José Gordillo: “Ninguna institución oficial está buscando a los bebés robados”
Javier Coria*. LQSomos. Julio 2016
Los bebés robados durante medio siglo en España son hoy, en su inmensa mayoría, adultos con identidad falsa. En el libro Los hombres del saco se desentraña este monstruoso tráfico de seres humanos en España.
El periodista y escritor José Luis Gordillo presenta su libro “Los hombres del saco” (ed. San Pablo), donde se desgrana la oscura trama de robo de bebés durante la dictadura franquista y hasta bien entrada la democracia. Trama compuesta por médicos sin escrúpulos, religiosas, funcionarios e instituciones de un Estado cómplice que, como en el caso de los 140.000 desaparecidos y las 2.500 fosas comunes por exhumar, no tiene la intención de reparar este déficit democrático que tanto la ONU, como Amnistía Internacional, le viene reclamando al gobierno del PP (y en su día al del PSOE) y su huidizo presidente, Mariano Rajoy. El libro, prologado por Antonio Ramos Espejo, se publica dentro de la “Campaña Bebés Robados: Justicia y Verdad”, que llevan a cabo las asociaciones: “Todos los niños robados son también mis niños” y “Adelante Bebés Robados”, ambas pertenecientes a la CeAQUA y participantes en la Querella argentina, que se ocupa de los bebés robados entre el periodo de 1939 a 1992. Hablamos con el autor del libro.
¿Quién está buscando a los bebés robados?
Desgraciadamente, sólo los están buscando sus familiares, de forma privada. Ninguna institución pública lo está haciendo, incumpliendo así los tratados sobre desapariciones forzadas que España ha firmado en el marco de la defensa de los derechos humanos.
¿Existió una trama organizada respecto a los bebés robados?
Hay que tener en cuenta que España es el único país del mundo, junto con Australia, en que el robo de niños ha sido legal. La abominable ley de 1941, conocida como de desapariciones infantiles, montó el aparato jurídico y administrativo que ya se había iniciado un año antes mediante una orden ministerial, y que implicaba al Registro Civil, a instituciones como el Auxilio Social y a la administración penitenciaria. Negar por tanto que existió una trama organizada es absurdo, puesto que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. La controversia puede venir, en todo caso, en dilucidar si esta trama se perpetuó con posterioridad a la década de los cincuenta implicando también a determinados estamentos sanitarios y a instituciones religiosas. En mi opinión, es un hilo conductor indudable la persistencia del Registro Civil en la trama, cambiando siempre los apellidos, en todo el Estado español y en todas las décadas, fabricando falsos hijos biológicos ¿Se puede pensar que los registros civiles de toda España estén medio siglo cambiando arbitrariamente apellidos, al principio al amparo de una ley y luego sin ella, sin que el poder público sepa nada? Y además habiendo sido dados a luz muchos de esos falsos hijos biológicos en centros sanitarios públicos. La implicación del Estado me parece evidente.
¿Cuántos bebés se calcula que fueron separados forzosamente de sus padres desde 1939 a 1992, periodo a la que se acoge la Querella Argentina?
A ciencia cierta nadie lo sabe, porque si hay registros o se han destruido o permanecen ocultos. Existen diversas estimaciones, desde las 300.000 adopciones irregulares para el conjunto del medio siglo a los 30.000 niños sustraídos sólo a familias republicanas en la primera década y media de la dictadura franquista. En mi opinión, es difícil que bajen de los cien mil bebés robados, tirando por lo bajo.
¿Todo se hacía por dinero o la ideología también influyó?
Las dos cosas mezcladas de principio a fin; no se puede entender una cosa sin la otra. Hay que tener en cuenta que en 1940 España era prácticamente una colonia alemana, los técnicos germanos de la economía autárquica y la multitud de agentes de la Gestapo que había en nuestro país impusieron un sistema económico típicamente nazi fundamentado en la autarquía y el esclavismo. Para que España no tuviera que recurrir al crédito internacional se implantó un estado de guerra permanente que excluyó del derecho de gentes a la inmensa mayoría de la población, pudiéndose a cualquiera incautar sus bienes, hacerlo preso y de ahí directamente pasar a mano de obra esclava. La Gestapo y Falange confeccionaron un archivo detallado de enemigos del régimen en el que figuraban un millón y medio de personas, de tal forma que la explotación de los vencidos se convirtió en un gran negocio y en la base sobre la que se quería fundamentar la recuperación económica del país, como satélite del III Reich. En este contexto, la sustracción de menores a estos “enemigos del régimen” creo que desde el principio tuvo una componente económica, de ciertos pagos a cambio de los niños, que se perpetuó después, cuando pasaron de quitarle los niños a los “rojos” a quitárselos a las madres solteras “pecadoras” y a las familias pobres para otorgárselos a las que acreditaran “intachable moral católica”, además de suficiente poder adquisitivo, claro está.
¿Qué papel jugó el Estado en esta conspiración?
Hay que tener en cuenta que durante la mayor parte de esta época no existía una separación clara entre Estado, partido e Iglesia, de tal forma que los tres formaban un conglomerado de poder, en función de las ideologías del nacionalsindicalismo primero y del nacionalcatolicismo después. Al principio la implicación fue muy clara, porque la misma ley de 1941 decía que los menores a cargo del Auxilio Social pasaban a ser tutelados por el Estado. Luego, cuando el robo de bebés se hizo saltándose la ley, pero con la participación o connivencia de poderes públicos, la forma de legalizar a estos falsos hijos biológicos insisto en que fue la misma: cambiar los apellidos de los menores en los registros civiles borrando toda huella de la familia original. Si a esto le unimos que muchos de los profesionales sanitarios implicados eran funcionarios públicos, que las religiosas igualmente implicadas ejercían como asistentes sociales en centros públicos -hospitales o cárceles-, y que las familias adoptivas normalmente accedían a la red a través de curas o párrocos que las avalaban desde el punto de vista de su idoneidad moral y social, creo que sin duda estamos hablando de un crimen de Estado.
¿Y la iglesia? ¿Qué dice el vaticano?
Más allá de una condena genérica a estas prácticas, no conozco que haya habido órdenes directas del Vaticano a la jerarquía española para que abra completamente los archivos de los obispados a las familias afectadas.
Esto no se podía haber hecho sin el concurso del estamento médico…
Sin duda, pero habría que mirar también la filiación de esos médicos, de qué organización íntimamente relacionada con el nacionalcatolicismo eran miembros o tenían con ella una estrecha relación.
A buen entendedor… ¿Cuántas personas han tenido procesos por estos delitos?
Tampoco ha cuantificado nadie esto, pero se calcula que ha habido medio centenar de imputados. Por ahora, nadie ha sido condenado, y no sólo por falta de pruebas. Hay que tener en cuenta que a partir de 2012 el Tribunal Supremo hace suya una controvertida doctrina, la de la prescripción de los delitos de secuestro a los veinte años de su presunta comisión, y la convierte en jurisprudencia, según han interpretado la mayor parte de jueces. Antes se consideraba que el delito de detención ilegal no comenzaba a contar su periodo de prescripción hasta que la víctima aparecía o era consciente de su secuestro, y de hecho así lo dice una circular de la Fiscalía del Estado de 2013. Pero de muy poco sirve una circular frente a jurisprudencia del Supremo, más allá de un pequeño lavado de cara.
¿Cuántas denuncias se han presentado y cuántos casos se tienen documentados?
Eso es otra incógnita. Las asociaciones de afectados calculan que se han presentado unas 3.000 denuncias, pero que los casos documentados son al menos el doble. Sin embargo, el colectivo de afectados está tan atomizado en multitud de organizaciones sin un nexo común claro y las instituciones oficiales están tan alejadas de la problemática que nadie ha realizado un recuento fiable. Es extraño decir esto en un Estado de derecho, pero es así. Esto confirma que esta cuestión de los bebés robados es probablemente una de las mayores quiebras del Estado de derecho en nuestro país.
¿Es verdad que las imbricaciones de estos delitos con los aparatos del Estado, puede hacer que hoy en día se estén falsificando perfiles genéticos para boicotear la búsqueda de parientes?
En la investigación que he desarrollado para mi libro he comprobado que determinados laboratorios están realizando un cotejo erróneo de los perfiles genéticos de forma reiterativa. No he podido demostrar que esta práctica se esté realizando con intención de falsificación de documentos, pero sin duda se trata de una manipulación indebida de los datos de estos perfiles genéticos.
¿Existe una “omertà” para que no se hable de esto?
Conectemos varios hechos, como la manipulación indebida de perfiles genéticos que antes mencionaba, la nueva jurisprudencia del Supremo que permite el archivo de las denuncias por prescripción, la inoperancia de la oficina de atención a los afectados abierta por el Gobierno, el que ninguna institución oficial esté buscando a los bebés robados, la negativa de algunos “arrepentidos” de la trama a testificar por supuestas amenazas y el hecho también de que nadie ha sido condenado, salvo el juez que comenzó a destapar este asunto, Baltasar Garzón. Que juzgue el lector si existe o no en la actualidad una conspiración para tapar lo ocurrido.
¿Es verdad que la Casa Real se ha negado a recibir a las víctimas?
Es cierto, y además se ha reproducido en las redes sociales la carta en la que la Casa Real comunicaba su negativa a recibirles y la justificación que se daba.
¿Quién escucha hoy a las víctimas de esta ignominia?
Se están haciendo escuchar últimamente por los partidos políticos, e incluso el Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una resolución afirmando que se trata de delitos de lesa humanidad. Pero si se trata de un crimen contra la humanidad, de principio a fin, incluyendo la normativa para facilitar la sustracción de menores aprobada en los años cuarenta, desde luego podrían ser procesados todos los participantes en aquella aberración que fue la retirada de niños a familias republicanas por considerar que las ideologías izquierdistas constituían una enfermedad mental a erradicar de múltiples formas. Ahí la Ley de Amnistía de 1977 no tendría la menor validez ¿Y qué sería lo siguiente, el esclavismo, los consejos de guerra, los desaparecidos, las torturas…? El tema de los bebés robados es para algunos una peligrosa gatera por la que se podría juzgar el conjunto de crímenes del franquismo, extendidos muchos de ellos hasta bien entrada nuestra democracia.
Muchas gracias.
El folclore infantil nos habla de un “hombre del saco” que vaga por las ciudades y pueblos para llevarse a los niños malos que demoran su vuelta al hogar. El “asusta niños” tomó carnalidad en nuestro país. Los bebés robados siguen sin conocer a sus verdaderos padres y hermanos, que los buscan desesperadamente, porque desde muy diversos ámbitos se está impidiendo el reencuentro familiar. De nuevo, se cierne sobre las víctimas una especie de conspiración, el resurgimiento de una organización delictiva que bloquea el ejercicio de los derechos más básicos y prolonga indefinidamente su dolor e indefensión. La gran pregunta es por qué ocurre esto en pleno siglo XXI, y en un país europeo presuntamente democrático como el nuestro. Este libro se dedica a desentrañar estas claves, proponiendo también vías para solucionar el drama colectivo y cerrar al fin una herida que seguirá abierta en canal mientras no se vuelvan a unir padres e hijos.
NOTA: Terminada esta entrevista, nos llega la noticia del enjuiciamiento de un ginecólogo por los asuntos aquí tratados: “El miércoles 29 de junio, se hizo público que la titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid había dictado un auto de apertura de juicio oral contra el ginecólogo Eduardo Vela por los presuntos delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsedad documental. Se le acusa de una supuesta implicación en el robo de Inés Madrigal en 1969 en la clínica San Ramón. Inés Madrigal es presidenta de la asociación Bebés Robados Región de Murcia, entidad perteneciente a la CeAqua junto con otras nueve asociaciones de víctimas por el robo de bebés”.
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– Publicado originalmente en la revista Rambla/Público
