Bribón a la fuga: ¿juicio en España o en Suiza?

Cristina Ridruejo*. LQS. Agosto 2020

El 19 de febrero de 2020 la Oficina Federal de Justicia recibió una solicitud de asistencia judicial en este asunto. El 9 de marzo de 2020 se remitió a la fiscalía del cantón de Ginebra para su tramitación…

No me interesa qué amantes haya tenido el rey. No me interesan las cartas de apoyo a sus corruptelas, firmadas mayormente por otros corruptos y corruptas. No me interesan las opiniones sobre su papel en la historia de España. No me interesa si Corinna es cómplice de blanqueo o no.

No me interesa lo que haya hecho Juan Carlos con el dinero robado, sino si lo ha robado. Si se ha comprado quince Ferraris o se lo ha regalado a Corinna me es indiferente. Lo que me interesa es si lo ha robado o lo que es lo mismo, conseguido como comisión ilegal sin declarar ni tributar. Y lo fundamental: si estas fechorías se pueden probar y juzgar.

Entre tanto batiburrillo mediático sobre temas anejos, resulta difícil enterarse de en qué punto están las investigaciones judiciales.

SwissInfo, el canal público suizo para el exterior, ha publicado sobre el tema un artículo muy serio y exhaustivo, cuya lectura recomiendo. El medio suizo se publica en diez idiomas, de modo que el artículo se puede leer en español: “Juan Carlos, las claves de una investigación que empezó en Suiza” (1).

Hace unos dos años que la Fiscalía suiza abrió su investigación. Según la Tribune de Genève (2), las investigaciones en Suiza se centran en presuntos delitos de blanqueo agravado de capitales y la fiscalía de Ginebra investiga a tres personas del entorno de Juan Carlos considerados presuntos testaferros del rey.

Según SwissInfo, el fiscal Yves Bertossa se enfrenta a este problema: “para una condena por blanqueo de capitales primero tiene que probar actos preparatorios al delito – que posiblemente tendrían lugar en Arabia Saudí. ‘Y le resultará muy difícil reunir esta prueba sin ayuda de España y Arabia Saudí’”.

Aquí tenemos, quizás, uno de los motivos por los que Juan Carlos se encuentra ahora mismo en el Golfo, valga la redundancia. Para demostrar que cobró comisiones a través de esos países, será necesaria la colaboración judicial de Arabia Saudí. Y probablemente Juan Carlos está en estos momentos afianzando el encubrimiento que le pueden proporcionar sus tan queridas amistades, las autoritarias, implacables y sanguinarias monarquías del Golfo.

En cuanto a la colaboración de España, el fiscal Bertossa acudió en 2018 a reunirse con sus homólogos españoles, y según el diario Público (3), las fiscalías de ambos países pactaron un reparto de competencias: “La española investiga a Juan Carlos I y a los empresarios que pudieron participar en estos pagos, mientras que la suiza se encarga del resto de los implicados”: Corinna Larsen, así como los dos gestores financieros del rey en Ginebra (un fiduciario y un abogado).

Esto no implica necesariamente que se vaya a juzgar a cada parte en un país, el reparto se refería en principio a las investigaciones. Pero al parecer, ese acuerdo data de 2018 y la fiscalía suiza no ha recibido nada desde entonces. Según Público, la paciencia del fiscal suizo Yves Bertossa está llegando a su límite: si España no investiga su parte, él mismo llamaría a declarar a Juan Carlos.

En febrero de este año, hubo movimiento. La Fiscalía española se dirigió a la suiza: la portavoz de la Oficina Federal de Justicia suiza, Sonja Margelist, hizo público a principios de agosto que “El 19 de febrero de 2020 la Oficina Federal de Justicia recibió una solicitud de asistencia judicial en este asunto. El 9 de marzo de 2020 se remitió a la fiscalía del cantón de Ginebra para su tramitación”. Al parecer la justicia suiza ha facilitado a la española la documentación que esta solicitaba, incluyendo el testimonio de Corinna, que ya ha testificado ante la justicia suiza aunque la llamen aquí para distraer nuestra atención.

Sin embargo, el problema al que nos enfrentamos las ciudadanas y ciudadanos españoles que reclamamos que la justicia se aplique a todas las personas por igual, incluido el rey emérito, es el siguiente: si España abre juicio, Juan Carlos podría zafarse de declarar en Suiza alegando que ya le están juzgando aquí por los mismos delitos. De modo que si la Fiscalía española concluye que sí se debe juzgar al rey emérito, podría ser una estratagema para evitar la justicia suiza, que no le trataría como “un amiguete”, como pasaría posiblemente en España.

Si Suiza juzga a Juan Carlos, tenemos garantizado que se respetará uno de los principios fundamentales del Derecho moderno: el derecho a un juez independiente e imparcial. Por el contrario, si le juzga España, y en particular el Tribunal Supremo, sería como pedirle al Estado que se juzgase a sí mismo. Cualquier juez o jueza del Supremo debería ser recusado porque es imposible que sean imparciales, y mucho menos independientes.

Quienes defendemos la Justicia necesitamos que sea Suiza quien juzgue a nuestro rey. Desde dentro solo podemos aspirar a un juicio farsa. ¡Ayuda, por favor!

Notas:
1.- SwissInfo: https://www.swissinfo.ch/spa/pol%C3%ADtica-exterior_la-presunta-trama-en-torno-al-rey-juan-carlos-que-investiga-suiza/45947986
2.- La Tribune de Genève: https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/enquete-devoile-argent-secret-lexroi-despagne-geneve/story/31925842
3.- Público: https://www.publico.es/politica/juan-carlos-i-tendria-declarar-justicia-suiza-fiscal-le-cita-supremo.html
* Cristina Ridruejo es miembro de Mujeres X la República. Forma parte del colctivo LoQueSomos
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