Jaque al rey… y enroque

Siempre me ha sorprendido que haya sido la prensa más afín al PSOE la que saque la cara a la monarquía cada vez que la Corona atraviesa momentos difíciles y haya sido la derecha neofranquista incrustada en el PP la más beligerante, casi conspiradora, si ve una rendija por la que traer la III República. Puede que esa haya sido la causa de que muchos españoles hayan refrenado su racional aversión hacia una institución que es cualquier cosa menos democrática. Si no viniéramos de una dictadura, difícilmente se sostendría este régimen monárquico.

La Corona española vuelve ahora a estar en apuros y el rey ha decidido sacrificar primero el alfil y enrocarse después. Por lo que vamos sabiendo, el alfil Urdangarin se movía con rapidez de aquí a allá, agujereando las cuentas públicas por donde más fácil lo tenía: en los nidos de corrupción de Baleares y Valencia. Pero no sólo allí, donde parece que chocó en intereses y maneras con los comisionados de la trama Gürtel, sino también donde su pertenencia a la familia real española abría puertas.

El problema no es que sea un presunto corrupto, porque de eso tenemos un buen catálogo; el meollo es que lo hacía usando su real condición, es decir, que lo hacía en el nombre del rey. La presentación del Instituto Nóos es clara, no deja lugar a dudas. Y para terminar de despejarlas está su composición y la participación de la infanta Cristina en otras sociedades con turbios objetivos.

Avancemos un poco más. ¿Es creíble que todo esto se hiciera sin el conocimiento del rey y de su corte más cercana? A mí me parece imposible que un enriquecimiento súbito que no pasa desapercibido para la opinión pública (ya entonces se dispararon los rumores) no despierte ninguna curiosidad en la propia familia. Este es el verdadero jaque al rey, porque se extiende la sensación de que el yerno se ha limitado a seguir el ejemplo del suegro. Y en el mejor de los casos, el real suegro ha mirado hacia otro lado hasta que la situación ha sido insostenible.

Llegados al punto en el que la monarquía deja de gozar del crédito absoluto que sobre ella había depositado una buena parte de la ciudadanía española, toca mover ficha. Torpemente ha caído Urdangarin al arremeter desde Washington contra la prensa, como si ésta se hubiera inventado los chanchullos que van recogiendo los juzgados. Veremos si con él cae también su esposa, la infanta Cristina y sus vástagos; aún es pronto, ya se verá, vino a decir el jefe de la Casa Real española, Rafael Spottorno.

Ustedes no le ponen ni cara ni voz a Spottorno, porque en ese intento de ganar transparencia como maniobra de enroque en la que se parapeta el rey, no entra todavía que en los encuentros con la prensa se permitan grabadoras o cámaras. Imagínense la credibilidad de este personaje cuando cuenta a un grupo elegido de periodistas que van a hacer públicas las cuentas para explicar en qué gasta la Casa Real los casi nueve millones de euros que se les asigna anualmente a cuenta del dinero público.

Quien ha manejado libremente y sin dar cuentas a nadie del dinero público, entiende la transparencia a su manera. Y la manera real es muy poco democrática. Por eso, les debe parecer casi revolucionario haber nombrado un interventor que desglosará sólo aquellas partidas que considere de interés público; manejan a la perfección la ambigüedad de la "discreción" en sus dos vertientes: "Reserva, prudencia, circunspección" o "antojo o voluntad de alguien, sin tasa ni limitación", ambas acepciones literalmente extraídas del diccionario de la RAE.

Los monárquicos dicen que una Presidencia de la República sería aún más cara, un extremo hasta ahora que entra sólo en el campo de la hipótesis, pero omiten que lo sería porque así lo decidiría la mayoría si los gastos fueran justificados adecuadamente. Y esto no es una hipótesis, porque no es concebible una Presidencia republicana sin un control externo.

Pero si el capítulo de gastos resulta controvertido, lo sería aún más conocer si existen ingresos extraordinarios en los miembros de la familia real más allá de lo que les viene asignado por los Presupuestos Generales del Estado. Ahí está el otro meollo de la cuestión: si el rey y sus allegados cercanos tienen negocios, cuáles son, qué beneficios les reportan, dónde invierten sus ahorros, etc. Y para esta cuestión no vale sólo con una torre tras la que parapetarse, ni sacrificar un alfil para alargar la partida.

* Publicado en el diario DEIA

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