Autodeterminación es democracia

Alejandro Pacheco*. LQS. Junio 2019

Convocadas concentraciones en España y Francia para el próximo día 23 de junio en solidaridad con los presos políticos

Todo el mundo sabe que lo que ha tenido lugar desde febrero hasta este mismo mes en el Tribunal Supremo ha sido un juicio político, en la medida en que juzga unos hechos que se derivan de un compromiso político avalado en las urnas de Cataluña: la realización de un referéndum de autodeterminación.

Los más cobardes y los más falsos declaran que en España la justicia es independiente y es quien debe resolver. En efecto, la justicia española parece ser independiente de lo que en el resto del mundo democrático se considera justicia. Lo demuestra la sentencia de los jueces alemanes, las decisiones de la justicia belga, suiza e inglesa, o el informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria. Seguimos en el altanero y tenebroso “España es diferente”.

Antes y durante los primeros momentos de la Transición, las fuerzas de oposición antifranquista reivindicaban el derecho de autodeterminación como un elemento democrático esencial en un horizonte de libertad, respeto e igualdad entre los pueblos de España. Incluso lo hacía, entonces, el PSOE. Eso bajo la dictadura, cuando el derecho de autodeterminación estaba condenado por el Código Penal y la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 (1), una de las siete Leyes Fundamentales del Reino promulgadas por el dictador. Nada podía enfrentarse a la sagrada unidad de España y su orden político establecido, y nadie dudaba de que los encarcelados por hacerlo eran presos políticos. Se entendía que la democracia era el derecho ciudadano a decidir sobre todos los asuntos que le atañían, desde los más pequeños a los más grandes. Entre estos últimos, estaba la forma de Estado y las relaciones entre los pueblos que lo componían.

Hoy son los abanderados de la democracia made in 78 quienes condenan tal derecho, encierran a líderes sociales y políticos elegidos por millones de personas por su compromiso de convocar un referéndum de autodeterminación, les niegan la condición de presos políticos e impiden el ejercicio de sus derechos civiles básicos. Todo ello sobre unas fuentes de autoridad muy similares a las del franquismo: un Código Penal y una Ley Fundamental del Reino, la Constitución de 1978 (2).
La autodeterminación ha pasado de ser un derecho de los pueblos a un delito aborrecible. Contraviniendo toda lógica democrática e, incluso, el propio Código Penal vigente con el que se juzga a los líderes soberanistas, convocar a la ciudadanía a expresarse en las urnas resulta ser ahora rebelión y golpe de estado, pese a haberse hecho de forma ejemplarmente pacífica.

La furia españolista se ha desatado. La sagrada unidad de la patria y la ley por encima de cualquier principio democrático, y sostenidas por la fuerza. Eso es hoy el constitucionalismo del 78. Algunos acusan al proceso soberanista catalán de haber dado alas a la ultraderecha y ser responsable de una regresión política. Lo que Cataluña ha hecho es dar luz a los rincones ocultos de la caverna y ha hecho ver lo que allí ha estado desde siempre.

El Tribunal Supremo que ha juzgado a los líderes soberanistas es el mismo que reconoce al golpista Franco como jefe de Estado de España desde octubre de 1936, lo cual respalda la tesis penal de aquel, con la que tantos españoles fueron reprimidos y asesinados: los “rebeldes” eran los partidarios de la legítima II República. El Tribunal Supremo que ha aceptado y protegido los testimonios de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, sin someterlos a contraste de prueba, es el que califica como delito odiar al nazismo. Es el que se revocó a sí mismo en beneficio de los grandes bancos. En sus manos blindadas está la reinterpretación arbitraria y represiva del Código Penal, que abre y cierra las puertas de las cárceles.

La disidencia política, la libertad de expresión y manifestación, la desobediencia pacífica, la participación política, el acceso a cargo público, el derecho de reunión… Todo ello está sacudido y amenazado. Ya antes lo estaba, ahora más. En nuestros días, el derecho se convierte muy rápidamente en delito. La concentración para impedir un desahucio podrá ser calificada como sedición, la mirada torcida de quien recibe un porrazo podrá tomarse por delito de odio, la obra de un artista podrá ser prohibida y juzgada como ofensa o injuria, la palabra de un guardia civil o un policía será aceptada como verdadera, y protegida. Sobre ello se construirá el relato que interese al poder monárquico. Nada nuevo, pero más.

Por todo esto, en defensa de la libertad y la democracia, en reivindicación del derecho a la autodeterminación como principio democrático, en exigencia de justicia y libertad para los presos políticos y exiliados, la plataforma Madrileñ@s por el Derecho a Decidir convoca el próximo domingo día 23 de junio, a las 11h, una concentración en la Puerta del Sol de Madrid. Paralelamente, respondiendo a esta iniciativa, se han convocado concentraciones con idénticos objetivos en París, Toulouse, Lyon y Granada.

Notas:
1.- El principio I establece la unidad nacional y el deber de todos los españoles de servir a la Patria. El principio IV otorga al Ejército el deber de defender la unidad, la integridad y la independencia de la Patria.
2.- Art. 2.- La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Art.8.- Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Compárense estos Artículos con los Principios de la nota anterior.

* Es miembro de la Plataforma de Madrileñ@s por el Derecho a Decidir. Forma parte de la Asamblea de Redacción de LoQueSomos
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