Hay que apagar ya las luces de la Zarzuela y del Senado

Por Domingo Sanz. LQSomos.

No hay ni una sola actividad de las que desempeñan el rey, por una parte, y los senadores por otra, que no pueda ser realizada igual de bien por otras de las muchas instituciones de las que rodean a estas dos…

Se trata de dar ejemplo, un comportamiento que hoy es imprescindible para conseguir que la sociedad siga confiando en las libertades y en la democracia como manera de convivir, ante los disgustos que nos dan los corruptos y los sacrificios que nos esperan a todos los demás.

Dentro de poco se cumplirá medio siglo desde que la Monarquía y el Senado comenzaron a costarle a la sociedad española mucho más de lo que valen, y eso sin contabilizar el inmenso quebranto colectivo, económico y moral, producido por los delitos cometidos con total impunidad desde La Zarzuela porque, estará usted de acuerdo conmigo, si en 1978 un par de Medinas y Luceños hubieran planificado la inclusión en la Constitución española de la monarquía restaurada por el dictador como una gran operación de corrupción blindada ante cualquier legalidad y a largo plazo, no lo habrían podido hacer mejor.

Se trata de dos instituciones políticas que no aportan ni un miligramo de valor añadido a la calidad de una democracia que, por cierto, acaba de ser degradada en el ranking del “Economist”, el más reconocido de todos.

A lo que me refiero es que Juan Carlos I, una persona con la vida resuelta, dado que se sabe ahora que desde bien temprano se reconvirtió en comisionista, como los citados del negocio de las mascarillas en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, pero salvando la gran diferencia en cuanto a la cantidad de los millones apropiados pues hasta ahí podíamos llegar, en lugar de darle 65 millones de euros a su amante Corinna, se los podría haber entregado a España, que era el país que le protegía de todo, menos del mayor peligro, el de sí mismo.

En 2008 estalló una crisis económica mundial sobre cuyas consecuencias en España no es necesario extenderse: Miles de empresas cerraron, el desempleo creció exponencialmente, la pobreza y la desigualdad aumentaron más que en la mayoría de los países de Europa, la gente no podía pagar los domicilios en los que vivía y aumentaron los suicidios para no ahorrarse los desahucios.

En medio de tanto drama, el PP y el PSOE solo consiguieron ponerse de acuerdo para reformar el artículo 135 de la Constitución, priorizando el pago de la deuda pública frente a cualquier otro gasto del Estado.

Durante aquella crisis gobernaron el PSOE primero y el PP después. En las elecciones de 2008 ambos partidos sumaron el 84% de los votos y el 92% de los escaños en el Congreso. Tras las de 2011 aún consiguieron sumar un 73% de los votos y el 85% de los escaños.

Pero a ninguno de ambos partidos, que mucho seguían disfrutando del cómodo y sospechoso bipartidismo, se le ocurrió cerrar el Palacio de la Zarzuela y el Senado en pleno centro de Madrid, para ahorrar un montón de millones de euros al año con un recorte ejemplar de gastos, todos suntuarios, porque no hay ni una sola actividad de las que desempeñan el rey, por una parte, y los senadores por otra, que no pueda ser realizada igual de bien por otras de las muchas instituciones de las que rodean a estas dos.

Si lo hubieran hecho, es probable que una imparable oleada de austeridad y buena gestión se habrían extendido por todos los rincones políticos, económicos y sociales de España.

Y llegó lo del elefante de Botswana, un crimen contra la animalidad inocente e indefensa del que acaban de cumplirse diez años, y los Rajoy y Rubalcaba, conocedores desde siempre de los desmanes de un rey que aún no ha muerto a pesar de lo mucho que lo desean los mismos suyos, se pusieron rápidamente de acuerdo para montar el teatro de la sucesión para la misma monarquía que había restaurado el dictador sobre los crímenes contra la humanidad que comenzó a cometer un 18 de julio, el de 1936.

Años después, en marzo de 2020 desembarcó masivamente la pandemia en España y, tras recordar lo del Pisuerga y Valladolid, aprovechó Felipe VI el susto propiciado por el Estado de Alarma para, protegido por los militares que aparecían cada día en la tele hablando de muertos que podrían ser cualquiera de nosotros, contarnos a todos el cuento de que renunciaba a lo que no podía renunciar pues el dueño de esos bienes seguía vivito, coleando, y huyendo al lugar seguro donde mandan con puño de hierro los cómplices de sus delincuencias.

Tampoco el multipartidismo español, ni con Covid primero, ni con guerra en Ucrania ahora e inflación desatada que multiplicará de nuevo desigualdades y pobrezas, están siendo los políticos españoles capaces de enviar a la papelera de la historia dos instituciones que sobran.

Que nadie se extrañe, pues, que una extrema derecha neofranquista que ha comenzado a gobernar en España, precisamente en el mismo territorio en el que el dictador instaló su primera capital para organizar desde allí la ayuda que recibía de Hitler y Mussolini, diga que suprimirá el Estado de las Autonomías.

Cuando el río de la política baja revuelto, ganancia de delincuentes infiltrados.

¿Por qué será que, en cambio, Abascal no se atreve a suprimir la monarquía, que tanto nos cuesta y mucho más nos envilece?

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