Puerto Rico no es chatarra
La degradación de los bonos del gobierno es inminente. Esto agravará la crisis económica y fiscal.
La deuda pública es una dimensión de la crisis en todo el mundo. No es resultado de gasto público excesivo o de programas sociales demasiado generosos, sino de políticas que han privilegiado grandes intereses sobre el bien social. Incluyen la reducción de impuestos al gran capital y medidas de desreglamentación y privatización. ¿Resultado neto? La crisis global de 2008. Por otro lado, la reducción de impuestos al capital promueve el déficit público, que se cubre con una deuda creciente.
En Puerto Rico esto se mezcla con la política de exención contributiva que priva al gobierno de recursos y no genera crecimiento (lo cual también reduce los recaudos). El resultado es una crisis económica y de las finanzas públicas. Tenemos que atender ambas conjuntamente.
Actualmente se gastan $3.7 mil millones anuales en el pago de intereses. Esto es más que la nueva deuda promedio emitida anualmente desde 2000. Esta deuda no puede seguirse pagando hoy sin imponer nuevas medidas empobrecedoras.
Puerto Rico está ante un dilema: dentro del estancamiento actual la deuda es impagable, pero no podemos salir de la estructura actual mientras sigamos bajo el peso de la deuda. Tenemos que romper ese nudo. Hay que declarar un estado de emergencia social y suspender el pago de la deuda como primer paso de un proceso de reconstrucción económica y social.
Una moratoria limitará las fuentes de fondos en los mercados por un tiempo. Pero no tendremos que pagar $3.7 mil millones del servicio de la deuda. Será necesario un plan de emergencia de infraestructura y servicios que deben asegurarse prioritariamente. Moratoria no es cancelación: es abrir paso a una renegociación de los términos de la deuda.
En algunos países se ha enfrentado el problema rescatando a los bonistas e imponiendo medidas de austeridad al pueblo. El Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional han prestado para que los gobiernos paguen a los acreedores que así quedan a salvo. Luego, para pagar la nueva deuda, se imponen a los pueblos medidas de austeridad. En fin: se exprime al pueblo para rescatar las grandes empresas. Por eso esa política encuentra la resistencia de movimientos que promueven la moratoria en España, Portugal, Grecia, Islandia, entre otros países. En Puerto Rico esa política podría tomar la forma de la compra de parte de la deuda por una agencia federal: las finanzas del gobierno quedarían en manos de ese organismo, que procedería a imponer las medidas de austeridad. Esa salida no sería ni justa ni democrática.
Sin duda la estructura económica existente es un desastre para Puerto Rico, y para el pueblo de Estados Unidos. Conviene a los dos reconstruir nuestra economía para que con su esfuerzo y creatividad nuestro pueblo pueda proveerse de los medios necesarios para una vida digna. Conviene al gobierno federal aportar a la creación de una economía que necesite cada vez menos aportaciones.
El camino que proponemos puede ser arduo. Pero el camino ya es arduo e impone cada vez más grandes sacrificios. ¿Queremos que sirvan para perpetuar la realidad actual y las ganancias de unos pocos o que sean el punto de arranque de un Puerto Rico más democrático, más solidario y sustentable?
¿Permite la Constitución del ELA tal medida? El fundamento de la Constitución es la dignidad del ser humano. Ante una situación crítica ese principio debe prevalecer. ¿Es compatible la dignidad del ser humano y colocar el servicio de una deuda por encima de los servicios esenciales? En todo caso, como ocurrió en Islandia, que se pregunte al pueblo en referéndum o se le consulte para enmendar la Constitución.
Puerto Rico no es chatarra. Chatarra ha sido la política de sus gobernantes. Puerto Rico puede salir de la crisis en que lo han enterrado. Para eso necesita compromiso, serenidad y audacia.
* Columna publicada el 4 de febrero de 2013 en El Nuevo Día.
