La empresa española CAF colabora con la colonización israelí de territorio palestino

Por Santiago González Vallejo

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) es una gran empresa española y estandarte de la industria vasca, con sede en pleno Goyerri guipuzcoano. Con sus filiales en muchos países, el grupo rondará los 14.000 trabajadores. Fabrica trenes, metros, tranvías, el equipamiento señalizador, etc. También a través de su filial Solaris, autobuses eléctricos, de hidrógeno… Tiene fábricas en Francia, Reino Unido, Brasil, Méjico, Estados Unidos, Polonia…Su cartera de pedidos ronda los 14.000 millones de euros, por lo que sus fábricas tienen trabajo asegurado para los próximos 3 ó 4 años, lo que le asegura seguir siendo la primera empresa exportadora de Guipúzcoa. Ayuda a la extensión del euskera en ámbitos como la ingeniería. Cedió casi un 25 por ciento de sus acciones para un fondo de pensiones de sus trabajadores, Cartera Social, aunque hay que hacer constar que los trabajadores no tienen representación en el Consejo de Administración y, de facto, es el Consejo de Administración el que controla el sentido de los votos de Cartera Social en la Junta de Accionistas. Los accionistas que controlan esta empresa son Kutxa Bank, la Fundación BBK (la que controla la Kutxa), y representantes de accionistas menores como Mayoral (la empresa de confección infantil). Otros accionistas relevantes son Finkatuz (que gestiona las acciones propiedad de la propia Administración vasca de empresas que se evalúan tractoras para el desarrollo del tejido productivo), Daniel Bravo Andreu (que diversifica su patrimonio procedente del laboratorio farmacéutico) y entidades financieras menores, además de cotizar en bolsa. Con todo esto se quiere señalar la importancia económica de la empresa, sus lazos estrechos con el gobierno vasco (PNV-PSOE) y su raigambre en el corazón de la comarca guipuzcoana.

¿Qué comportamiento de CAF es denunciable y perseguible?

CAF, en contra de lo que hicieron otras multinacionales ferroviarias y en contra del comité de empresa de Beasain, aceptó licitar y ganó un concurso promovido por las autoridades de ocupación israelí para ampliar y construir una nueva línea de tren ligero o tranvía entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias próximas, en la Cisjordania Ocupada. El trazado a las colonias y las colonias en sí diseñadas por la potencia ocupante, Israel, se puede hacer gracias a las expropiaciones y expulsiones de sus habitantes originarios, los palestinos. El transporte facilitará el trasvase de población de la potencia ocupante al Territorio Ocupado, vulnerando las Convenciones de Ginebra, el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre el Muro o la Resolución 2334/2016 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otros elementos de derecho internacional. La empresa, tras ser denunciada por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe en un organismo de arbitraje de Responsabilidad Social Corporativa dependiente de la OCDE, el Punto Nacional de Contacto, adscrito al ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por falsear la información (decir que el proyecto se haría en Jerusalén, Israel), afirma que cumple una ‘debida diligencia en todas sus actividades y encargó un informe que validase su comportamiento a la empresa ‘Negocio Responsable’. Ésta estimó que el tranvía es un transporte sostenible (menor huella de contaminación) e inclusivo (todo el que pagase el billete podría montar en el tranvía) y que al poder acceder los residentes palestinos (extranjeros en su propia tierra) de Jerusalén se podría decir que Israel les hace el favor de construir infraestructuras. Por supuesto, obvió que CAF tiene socio, clientes y proveedores incluidos en la Base de Datos de las Naciones Unidas por lucrarse y facilitar la ocupación y colonización del Territorio Palestino, como serían además de la Administración del ocupante, las empresas Egged, Shapir, Banco Hapoalim, etc. O que los palestinos residentes en Jerusalén pueden ser expulsados o que cualquier colono puede trabajar y viajar en el tranvía y, en cambio, un palestino cualquiera no puede visitar Jerusalén.

Siguientes pasos y la necesaria solidaridad

Conseguir el contrato para la extensión a las colonias de las líneas de tranvía, JNET, unos 500 millones de euros, era la tarjeta necesaria para lograr la licitación del metro de Tel Aviv (1.500 millones de euros) y concursar para el tren Nazareth-Jerusalén. En las Juntas de Accionistas, el presidente y el Consejero Delegado de CAF, Arizkorreta y Martínez Ojinara, han desoído las voces del Comité o de Amnistía Internacional, la de sus trabajadores o de múltiples instancias como la de la Plataforma ‘¡CAF bájate del tren de apartheid de Israel!’ de Euskadi. CAF cree que sus padrinos políticos y económicos impedirán que tenga ningún castigo por sus acciones. De hecho, su auditor E&Y, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el ministerio de Industria o Exteriores, Renfe, Euskotren y otras entidades no han hecho ninguna acción en contra de CAF por sus malas prácticas (1).

La Autoridad Nacional Palestina y su Misión Diplomática en España intentaron disuadir a CAF de su colusión con la empresa colonizadora sionista en reuniones discretas con representantes de CAF. Luego, el pasado mes de julio, el ministro de economía palestino Jaled Osaily se dirigió ya de manera oficial al ministro de industria español, Héctor Hernández, para que ejerciera presión ante CAF y GMV por el proyecto JNET y “se retiren y dejen de trabajar de inmediato en este proyecto ilegal”. GMV, TYPSA, OSSA, INECO, COBRA, etc. son empresas españolas que participan como proveedoras en ese proyecto JNET o en otras infraestructuras al servicio de la potencia ocupante. Todavía no hay respuesta (2). La contradicción entre la rapidez a establecer sanciones a empresas rusas y la laxitud o complicidad con Israel hace de nuestro gobierno y de la UE, adalides de la doble vara de medir. España se abstuvo en las Naciones Unidas sobre la petición de un dictamen a la Corte Internacional de Justicia sobre si la ocupación prolongada israelí supone el delito, además, de colonización.

Los movimientos sociales que forman parte de las diferentes campañas contra el proyecto tienen una agenda de acciones para forzar a los gobiernos, a las empresas o entidades de compra de materiales de transporte que fabrica el grupo CAF de diferentes partes del mundo CAF a cambiar de postura (3). La Corte Penal Internacional está investigando crímenes de guerra y lesa humanidad. Ciudades como Oslo, pero también Barcelona, tienen códigos para los pliegos de contratación donde se excluyen a empresas como CAF. La directiva próxima sobre ‘diligencia debida’ no debe permitir que empresas como CAF, GMV o Edreams, por poner ejemplos, puedan permitirse decir que respetan los derechos humanos y una diligencia debida digna de ese nombre, mintiendo sin sanción. Y, por supuesto, es necesaria la movilización popular para que los propios accionistas de referencia de CAF, esas Kutxa, Fundación BBK, Mayoral, Daniel Bravo Andreu, Santander, Invesco, Vanguard, Norges Bank o BlackRock, se pongan al lado del derecho internacional, aunque solo sea por no dañar su imagen empresarial.