Reforma laboral precarizadora y autoritarismo patronal
La reforma laboral que acaba de presentar el gobierno del PP en forma de decreto se enmarca dentro del proceso permanente de precarización de las condiciones laborales y fortalecimiento del poder patronal.
La precarización no es un fenómeno marginal que afecte únicamente a una fracción de la clase obrera. Está en el corazón del sistema, golpea a la inmensa mayoría de los asalariados e infecta todos los ámbitos de la vida cotidiana.
El impulso precarizador proviene directamente de las conductas patronales en el seno de las empresas, pero prospera a través de una serie de reformas laborales como ésta, que privilegian el autoritarismo económico y empresarial.
La precarización se ha convertido, además, en un objetivo estratégico de la Comisión Europea que presiona incesantemente para dar nuevas vueltas al torniquete des-regulador y le da cobertura ideológica y jurídica con el nombre engañoso de la flexiseguridad.
La crisis que nos invade es realmente muy profunda. No obstante, esto no debe hacernos perder de vista que la derecha intenta aprovechar y alimentar el sentimiento de miedo que nace entre la gente debido a la fragilidad en que se encuentra.
Ya he dicho otras veces que considero reduccionista tipificar esta crisis únicamente de financiera. Su origen también se encuentra en el sector de la economía real más dinámico del período de auge económico anterior, es decir, en la construcción de viviendas que prosperó a la sombra de la burbuja especulativa.
El endeudamiento de la gente, del que ahora los economistas convencionales dicen pestes, tuvo que ver con la precarización de las condiciones laborales que degradó la participación de los salarios dentro del total de la riqueza producida. Pero este no fue el único desencadenante. También hubo endeudamiento de las familias porque el precio de las viviendas se disparó mientras las entidades financieras ofrecían facilidades de todo tipo a la gente para comprar más y más mercancías, aplazando así el estallido de una crisis de sobreproducción, y presentando, a la vez, la vivienda como el activo más seguro y rentable.
En todo caso, el factor que finalmente desencadenó la crisis fue la caída de la tasa de ganancia que se empezó a vislumbrar con el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Esto, no significa negar la vertiente financiera de esta crisis ni menospreciar el impacto que tuvo la financiarización de la economía capitalista mundial y la desregulación de los mercados financieros. Este fenómeno se entrelazó con la burbuja inmobiliaria en medio de una coyuntura internacional en la que las inversiones de naturaleza especulativas y el crédito acabaron convirtiéndose prácticamente en las únicas actividades financieras.
El dominio de las finanzas junto al incremento de la tasa de explotación, enriqueció exageradamente a unos pocos y dio lugar a un crecimiento desmesurado del capital ficticio.
Ahora, los grandes capitalistas, por un lado, intentan ordenar el desbarajuste en las entidades financieras y sacar beneficio con ello. Por el otro, preparan las condiciones para incrementar de nuevo la tasa de explotación rebajando salarios, incrementando los ritmos de trabajo y alargando la jornada laboral.
Pero estos grandes capitalistas saben que difícilmente podrán generar de nuevo plusvalía en el sector inmobiliario de la forma como lo hicieron antes. Por este motivo ya se están preparando para dirigirse a otros sectores económicos mercantilizando los servicios sociales y las pensiones que ahora todavía tienen naturaleza pública.
Sin tener claro todo esto, difícilmente se pueden llegar a entender las razones de fondo de esta reforma laboral. La reforma no es una cuestión de maldad o de ceguera política del PP. Es una opción de clase. Pero, ¿cuál es su contenido?
La reforma laboral modifica diversas normas legales. Me centraré en los cambios en la Ley de Empresas de Trabajo Temporal y sobre todo en los del Estatuto de los Trabajadores.
Con la modificación de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal este tipo de empresas dedicadas al prestamismo laboral podrán jugar a partir de ahora el papel de agencias de colocación. Se les permite, por tanto, especializarse en esta actividad y convertirla en una fuente de lucro.
La reforma del Estatuto de los Trabajadores afecta de lleno los títulos I y III.
Los cambios en el título I abarcan las modalidades de contratación y la modificación, suspensión y extinción del contrato.
Aunque aparentemente no se regula el contrato “de crisis” que últimamente reclamaban los empresarios, de hecho se hace algo similar con una nueva modalidad de contratación que podrá tener un período de prueba de un año. Esto significa que durante un año el empresario puede despedir al trabajador cuando lo considere oportuno desvirtuando así la finalidad del período de prueba. Este será además un contrato subvencionado y bonificado que permitirá hacer una serie de maniobras perversas con el subsidio de desempleo. Si no se evita, esta modalidad de contratación puede llegar a ser tanto o más perjudicial de lo que en su día fue el contrato temporal de fomento del empleo, que se convirtió en el principal adversario de la causalidad en la contratación y en el desencadenante de la temporalidad y la rotación laboral.
Se degrada de nuevo el contrato temporal “para la formación” que se podrá celebrar con todos los menores de 30 años (trabajando por lo tanto hasta los 33 años) y con un salario inferior al salario mínimo interprofesional, es decir, por debajo de los mínimos de subsistencia.
Se desvirtúa el contrato de trabajo a tiempo parcial. Trabajar parcialmente podría ser una opción beneficiosa para aquellas personas que voluntariamente opten por compaginar el trabajo remunerado con otras actividades no laborales. Pero para que esto sea factible se necesita una seguridad y regularidad en la jornada laboral. Ahora, en cambio, se pone en manos del empresario la posibilidad de modificar la jornada y se permite la realización de horas extras, que en muchos casos acabarán siendo obligatorias ya que así se hará constar en el contrato. Muchos trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial se convertirán en los esclavos y esclavas peor pagados del mundo laboral.
Lo razonable sería que las condiciones pactadas en el contrato de trabajo sólo se pudieran modificar con acuerdo entre las partes. Esto no es así, ya que el empresario puede modificar unilateralmente la jornada, el lugar de trabajo y otros aspectos centrales de la prestación laboral alegando las famosas “causas objetivas”. Ahora estos trámites aún serán más fáciles y se incrementan los supuestos que “justifican” la modificación.
Las causas objetivas, no sólo sirven para justificar la modificación del contrato. También permiten justificar la extinción ya sea de manera individual o colectiva a través de los Expedientes de Regulación de Empleo. Hasta ahora, estos expedientes debían ser autorizados por la autoridad laboral, lo que abría algunas posibilidades de negociación atenuando los daños que el expediente ocasionaba. Ahora, se anula la autorización administrativa, con lo cual, los derechos de los representantes de los trabajadores quedarán limitados a unos trámites simples de información y consulta. Esto tendrá efectos muy perversos y permitirá muchos despidos, no sólo en función de los ciclos económicos, sino también en función de los caprichos y las estrategias represivas de los patronos.
La flexibilización del despido también se hace extensible a la Administración. Se regula la “aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público”, en términos que muy probablemente harán inviables que se vuelvan a dictar sentencias como las conocidas en los últimos meses contra la política de despidos de entidades públicas de la Generalidad de Cataluña si la parte empresarial justifica mínimamente los motivos de la extinción.
Se rebaja el coste del despido improcedente y a partir de ahora todo el mundo “sólo generará” 33 días de indemnización por año trabajado. Es curioso comprobar como en la exposición de motivos se justifica esta opción con críticas al denominada despido Express que en su día instauró Aznar, para finalmente facilitar aún más esta modalidad tan arbitraria de despido.
La modificación del título III del Estatuto de los Trabajadores es de calado y empeora aún más los cambios que recientemente introdujo el gobierno anterior. Se opta por potenciar el “Convenio de Empresa”, por encima de cualquier otro convenio, lo que significa apostar por el convenio difuso si se tiene en cuenta que nos encontramos en la época del fraccionamiento de las unidades empresariales y de la empresa difusa. Con todo ello se quiere debilitar los convenios sectoriales pasándose por el forro la fuerza vinculante de la que habla la Constitución. Se acorta también la “ultra actividad de los convenios” con el fin de acortar el período de liquidación de una parte de los convenios actualmente vigentes.
Aunque ahora intentan hacernos creer que la gente se está resignando y ya se ha hecho a la idea de que perderá sus derechos, en los últimos años, las movilizaciones contra la precariedad se han incrementado en Europa.
No deberíamos olvidar la movilización de los franceses contra el contrato de primer empleo del año 2006, es decir, contra una modalidad de contratación que tenía mucho que ver con los tipos de contratos que ahora se intenta instalar en España. En los últimos meses, los movimientos contra la precariedad se han acelerado. El 12 de marzo de 2011, en Portugal, se realizó una protesta de más de 300.000 personas, la mayor desde la Revolución de los Claveles de 1974. En Grecia se está llevando a cabo una cadena de huelgas generales, que aunque aquí nos las intentan presentar como poco exitosas, cada día consiguen unir a un número mayor de trabajadores y trabajadoras. La explosión también ha tomado cuerpo en EEUU, primero a través de un gran movimiento sindical de defensa del derecho de negociación colectiva y más recientemente con la ocupación de Wall Street.
Cuando la gente se organiza y lucha, sus voces se escuchan en la calle y su eco, finalmente termina atravesando los mares y las fronteras. Ahora nos toca a los trabajadores y trabajadoras del Estado español hacer retumbar nuestra voz y obligar a retirar esta reforma laboral autoritaria.
