Proyecto Castor: un suma y sigue a costa de los contribuyentes

Por Cecilia Remis*. LQSomos.

Ha estas alturas la única acción gubernamental es reembolsar dinero, perteneciente a los contribuyentes, pero todavía no se han determinado responsabilidades sobre un «proyecto mal ejecutado y concebido», por el que la ex concesionaria Escal UGS, controlada por ACS, acabó siendo indemnizada

España pedirá una ampliación de crédito para pagar a los bancos la indemnización por el Castor

Seguimos pagando los contribuyentes una aventura empresarial, mientras el gobierno sigue sin investigar las causas del fiasco del proyecto Castor… “Se considera que la compañía solicitante Escal UGS, S. L., ha acreditado su capacidad legal, técnica y económica necesaria para la realización de la actividad de almacenamiento subterráneo de gas natural en las condiciones establecidas por la normativa vigente” (1).

El cuento de “Castor”

El proyecto Castor fue un irresponsable proyecto de ingeniería para la construcción por parte del gobierno de José Luis Ropdríguez Zapatero de un nuevo depósito de gas natural sumergido en un campo petrolífero en sus aguas territoriales del Mar Mediterráneo, el antiguo yacimiento petrolífero de Amposta, situado en el mar a 22 kilómetros de la costa de Castellón, fue ratificado por el ministro de Industria Miguel Sebastián, de nefasto recuerdo, con el Real Decreto de 16 de mayo de 2008. En 2013 fue paralizado, ante las evidencias de los informes científicos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico y Minero de España, algo que tenia que haberse realizado antes de iniciar un proyecto de este calado: una evaluación de impacto ambiental.

Lo siguiente fue, ya de la mano del gobierno de Rajoy, indemnizar con 1350 millones de euros que a Escal UGS (cuyo primer accionista era ACS), de forma inmediata, sin pedir responsabilidades, y sin ninguna investigación sobre la empresa que se había evadido los procedimientos de evaluación de impacto ambiental ¿Por?.
El resto de este cuento es asumir el pago de estas cantidades millonarias por los contribuyentes.

638 millones de euros

España pedirá este recién comenzado 2022, una ampliación de crédito de 638 millones de euros para hacer frente al pago a los bancos que financiaron la indemnización por el proyecto Castor, según ordenó una sentencia del Tribunal Supremo. El gobierno aprobó esta medida a finales de diciembre de 2020 mediante un Real Decreto, y ha vuelto a incorporarlo recientemente a un proyecto de ley de medidas de apoyo económico y social por la vía de urgencia.

Según el proyecto de ley que se discute ahora en el senado, la ampliación de crédito inicial a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública, es para hacer frente a la «responsabilidad patrimonial del estado» en este caso, y se financiará con cargo a deuda pública. El gobierno ha argumentado en el texto que no pudo materializar el pasado año el pago por tratarse de un importe “elevado” y por la necesidad de hacer frente “a los efectos económicos, sociales y sanitarios” de la pandemia… «hace necesario acudir, en parte, al endeudamiento al no disponer el Fondo de Contingencia de recursos necesario para financiarlo», concluye el texto.

A finales de octubre de 2020, el Tribunal Supremo obligaba al estado a devolver los 1.351 millones a los bancos –sumando también los intereses desde el momento de la reclamación a partir del retorno de las cantidades que el estado les había exigido devolver– que financiaron la indemnización a la ex-concesionaria del proyecto Castor, Escal UGS. El Banco de Santander -que aportó un 51%-, Caixabank -con un 34%- y Bankia -un 15%- recurrieron a la sala de lo contencioso-administrativo después de que el gobierno desestimara, por silencio administrativo, la reclamación presentada para cobrar el préstamo.

Los pagos a cargo de los consumidores habían quedado en vilo –y fueron devueltos al sistema gasista los hechos efectivos a partir de 2016- cuando el Tribunal Constitucional anuló buena parte del Real Decreto que aceptaba la renuncia de la filial de ACS y establecía la compensación. A pesar del sentido de la sentencia, el Supremo cuestionó el “pacto” entre el gobierno del PP, Enagás y los bancos por pagar antes de 35 días la indemnización a la ex-concesionaria.

«El PSOE, mientras rechaza que se investigue el desarrollo y ejecución de Castor en el Senado, prioriza una vez más por la vía de urgencia ampliar los créditos destinados al pago de sentencias de responsabilidad patrimonial del legislador», declaraba el senador de Compromís, Carles Mulet, quien se ha mostrado especialmente crítico con que el gobierno quiera “poner con calzador” un real decreto que habilita el pago dentro de un proyecto de ley , aparentemente, destinado a aprobar medidas de urgencia de cariz social-. El senador ya ha anunciado que presentará enmiendas al proyecto de ley de medidas financieras de soporte social y económico y de cumplimiento de ejecución de las sentencias.

Ha estas alturas la única acción gubernamental es reembolsar dinero, perteneciente a los contribuyentes, pero todavía no se han determinado responsabilidades sobre un «proyecto mal ejecutado y concebido», por el que la ex concesionaria Escal UGS (2), controlada por ACS, acabó siendo indemnizada. El gobierno, según preveía el decreto que formalizó la denuncia, tiene hasta 2024 para exigir responsabilidades por «eventuales vicios o defectos en su ejecución que puedan presentar las instalaciones».
Con esta medida se endeuda más a la ciudadanía con los bancos. Suma y sigue…

Notas:
1.- BOE núm. 136. Jueves 5 junio 2008
2.- Acuerdo entre Eurogas, ACS y Enagás sobre el Proyecto Castor de Almacenamiento Subterráneo de gas natural

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