Manifiesto del Colegio de Educador@s Sociales

 El Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid (CPEESM)

Manifiesta su total desacuerdo con los recortes sociales y ajustes presupuestarios que el gobierno de la Comunidad de Madrid está poniendo en marcha en materia de Educación, Sanidad y Servicios Sociales públicos, que ponen en peligro los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Atendiendo a nuestra propia definición de la Educación Social como Derecho de la Ciudadanía y profesión de carácter pedagógico, concebida como una prestación educativa, al servicio del cumplimiento de los valores fundamentales de un Estado de Derecho: igualdad de todos los ciudadanos, máximas cuotas de justicia Social y el pleno desarrollo de la conciencia democrática.

Basada en la conciencia de responsabilidad pública que avalan los marcos jurídicos internacionales, nacionales y autonómicos, que recogen los derechos fundamentales de las personas, como son: La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 ratificada por nuestro país en 1976, y La Constitución Española de 1978. Y que se convierten en puntos de anclaje de la definición de nuestra profesión de Educadoras y Educadores Sociales.

Los recortes sociales en materia de Educación, Sanidad y Servicios Sociales públicos, atentan contra el derecho democrático que los responsables de ponerlos en práctica en nuestra Comunidad de Madrid, tienen el deber de promover, defender y proteger. Máximo cuando el desmantelamiento de estos servicios públicos, ponen en riesgo el acceso a ellos de todas las personas y especialmente a las personas más desfavorecidas, que sufren en mayor medida las políticas de recortes sociales establecidas y que son de responsabilidad pública.

El CPEESM, como velador de la buena praxis de los profesionales de la Educación Social, también considera fundamental garantizar todos los puestos de trabajo de las y los profesionales dedicados a los Programas Socioeducativos que se desarrollan en la Comunidad de Madrid. Y que trabajan por poner en práctica el derecho al desarrollo integral de las personas, a través de su incorporación a la educación, a la diversidad de las redes sociales y su promoción cultural y social.

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