienten los habitantes de Ayacucho también está vinculada al debilitamiento histórico de la democracia peruana y a la exclusión económica que sufren las regiones situadas fuera de Lima. Huamani explicó: “Sacaron a nuestro presidente [Castillo], así que esto no es una democracia. No somos una democracia, estamos en [estado de] guerra, pero no sólo en Ayacucho y Huamanga, sino también en Arequipa, Apurímac, Cusco. En estas regiones, estamos sufriendo la pobreza, ya no podemos sobrevivir, nos estamos muriendo de hambre… y estos derechistas quieren hacernos sus esclavos, pero no lo permitiremos porque estamos respondiendo y resistiendo”.
Mujeres se consuelan en una vigilia en el centro de Ayacucho por las víctimas de la masacre.
Viejas heridas abiertas
El 15 de diciembre no era la primera vez que las fuerzas armadas peruanas masacraban a civiles en Ayacucho. Muchos de los presentes el 15 de diciembre afirmaron que el trato bélico recibido por los manifestantes pacíficos recordaba a los días del conflicto armado interno de dos décadas que los peruanos sufrieron hace más de 20 años.
“Todavía nos tratan como si todos fuéramos terroristas”, señaló un familiar de una de las víctimas de las protestas.
Como parte de la campaña contra la insurgencia guerrillera, por entonces el Estado torturó, detuvo, hizo desaparecer y asesinó a decenas de miles de campesinos e indígenas inocentes, acusándolos de apoyar o formar parte de la insurgencia.
La población de Ayacucho fue una de las más afectadas. Según los informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada para investigar las violaciones de los derechos humanos, de las 69.280 víctimas mortales estimadas del conflicto armado interno en Perú entre 1980 y 2000, 26.000 fueron asesinadas o desaparecieron a manos de agentes estatales o grupos insurgentes en Ayacucho. Miles de personas que huyeron de sus pueblos a la ciudad de Ayacucho durante el conflicto siguen buscando a sus seres queridos y exigiendo justicia.
Mujeres de ANFASEP en la plaza central de Ayacucho condenando las muertes de manifestantes.
Una de ellas es Paula Aguilar Yucra, a quien conocí a la salida de la reunión de la CIDH. Como más del 60% de los habitantes de Ayacucho, el quechua es su lengua materna. Esta mujer de 63 años es miembro de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), con sede en Ayacucho. Huyó de su comunidad rural de Usmay a Ayacucho en 1984, después de que su madre fuera asesinada y su hermano fuera secuestrado por soldados y nunca se volviera a saber de él.
Casi 40 años después, vuelve a estar de luto. Su nieto, José Luis Aguilar Yucra, de 20 años, padre de un niño de dos años, fue asesinado el 15 de diciembre de un disparo en la cabeza cuando intentaba volver a casa después del trabajo.
En una vigilia celebrada en la tarde del 22 de diciembre, Paula, de pie junto a los demás miembros de ANFASEP, sostenía un cartel en el que se leía: “Luchar hoy no significa morir mañana”.
– Imagen de portada: Mujeres de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), con sede en Ayacucho, sostienen carteles en la plaza central de Ayacucho condenando la muerte de los manifestantes. Todas las imágenes son de Zoe Alexandra.
* Zoe Alexandra es periodista y la co-editora de Peoples Dispatch.
– Este artículo fue producido para Globetrotter.
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